Amnesia: el efecto secundario del covid-19

El año 2019 cerró con una serie de eventos sociales en varios países de la región, que denotaban la inconformidad ciudadana con las políticas y actuaciones de sus gobiernos. Fraudes electorales, acciones dictatoriales, medidas económicas antipopulares y la corrupción generalizada, avivaron una práctica que históricamente ha servido para confrontar a los mandantes de turno. La protesta social, desde sus diferentes formas, expresiones y manifestaciones, debe ser concebida como un derecho que, aunque poco entendida y altamente criticada por aquellos que son “indiferentes” a la realidad sociopolítica y económica de su entorno o simplemente son indolentes con las luchas ajenas, se constituye en una de las muestras más significativas de la vida en democracia.

La protesta social es el producto del ejercicio de una serie de derechos como el derecho a la libertad política, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos; no obstante, pese a estar ampliamente desarrollada y explicada en la normativa internacional (de la cual nuestros países son suscriptores), su aplicación en los contextos nacionales ha sido, por decir menos, negada.

El uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta, la persecución y amedrentamiento a actores sociales, políticos y defensores de derechos humanos, las detenciones ilegales y arbitrarias, la falta de acceso a la justicia, los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los manifestantes, la discapacidad (principalmente por la pérdida de glóbulos oculares), la tortura y la muerte de personas, fueron los resultados del aparataje estatal volcado en contra de quienes legitiman su existencia. Acompañados del accionar cómplice de medios de comunicación que no presentaron la información desde los dos frentes; polarizando además la opinión pública. No obstante, órganos competentes en el tema, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los informes de su Relatoría Especial y en comunicados de prensa,  dejaron un mensaje claro sobre las secuelas de la ola de protestas en la región: “estamos frente a una grave crisis de violación de derechos humanos”.

Y mientras todavía existían muchas cuestiones sin resolver; cuando todavía se exigía a los Estados reconocer que no cumplieron con sus obligaciones de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos, y en medio de una serie de pronunciamientos de rechazo originados desde la sociedad civil; llega el 2020 con sus avasalladoras complicaciones, principalmente, el aparecimiento de un virus para el cual no estábamos preparados y que cambia las dinámicas de todos/as; obligándonos a adaptarnos a la nueva realidad y resolviendo los problemas que conllevan las actuales restricciones. Esto hace que volquemos el interés en otros temas, y que pese a las limitaciones de cada caso, veamos la gestión de los Estados, como mesiánica, olvidando que son los mismos Estados que hace pocos meses condenaron a quienes no se alineaban a su accionar. ¿Será entonces, que el COVID-19 ha generado no sólo  pánico  sino  amnesia colectiva?

Aunque muchos opinen que no es el momento para reavivar el cuestionamiento hacia las acciones pasadas de los Estados, y el mensaje público sea el de la unidad nacional para combatir la actual pandemia (que no está por demás reconocer su importancia), no hay que olvidar que la violación a los derechos humanos ha sido la mayor pandemia mundial y ha dejado durante décadas millones de decesos; y que desde hace tiempo cuenta con “cura” pero que los Estados insisten en no aplicarla.

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