Buscan tumbar al presidente de la Cámara de Comercio de Pasto

Por: Laura Soto

Cinco de los nueve miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Pasto que se posesionó hace dos semanas son aliados del senador nariñense Eduardo Enríquez Maya. Esa mayoría le permitirá elegir al nuevo presidente de la Cámara, con lo que Enrique volverá a tener allí un aliado, como tuvo hasta 2015 en cabeza de un político de su grupo.

Es el comienzo de un nuevo capítulo en la puja por el control político de la Cámara que hace cuatro años no está en control del Senador, el segundo senador más votado del departamento (47.204 votos detrás de la también conservadora Miryam Paredes) y actual presidente de la Comisión Primera.

Tener aliados en la Cámara es clave porque es esa organización público-privada recibe recursos del Estado para ejecutar proyectos, obras y capacitaciones dirigidas a los empresarios, con el objetivo de hacer más rentables y competitivos a sus negocios.

Esa nueva oportunidad para Enríquez Maya se debe a los nombramientos de los tres delegados del gobierno de Iván Duque en la junta, pues dos son cercanos al Senador, quien apoyó al mandatario en las legislativas.

Una junta en pugna

Según seis fuentes consultadas para la historia, entre las que están tres políticos, un exfuncionario de la Cámara y dos actuales funcionarios, los nueve integrantes de la junta, seis elegidos por los empresarios afiliados a la Cámara y tres delegados del Gobierno, están divididos en dos bloques: los cinco alineados con los intereses del Senador, y cuatro que no comulgan con él.

El senador Enríquez Maya le negó a La Silla que los cinco integrantes de la junta fueran aliados suyos, así como de tener alguna injerencia en la Cámara.

Dijo que no tiene ningún interés en intervenir en las decisiones de la Junta como sacar el Presidente. “Los políticos somos el punto blanco de la cobardía, de la infamia”, dijo el Senador.

Sin embargo, las fuentes consultadas por aparte coinciden en que la intención del Senador y de su bloque es tumbar al actual presidente ejecutivo, Arturo Fidel Díaz, que está al mando desde mayo de 2015.

Querrían tumbarlo porque ese cargo tiene el poder real dentro de la Cámara: es el encargado de administrar y ejecutar los recursos,  y de ampliar o no la planta de empleados. Además, desde su llegada Díaz ha logrado consolidar una imagen de apolítico, que rompe con la antigua lógica clientelista de la Cámara y permitiría hacer un buen manejo administrativo.

Para poder hacerlo se necesita una mayoría de seis votos en la Junta; les falta un voto para llamar a nuevas elecciones y ya está en marcha el plan para conseguirlo.

De entrada la tarea parece difícil, “ellos lo van a lograr de cualquier modo”, nos dijo un funcionario de la Cámara que nos pidió no citar para no poner en riesgo su puesto.

El senador Enríquez Maya tiene de su parte a la actual presidenta de la Junta, Maritza del Carmen Rosero Narváez, abogada y gerente de la empresa de Servicio Público de Alumbrado de Pasto (Sepal) una entidad público-privada que maneja la poderosa senadora conservadora, Myriam Paredes.

Rosero es vista como cercana a los dos senadores conservadores pero ella le dijo a La Silla que no pertenece a ningún movimiento político, que no es aliada de los dos Senadores y que la empresa donde trabaja (Sepal) no tiene vínculos con políticos.

Además, su esposo Ricardo Mosquera Robín, fue procurador regional de Nariño, le coordinó en el departamento la campaña a Alejandro Ordóñez y es cercano a Enríquez Maya, lo que refuerza la idea de que el Senador es cercano a los órganos de control. El actual procurador regional de Nariño, Francisco Zarama, en cercano al Senador y su hijo Eduardo.

Rosero le explicó a La Silla que no quieren tumbar al Presidente Ejecutivo por intereses políticos, pero que este próximo viernes habrá una audiencia extraordinaria para aclarar algunos hechos de Díaz como el traspaso de unos CDT al banco Colpatria donde es gerente su esposa, algunos despidos a funcionarios, entre otros.

Del resultado de esa evaluación dependerá si dejan o no en el cargo a Díaz y también de su situación legal pues estaría cerca de jubilarse. De ser así, Díaz no podría salir del cargo porque la ley lo proteje, pero la Presidenta de la Cámara le pediría a Díaz que «se acoja a los nuevos proyectos e iniciativas de la nueva Junta».

Otro aliado de Enríquez es Edgar Fernando Ramírez Bravo, un profesional en estudios internacionales y empresario del sector hotelero que fue presidente del consejo directivo de la Caja de compensación familiar de Nariño, Comfamiliar, y presidente de Cotelco en Nariño.

El tercero es Luis Felipe Guerrero Ruano, empresario del sector eléctrico y de construcción. Si bien Guerrero es amigo del senador de La U, Berner Zambrano, las fuentes dijeron que está aliado con Enríquez Maya.

A él se suma Maria Eugenia Gonzalez Mora, que es la única delegada del Gobierno que no cambió. Está en la junta desde 2015. Es una empresaria de licores Capri, amiga del senador Enríquez Maya.

Finalmente está Robinson David Salcedo Castillo, un ingeniero eléctrico que es uno de los dos representantes que Iván Duque nombró el 17 de enero de este año.

Según dos fuentes políticas, su esposa es Carolina Rueda Noguera, la secretaria de Gobierno de Pasto desde diciembre. Rueda reemplazó en ese cargo el hijo del Senador, Eduardo Enríquez Caicedo, que renunció porque Duque lo nombró cónsul en Boston, en su lógica de agradecer a los políticos que lo ayudaron en campaña con cargos diplomáticos.

Los independientes

Del otro lado del espectro están los cuatro integrantes de la junta que se consideran independientes.

Tres de ellos están en contra de cambiar al Presidente porque consideran que ha hecho una buena gestión y uno aún no toma la decisión.

En este bloque están Jorge Mario Salazar, un comerciante de carnes que fue reelegido; la empresaria de motos, Nelly Rosas de Rodríguez; el nuevo representante del Gobierno nombrado a comienzos de este año Juan Pablo del Castillo, gerente del Éxito de Pasto. Ellos tres que apoyan al actual Presidente.

El fiel de la balanza sería el administrador, publicista y empresario Andrés López Eraso, quien se ha mantenido neutral y podría inclinar la decisión de cambiar o no al presidente de la Cámara.

Su posición ahora es ambigua.

Dos funcionarios de la Cámara creen que López Eraso podría inclinarse hacia el lado del senador Enríquez porque es amigo personal del gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien es aliado del congresista desde las regionales de 2015.

No obstante, una fuente cercana a López nos dijo que ese vínculo no influiría, y la decisión dependería del balance que haga de la gestión del actual presidente.

Según una fuente que conoce la situación de primera mano, las ofertas y argumentos para tratar de lograr las mayorías están al rojo vivo.

En el grupo del Senador critican al actual presidente que habría aumentado su propio sueldo y que habría traspasado recursos de la Cámara a un banco donde trabaja su esposa.

Así las cosas, la puja por descabezar la organización apenas comienza y de lo que allí resulte depende si la Cámara vuelve a tener padrino político.

La vieja pelea y los viejos ruidos

La Cámara entró en choque con Enríquez desde que la junta elegida en 2014 cambió su presidente en 2015.

Sacó al hoy director territorial de la Agencia de Desarrollo rural en Putumayo y Nariño, Carlos Emilio Chávez, quien venía de ser alcalde de Puerres (2008-2011) apoyado por Enríquez Maya y por el senador de La U, Berner Zambrano. Cháves estaba allí con esos dos apoyos políticos, que perdieron poder con el cambio de junta.

Su reemplazó fue Díaz, quien dice que encontró un exceso de nómina con 115 personas, déficit presupuestal y un convenio incumplido, entre otras irregularidades.

El convenio lo firmaron en 2013 el Ministerio de Interior, la Gobernación de Nariño a cargo del dirigente del Polo, Raúl Delgado, y la Cámara de Comercio en cabeza de Carlos Emilio Chávez, para formalizar 1.100 títulos de tierras que tenían falsa tradición.

El proyecto lo gestionó el senador Enríquez Maya, según nos contaron Díaz y un político, y al final la Cámara recibió los recursos pero no lo ejecutó.

Además, según un concepto jurídico de Confecámaras (el gremio de las Cámaras de Comercio) la titulación de predios no hace parte de las funciones de las cámaras.

Por eso la Junta trasladó el caso a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Hasta ahora no ha habido sanción o condena.

El Senador Enríquez negó tener algo que ver con las posibles irregularidades del convenio.

“La Cámara hace unos cinco años estuvo en manos de cierto movimiento político conservador y hubo una pésima administración, investigaciones penales por malos manejos de recursos», le dijo a La Silla el senador liberal Guillermo García Realpe, rival de Enríquez Maya y opositor a la movida. «Luego hubo un reemplazo donde un grupo de comerciantes recuperaron la cámara en manejo y ahorro de recursos, pero ahora vuelve el mismo grupo y hay temor que vuelvan a ocurrir los hechos irregulares que ocurrieron antes”.

Eso muestra la puja política que hay detrás de la Cámara que, con esta antesala de ruidos, posibles manejos irregulares e influencia política, seguirá. Así como nos explicó un político local, “cuando uno puede tener amigos en entidades hay que tenerlos”.

 

Fuente: La Silla Vacía.

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