Del cacerolazo a la explosión social

Por: Germán Ponce Córdoba

Nariño tiene una extensión de 3.326.800 hectáreas, correspondiente al 2,9% del territorio nacional y alberga al 3,7% de la población nacional equivalente a 1,8 millones de habitantes, de los cuales el 49.8% se ubica en la zona rural y el 50.2% en las cabeceras. En el área rural de Nariño viven 901.526 (49,8%) personas de la población del departamento. El 62,1% de ellos, es decir, 544.603 personas, viven en la pobreza, y el 21,5% de la población rural – 188.550 personas – vive en pobreza extrema, o indigencia. La pobreza tiene un marcado carácter rural.

Hablar de las difíciles condiciones socio-económicas de los nariñenses es redundante porque son ampliamente conocidas, pero es menester decir que Tumaco y los 9 municipios de le nuestra costa pacífica reúne a más de 450.000 habitantes, el 96% de raza negra con unos niveles de 94% de necesidades básicas insatisfechas, con unos niveles de desempleo del orden del 75%. El 90% de ellos vive en la informalidad y el restante 10% del incipiente sector privado y de lo poco que hay en la administración pública. La subregión limita con el Ecuador y desde el inicio de la cuarentena y la explosión del covid-19 en Guayaquil, cientos de familias han regresado o se han desplazado a Tumaco, por los más de 50 pasos irregulares que hay en la frontera; al corte del 9 de mayo hay 106 casos confirmados de covid-19, de ellos más de 90% está en atención domiciliaria, sin embargo se conoce que los hospitales y las IPS privadas están atiborradas de casos de COVID-19  de los cuales hay muchos subregistros, se pasó un día de 49 casos a 60 y al siguiente día a 102, el mayor crecimiento porcentual del país; ni el gobierno Colombiano, ni el gobierno Ecuatoriano han desarrollado alternativas para garantizar el tránsito adecuado, ni el aislamiento preventivo; las autoridades de los dos países lanzaron un plan espejo que nunca funciono; los hospitales en Tumaco solo tienen tres especialistas, el personal de salud lleva en promedio 3 a 4 meses sin pago oportuno de sus sueldos y honorarios, han tenido que reutilizar elementos de bioseguridad que deberían ser desechados exponiéndose a la contaminación que puede propiciar el virus; actualmente en Tumaco solo hay dos respiradores, llevaron cinco y tres no funcionaron; hasta el día de hoy no hay una sola cama UCI.

En la actualidad el departamento de Nariño afronta uno de los momentos más difíciles de su historia plagada históricamente, de marginamiento, exclusión y pobreza, por cuenta de la pandemia del COVID-19 que amenaza en grado superlativo la vida de numerosos compatriotas y genera las condiciones para una catástrofe social y económica de gran magnitud y nefasto impacto.

El 70% de la fuerza laboral del Departamento, está representado por los llamados trabajadores por cuenta propia, entre los cuales se refugia la mayor proporción de informalidad laboral, que implica que se trata de personas que viven el día a día y que, si no trabajan un día, no comen o no tienen dónde dormir o ambas. Se incluyen aquí los trabajadores con contratos de prestación de servicios que pueden ver su contrato suspendido -sin pago- hasta que pase la situación. Además, están los trabajadores que, como asalariados o como contratistas por prestación de servicios o como jornaleros, deben salir a trabajar en las actuales circunstancias con todo el riesgo que ello implica.

Con gran despliegue mediático, el presidente Duque divulgó las “importantes medidas” para apoyar a las familias de extracción popular para solventar la crisis. Estas se focalizan en mantener los apoyos económicos de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción, “Adulto mayor”, la devolución del IVA a los beneficiaros del Sisbén y el nuevo programa “Ingreso Solidario” para aquellas familias no cubiertas en los anteriores planes.  Mencionó las cifras totales, pero no se refirió a la ayuda que recibirá cada familia o persona porque son sumas irrisorias que apenas alcanzan para adquirir algunos artículos de primera necesidad para uno o dos días, o para cancelar un servicio público.

 Muchos hogares en Nariño, han perdido sus empleos y quedaron sin recursos para cubrir arriendos, deudas hipotecarias, alimentación, servicios públicos, mensualidades en colegios privados, etc. La única medida que ofreció la banca privada para aliviar esta situación, fue diferir en el tiempo las deudas sin condonar intereses y mucho menos capital; medida inocua pues la bancarización de la población es mínima, por no decir nula. Esta es la situación que se replica a lo largo y ancho del país. De prolongarse el aislamiento obligatorio, la situación se tornará insostenible y se podría presentar una explosión social de grandes dimensiones. Ya en las barriadas populares la gente está masificando los llamados cacerolazos, saliendo a las calles con el peligro de expandir aún más la contaminación a exigir recursos para la emergencia, a procurarse algún medio de subsistencia y llamando a la desobediencia civil. Desde los ministerios de Hacienda y Trabajo no existe una estrategia para preservar los empleos, condición clave para no interrumpir el ciclo económico producción-comercialización-consumo.

El gobierno nacional en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica ha expedido una catarata de decretos entre los cuales está el decreto 517 de 2020 que en su artículo 7º dispone que “durante el término de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o gas combustible de los usuarios dentro de su jurisdicción”.

Creemos que lo normado en este decreto con fuerza de ley no pasa de ser una buena intención, absolutamente imposible de llevar a la práctica por parte de nuestros entes territoriales en su gran mayoría municipios de 5 y 6 categoría con unos presupuestos misérrimos, debilitados aún más por la magnitud de la tragedia y con pesadas deudas contraídas con anterioridad.

Como es de conocimiento público, la Electrificadora Nariñense, CEDENAR, fue constituida el 9 de agosto de 1955, mediante escritura pública número 2059 de la Notaría Cinco del Circuito de Bogotá y aprobada por la Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 1055 del 24 de octubre de 1955. La Empresa se constituye en una Sociedad Anónima con la participación de varios accionistas (Nación 96%) y se da impulso a partir de ese momento a varios proyectos de gran envergadura que han permitido el suministro de energía eléctrica no solo a la capital del Departamento de Nariño, sino a los demás municipios.

Sus accionistas mayoritarios (96%) son: Instituto de Planificación y Promoción Soluciones Energéticas (IPSE), Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. Como accionistas minoritarios están el Departamento de Nariño, el municipio de Pasto y 25 municipios más.

CEDENAR S.A. E.S.P. atiende a 432.490 clientes-usuarios en el departamento de Nariño, con una infraestructura eléctrica de 581 kilómetros de red de 34,5 kV y 6.559 de 13,2 kV.

Es significativo mencionar que bajo el compromiso de universalización del servicio de energía eléctrica en el territorio donde CEDENAR S.A. E.S.P. está presente, la cobertura en las áreas urbanas es del 99,96% y un 90,86% en las zonas rurales.

Para el año 2018, la estructura del mercado quedó conformada por 406.525 usuarios residenciales, estos representan el 94 % del mercado, con un consumo de 390.499 MWh año; en segundo lugar, 19.717 usuarios comerciales con el 4.56%, con 78.883 MWh; por último, otros sectores representan el 1.44%, con 108.117 MWh de consumo.

Su Activo total es de $666.122 millones; Pasivo total: $ 325.045 millones; Patrimonio: $341.076 millones y su utilidad en el ejercicio de 2018 fue de $9.047 millones, asumiendo que, en el 2019, del que no tenemos los datos debe ser similar o mayor.

 En este orden de ideas proponemos que el gobierno nacional propietario del 96% de las acciones de Cedenar asuma mientras dure el estado de emergencia económica, social y ecológica el valor de la tarifa para todos los usuarios residenciales del departamento de nariño y el 50% de la tarifa por el mismo periodo para los usuarios comerciales y otros sectores.

y, no es porque los nariñenses seamos unos “atenidos” sino porque la corte constitucional ha reconocido el denominado principio de solidaridad y es hora de que el gobierno lo invoque en beneficio de los más débiles, dadas estas circunstancias imprevisibles e irresistibles generadas por la pandemia.

Lo anterior como un paliativo alineado al caótico manejo que le ha dado el gobierno nacional a la crisis, pero como medida de fondo, recobra plena validez el imperativo de implementar los cambios en la política social que necesita el país para enfrentar la actual crisis: Que el estado reasuma el manejo de la salud pública como política estatal; pensión universal para todos los adultos mayores; seguro de desempleo y salario mínimo para el sector informal. Pero enfatizando que una de las soluciones de fondo es aplanar la curva del desempleo y la informalidad en el corto plazo.

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