Desigualdad, derecho y economía

Columnista invitada: María Alejandra Muñoz.

La desigualdad es un fenómeno sustantivo, que abarca el ámbito político, económico, social, cultural y hasta generacional, existiendo privilegios para ciertos grupos poblacionales.

En la actualidad, se visualizan ramas más específicas de la desigualdad, establecidas como temas del momento, y se encuentran: “las estructuras cooperativas, las divisiones del trabajo, las jerarquías sociales de clase, raza, edad y género, o el acceso individual diferenciado o de grupo a actividades materiales o simbólicas y al poder social” (Harvey, 2018, p. 111).

Las anteriores, han establecido teorías, dogmas, normas y políticas, moviendo intereses de determinados grupos sociales, que de una u otra manera han reconocido problemáticas en pro de la creación y desarrollo de actos hacia la igualdad material o también en beneficio de grupos hegemónicos privilegiados. Se aúnan bajo la idea de naturalidad, aceptando la diferenciación entre libre y esclavo, mujer y hombre, blanco y negro, pobre y rico.

La igualdad tiene su conjetura de acuerdo a la época, sin excepcionar el contexto de cada estado. En este marco, juega un papel fundamental el derecho y/o la utilización de los aparatos ideológicos por parte de las élites y monopolios, con el fin de continuar dominando, o, su utilización mínima por la población vulnerable y pobre, quienes han sido incluidos en la creación y protección de derechos gracias a su lucha.

Entre varias teorías, se considera que el derecho además de funcionar como instrumento ideológico fue creado con proyección de falsas conciencias con el fin de convencer a ciertos sectores poblacionales de ciertas situaciones, es una herramienta de legitimización del uso de la fuerza como violencia legítima, por lo cual, fundamenta en gran porcentaje los niveles de igualdad o desigualdad.

Aunque el derecho y normas, fundamentadas en la autonomía o las realidades sociales o conjugadas entre los dos aspectos, prometen universalidad, siguen siendo criticadas, ya que es un sistema que funciona en beneficio de ciertos grupos sociales, manteniendo la desigualdad social y la discrepancia entre el derecho y cómo se vive el derecho en la realidad.

Los estados crean instituciones y políticas para ejecutar planes, proyectos y programas de acuerdo a su voluntad e interés político, que pueden beneficiar a las poblaciones de forma equitativa o intereses propios.

De la lucha de las poblaciones vulnerables y pobres, la creación de normas, instituciones y elementos del sistema judicial, aunque insuficientes y de disputa larga y hasta violenta, se ha acatado la igualdad material y/o equidad. Evocando que, la ganancia de derechos e instituciones a favor de poblaciones vulnerables y pobres ha sido una lucha ardua, yendo en contra del soberanismo y capitalismo clásico cuasi natural que absorta a los estados y élites en intereses individualistas.

Aunque los derechos han sido insuficientes y no han logrado sus objetivos, algunos estados como Colombia, han avanzado en la implementación de instrumentos jurídicos y de acceso a la justicia, como la creación de cortes constitucionales, institución con sensibilidad y de apoyo a la disminución de la desigualdad, que visualiza las realidades sociales de acuerdo a las sentencias que emite. Aclarando que, las decisiones de las cortes exigen la inversión presupuestal de las entidades, por lo cual, han tenido varias críticas, al respecto García & Ceballos (2016), indican que, “permitir que los tribunales intervengan en la política económica y decreten gasto sería inconveniente, dado que podría conducir a una suerte de “populismo judicial” (p. 98).

También se han creado otro tipo de instituciones como, personerías municipales, defensorías del pueblo, o, dependencias estatales de desarrollo comunitario, de inclusión social y de género, entre otras, o, desde la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro en pro de derechos y empoderamiento de poblaciones más desfavorecidas.

Y en aras de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, la ley ha establecido una lista de obligaciones para el estado, que responden al mandato amplio del deber estatal de adoptar medidas de respeto, protección y garantía, así como generar políticas públicas que propugnen por garantizar su efectivo acceso a toda la población sin distinción alguna.

Algunas teorías radicales, ven al derecho con escepticismo, como un mecanismo de dominación, de tal modo que está constituido para no modificarlo y seguir incitando a situaciones de marginalidad. Es cierto que, dentro de la naturalización de la desigualdad y la ideología del colonialismo del poder legislativo y ejecutivo, se siguen creando y modificando normas y aplicándolas en beneficio de intereses individualistas y de entidades financieras privadas, la corrupción como un mecanismo de dominación social, favorecen a los privilegiados y llevan consigo la vulneración de derechos y libertades en contra de la igualdad y equidad de los más vulnerables.

De esta manera, una de las expresiones más conocidas de la desigualdad es la instancia económica, que se caracteriza por la reproducción de privilegios a cierta población, la concentración de élites y la coexistencia entre desigualdad y pobreza, pues bien, el origen de la desigualdad es el sistema económico, la falta de instrumentalización de oportunidades y derechos, donde la alta pobreza se ve acompañada de pocos grupos sociales de alta riqueza.

“El dinero siempre es una forma de poder social y un instrumento de control de las relaciones sociales en vez de un elemento equivalente, neutral y universal con el que calcular los beneficios que aumentan el bienestar” (Harvey, 2018, p. 500).

El poder de una clase social y su dinero pueden hacer que las minorías no accedan a ciertas situaciones y derechos, bien lo dice Harvey (2018) “aquellos que lo poseen pueden utilizarlo para toda clase de propósitos creativos, incluyendo el control sobre el acceso de otros a la riqueza social” (p. 306), de esta forma, los privilegios económicos, políticos, de tierras y otros, son utilizados como instrumentos de dominación y desarrollo de las élites.

Es de saber que el mundo ha generado mucha riqueza pero mal distribuida, el problema de la pobreza es de estructural global y aqueja el sistema internacional. Aunque hace muchos años los países vienen luchando por disminuir los niveles de pobreza y aumentar la igualdad, no ha sido difícil y casi imposible, “un mundo en el que el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza mundial, y en el que este desequilibrio continúa acelerándose, es indecente” (Alston, 2015, párr. 1).

Para Sepúlveda (2018), los altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, se reflejan en la exclusión de participar en la sociedad y no tener acceso a servicios sociales básicos, incluido el acceso a la justicia.

A pesar de diferentes declaraciones y tratados internacionales sobre igualdad y equidad y su ratificación en el bloque de constitucionalidad, se sigue profundizado la mala distribución de riquezas, la inversión de presupuesto en la seguridad nacional, la guerra, la soberanía nacional, con efecto de violencia y desigualdad, hoy solo queda el temor y la desconfianza entre la población.

La relación entre la economía, derecho y desigualdad es un círculo vicioso, cuando los pobres y vulnerables no pueden acceder a la justicia aumenta su vulnerabilidad y violación de derechos, a mayor exclusión menos acceso a la justicia y menor distribución económica y por tanto mayor desigualdad.

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