¿Alcalde de Pasto usurpó funciones del Concejo?

Mucho se ha dicho en las redes sociales respecto al Decreto 471 de 8 de noviembre de 2017  expedido por el Alcalde Municipal de Pasto, e incluso en este medio de comunicación se ha escrito al respeto. Sin embargo, ha pasado inadvertido,  al menos para la opinión pública,  el hecho que el mandatario local no ostentaba la competencia para establecer este tipo de restricción;  el prohibir la venta y comercialización, entre otros productos, la espuma de carnaval.

Entonces,  si no era competente el Alcalde para expedir tal prohibición ¿Qué autoridad podía hacerlo?

La respuesta a nuestro interrogante yace en el recientemente expedido Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. En dicha norma se define y establece las competencias que ostentan las diferentes autoridades de policía tales como el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, Alcaldes y Policía Nacional. Dichas competencias están dadas a partir de la clasificación y definición de poder, función y actividad de policía[1].

En términos sencillos,  el Congreso de la República  detenta el poder de Policía entendido como la «la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento». Por su parte, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales ejercen los denominados Poderes de policía Subsidiario y Residual respectivamente.

Así mismo,  la función de policía «consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía» y es ejercida por el Presiente de la República, Gobernadores y Alcaldes.

Finalmente, la actividad de Policía «es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren».

Conforme a la clasificación y competencias contenidas en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el Alcalde de Pasto se encuentra dentro de las Autoridades que cumplen la Función de Policía y es su deber velar por que se cumplan las disposiciones normativas emanadas por las autoridades que ostentan el poder de policía; el Congreso, Asambleas y Concejo. En otras palabras, le compete al Alcalde el hacer cumplir dentro de territorio conforme a su competencia, además de la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo.

Como el Congreso ni la Asamblea Departamental han expedido disposiciones relativas a la venta y comercialización de espuma de carnaval, el órgano competete llamado a expedir dicha reglamentación era el Concejo Municipal en ejercicio del poder residual de Policía dentro de los límites establecidos en la Constitución[2], la ley y las ordenanzas departamentales.

Es por ello que el cuestionado decreto 471 se expidió sin que el Alcalde de Pasto tuviera competencia para ello.

Las consecuencias de dicho actuar podrían acarrear sanciones por la comisión de presuntas faltas disciplinarias e incluso penales por la aparente extralimitación de funciones en que habría incurrido el mandatario local al expedir un acto administrativo usurpando funciones que no correspondían.

Finalmente, otra sanción que podría acarrear mantener el decreto mencionado, sería el daño patrimonial a raíz de las reclamaciones económicas en contra del municipio de Pasto, en donde todos los pastusos tendríamos que pagar por las decisiones de Pedro Vicente.

[1] Código Nacional de Policía y Convivencia LEY 1801 DE 2016 – Libro I Título II.

[2] Constitución Política Artículo 333

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