Decreto de excarcelación del gobierno por covid-19: un nuevo eufemismo.

*Por Centro de Pensamiento Libre

Ante la grave crisis de hacinamiento por lo que atraviesa el sector penitenciario en el país la cual se potencializa por la pandemia del covid19, el país esperaba con expectativa la expedición del decreto de emergencia mediante el cual el gobierno nacional establecería las condiciones para que las personas privadas de la libertad puedan salir de prisión y pagar su condena o la medida provisional desde sus casas.

En contexto es bueno recordar que la corte constitucional había declarado “el estado de cosas” en los establecimientos penitenciarios como inconstitucional; en efecto en sentencia T- 153 de 1998, expuso: “Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.”

A pesar de que desde hace 22 años la corte Constitucional con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, dispuso una serie de medidas para solucionar el problema carcelario los gobiernos de turno han entrado en renuencia para su cumplimiento. En efecto en esa oportunidad la corte constitucional conformada en ese entonces por los más insignes magistrados, dentro de los que se encontraban Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo,  dispuso:

Primero.- ORDENAR que se notifique acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones al  Presidente de la República; a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales.

Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el día 16 de junio de 1997, y el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá, el día 21 de agosto de 1997, por medio de las cuales se denegaron las solicitudes de tutela interpuestas por Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández y otros, respectivamente. En su lugar se concederá el amparo solicitado.

Tercero.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán supervigilancia sobre este punto. Además, con el objeto de poder financiar  enteramente los gastos que demande la ejecución del plan de construcción y refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias necesarias para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.

Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y al Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del Despacho o de la Dirección, la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.

Quinto.- ORDENAR al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión inmediata de la ejecución del contrato de remodelación de las celdas de la Cárcel Distrital Modelo de Santafé de Bogotá.

Sexto.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de tres meses,  recluya en establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.

Séptimo.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separe completamente los internos sindicados de los condenados.

Octavo.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.

Noveno.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria.

Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.

Undécimo.- ORDENAR al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión del país.

No obstante lo anterior el problema de hacinamiento carcelario no solo ha continuado sino que se ha incrementado con ocasión de la negligencia estatal, la falta de inversión, la desigualdad social y la falta de una política criminal seria.

Una vez expedido el decreto no fue bien recibido por parte de los colegios de abogados penalistas  en Colombia, toda vez que no aporta mucho a las excepciones propias que trae el código para tiempos de normalidad; se esperaba que pudiera salir una población carcelaria de diez mil presos y según las proyecciones qué hace el Ministerio de Justicia únicamente saldrán alrededor de cuatro mil.

Realmente el decreto es decepcionante toda vez que se limita por el factor objetivo la posibilidad de que presos que hayan logrado su resocialización, así no cumplan las condiciones de tiempo puedan recuperar su libertad en medio de esta crisis, lo que favorecería a la demás población carcelaria.

El decreto que dispone la excarcelación de presos en Colombia debería privilegiar en primer lugar el buen comportamiento de los reclusos, así no se cumplan los requisitos objetivos finalmente la pena tiene una función de resocialización.

Teniendo en cuenta que la población carcelaria es superior a las ciento veinte mil personas, de las cuales alrededor del 34% se encuentran con medida aseguramiento, esto es que aún no han sido condenadas, la cifra de excarcelación sería irrisoria, lo que equivaldría al 3% de la población que se encuentra privada libertad.

Al respecto hemos consultado al especialista en Derecho Penal y Criminología, profesor de diferentes universidades y miembro de número del Centro de Pensamiento Libre Abogado Guido Mauricio Ramos Torres, quien realizó una cruda reflexión y análisis sobre este decreto:

“El Decreto del Gobierno para la excarcelación de reclusos es un completo fraude, es un engaño descarado para esa población que se encuentra en un gravísimo estado de indignidad y que está claramente expuesta a la pandemia. Realiza una motivación exagerada para llegar, verdaderamente, a muy poco. Deja ver que se conceden domiciliarias por razones muy loables, pero al final, como es común en estos temas, lo que aparentemente se concede, lo prohíbe ampliamente para muchísimos delitos y por diversas razones.

Prácticamente, permite las domiciliarias a quienes ya están en libertad o en detención o prisión domiciliarias, pues precisamente los pocos delitos para los que se permite no son de aquellos que regularmente generan encarcelamiento.

Serán entonces muy pocos los casos de personas que saldrán a domiciliarias, en mi criterio, podrán adquirirlas algunos de aquellos que por falta de defensa adecuada o por malas interpretaciones de algunos fiscales y Jueces quedaron detenidos en el pasado, y desde luego, algunos otros que se ajusten a los condicionamientos exagerados de la norma.

El problema, entonces, no está en las razones por la que se concederían domiciliarias, está en la cantidad de delitos y razones por las que al mismo tiempo se prohíben.

Por lo anterior, con tristeza lo decimos, solo cuando hayan muchos más muertos en las cárceles, de pronto, se producirán unas medidas que en verdad solucionen el problema carcelario Colombiano; que por cierto en términos «normales» se debería solucionar, pues el Estado de Cosas Inconstitucional declarado varias veces por la Corte Constitucional no se ha superado.

Lo cierto, es que las razones de excarcelación planteadas deberían existir en tiempos de «normalidad» pero desde luego sin tantas prohibiciones, lo cual no quiere decir,  ni más faltaba, que tengan que salir en libertad o domiciliarias presos por muchos delitos de verdadera gravedad. El problema está en últimas en que no hay voluntad para ayudar, o mejor cumplir con las obligaciones estatales de garantía de los derechos y condiciones de dignidad de muchas personas en el País, incluidas las privadas de su libertad, mismas que son sujetos de especial protección constitucional.”

Algo que es muy importante destacar es que no se hace una diferenciación entre los presos que se encuentran condenados y los que se encuentran aún en juzgamiento a quienes cobija la presunción de inocencia, a estos últimos debería entonces dárseles una mayor liberalidad para que puedan con algunas medidas especiales afrontar sus procesos en libertad como debería ser la norma general.

Lamentablemente esta temática del hacinamiento carcelario como la debilidad de nuestro sistema de seguridad social en salud, la desprotección y precarización de los profesionales de la salud, la falta de implementación de plataformas virtuales en los servicios públicos y la corrupción; se han hecho más evidentes en este estado de emergencia, situación  que debería abordarse con seriedad desde la normalidad, pero como ello no es así debemos exigir de nuestras autoridades que en este momento se tomen medidas urgentes para solucionar estas problemáticas.

Mientras el sistema carcelario sucumbe entre el hacinamiento, las enfermedades, los abusos y la corrupción; el gobierno nacional continua manejando los problemas de Estado a través de  eufemismos como ha sido du característica, mientras la sociedad mira con desaliento el error de sus propias decisiones electorales.

*El Centro de Pensamiento Libre es una entidad privada, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales de diferentes disciplinas que están al servicio de la comunidad, abierta a todas las personas sin distingo de raza, sexo, nacionalidad, credo o filiación política, que organiza y realiza todo tipo de actividades encaminadas al fortalecimiento de la democracia, la libre empresa, la búsqueda del bienestar de las personas menos favorecidas y está en pro de la convivencia pacífica, el desarrollo socioeconómico y la búsqueda de la concordia nacional.

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