El fracaso del control urbano en Pasto, ¿Crónica de una muerte anunciada?

CARTA ABIERTA

Por: Lilian Natalia Sandoval Bastidas,

Abogada Universidad de Nariño.

Es difícil escribir este título y mirar hacia atrás, contemplar los años de trabajo en los que dirigí la Inspección Tercera de Urbanismo, Espacio Público y Medio Ambiente; contemplar el trabajo de los Inspectores que me precedieron de quienes recibí esos conocimientos que no se aprenden en la Facultad de Derecho, como un elixir de sabiduría que bebí a través de todos y cada uno de los procesos que me llegaron y que me devoré página por página; pues en mi cabeza este trabajo, el esfuerzo y la dedicación se divisan como un gran torre que en la actualidad se desmorona pedazo a pedazo por las decisiones de la Administración del profesor Pedro Vicente Obando.

Considero que este escrito es necesario para generar una reflexión en la comunidad de la ciudad de Pasto, que busca llevar el debate más allá del conflicto existente con el primer mandatario, pues la situación es realmente tan grave que sentí la necesidad de abrir este espacio bajo el amparo de mi derecho a la libertad de expresión.

Cuando conocí la arbitraria orden de reubicación desde la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Tránsito Municipal decidí denunciar no sólo mi situación particular como trabajadora de la Alcaldía de Pasto, sino también porque con los antecedentes respecto del manejo de los procesos urbanísticos, y ya que bajo mi custodia se encontraban los que conllevaron a declarar como infracción urbanística la construcción de la obra ubicada en la Calle 17 No. 20a – 33, tuve temor de lo que pudiera pasar en particular en este caso, pues sin ningún tipo de licencia de construcción se levantó el denominado HOTEL XILÓN.

La investigación se remonta al año 2009, en el que la Inspección de Urbanismo resuelve iniciar una investigación en contra del señor HERNANDO SUAREZ BURGOS por una demolición sin licencia en la dirección antes mencionada, bajo el radicado 7516 y se expidió una Resolución sancionatoria en contra del investigado, sin embargo, el señor SUAREZ BURGOS, solicita se revoque dicha decisión debido a que él no era el propietario del inmueble sino la SOCIEDAD SYSCO SAS. Efectivamente, demostrado lo anterior el proceso se reinicia en el año 2012 en contra del Gerente de dicha persona jurídica, señor ALBARRACÍN PERAZA y dentro de lo que figura en dicho expediente intervienen varias personas naturales como representantes legales de esta sociedad, el último de ellos el señor JOSÉ JAVIER VILLAREAL DELGADO, a quien se le notificaron las últimas actuaciones surtidas dentro del plenario y quien como consta en oficio del 25 de septiembre de 2013, presenta escrito de alegatos de conclusión en donde señala que:

“La sociedad comercial SYSCO SAS, es propietaria de un inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, calle 17, distinguida con los Nos. 20 A – 33-20-39 y 20 A – 45 (…). Así consta en la escritura pública de adquisición No. 1707 de agosto de 2003 otorgada ante Notaría 43 de Bogotá D.C., y en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria No. 240 – 21232 del Registro II PP del Circuito de Pasto, No. Predial 01020181008.

Aproximadamente a principios del año 2009 se inició en el citado predio un proyecto de construcción de un edificio destinado al funcionamiento de un hotel, (…)”.

Es decir, que la Sociedad SYSCO SAS, nunca negó la calidad de propietaria del bien inmueble y reconoció la construcción de las obras adelantadas en el mismo y ejerció su derecho de defensa y contradicción solicitando el señor VILLAREAL DELGADO, que sea notificado en la CALLE 18 No. 47 – 160, en donde funcionan las instalaciones del DIARIO DEL SUR.

Sin embargo, frente a lo anterior y debido a que el auto de inicio estaba dirigido en contra del señor ALBARRACÍN PERAZA, el 25 de marzo de 2015 por medio de la Resolución No. 015 se decide declarar la nulidad de lo actuado y retomar la investigación directamente en contra de la persona jurídica SYSCO SAS, independientemente de la persona natural que ejerciera como su representante legal notificando la misma de manera personal al señor JOSE JAVIER VILLAREAL DELGADO, el día 7 de abril del 2015.

En cumplimiento de la declaratoria de nulidad del asunto referido se ordenó sustraer del proceso 7516 de 2009, el último informe de inspección ocular realizado al inmueble en donde se construía el HOTEL XILÓN, por funcionarios de la Oficina de Control Físico de la Secretaría de Gobierno Municipal con fecha del 20 de noviembre de 2013, en el que se evidencia que en la obra el último piso aún no estaba terminado, lo que arroja como conclusión que LA INFRACCIÓN ES DE EJECUCIÓN SUCESIVA por lo que el término para calcular la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración inicia a partir del momento en que la obra fuera terminada en su totalidad; razón por la que el 21 de Julio de 2015 se da inicio al proceso 3399 de 2015 en contra de la SOCIEDAD SYSCO SAS, por la CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA en el inmueble ubicado en la Calle 17 No. 20 A – 33.

El proceso se adelantó cumpliendo una a una las etapas procesales, notificándose en debida forma, pues como consta en el expediente los documentos fueron recibidos en el HOTEL XILÓN, sin que el señor JOSE JAVIER VILLAREAL DELGADO, ejerciera derecho alguno que defendiera los intereses de la SOCIEDAD SYSCO SAS, hasta el momento en que se profirió Resolución No. 015 del 22 de febrero de 2017, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA INFRACCIÓN URBANÍSTICA Y SE IMPONE UNA MULTA” en contra de la cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación de manera extemporánea, motivo por el cual el acto administrativo pasó a ser COSA JUZGADA y quedó ejecutoriado y en firme el día 10 de abril de 2017.

Por medio de auto del 18 de abril de 2017, SE DECIDE RECHAZAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN, presentado por la apoderada del señor JOSE JAVIER VILLAREAL DELGADO, decisión frente a la que se interpone recurso de queja ante el Secretario de Gobierno Municipal Eduardo Enríquez Caicedo.

Por medio de distintos autos se me solicitó remitir la totalidad del expediente radicado bajo el número 3399 de 2015, sugiriendo el Secretario de Gobierno Eduardo Enríquez Caicedo, que al momento de remitir el proceso se estaba omitiendo enviar la totalidad, cuando lo único que existía de ese radicado eran los folios aportados en cumplimiento de su orden.

La semana pasada conocí las copias de la Resolución No. 0047 del 13 de abril de 2018, proferida por la Secretaría de Gobierno Municipal en la que se declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso 3399 DE 2015 y dejó sin efectos el acto administrativo por medio del cual se sancionó a la Sociedad SYSCO, con ocasión de la construcción sin licencia del HOTEL XILÓN, con una multa equivalente a $221.315.100, la suspensión de servicios públicos y la demolición de lo ilegalmente construido.

Con asombro y tristeza recibo esta noticia, pues el fundamento de la Secretaría de Gobierno Municipal es el siguiente:

Reconoce que lo que se estaba tramitando era un recurso de queja, es decir, una solicitud para que se determine si el recurso de reposición y en subsidio apelación fue rechazado en legal y debida forma, pese a que como consta en el acto administrativo en la petición la apoderada del señor VILLAREAL DELGADO: “no realiza pronunciamiento alguno a la negativa de la inspección tercera de urbanismo, espacio público y medio ambiente, de proceder a estudiar los recursos de reposición y en subsidio apelación que había propuesto, lo cual debe ser el objeto del recurso que nos viene ocupando.”

Es decir, que se interpuso un recurso de queja cuyo único objeto era debatir si el fundamento del rechazo del recurso estaba legalmente sustentado o no, sin embargo la quejosa frente a esto nada manifiesta, lo que desfigura la naturaleza de la queja, pues no se opuso al rechazo ya que frente al extemporaneidad que justificación legal puede existir, lo que es reconocido por la Secretaría de Gobierno al afirmar:

“FRENTE A ESTA SOLICITUD DEBE DECIRSE QUE EN ESTA INSTANCIA LOS ARGUMENTOS DE FONDO PROPUESTOS NO PUEDEN SER EVALUADOS DADO QUE EL RECURSO DE QUEJA FORMULADO TIENE COMO ÚNICA FINALIDAD EL ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA DENEGACIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 1437 DE 2011 (…). ES ASÍ COMO ESTE RECURSO TIENE COMO ÚNICO FIN DETERMINAR SI LA DENEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SE ENCUENTRA AJUSTADA A DERECHO O SI POR EL CONTRARIO DEBE ORDENARSE QUE SE ADMITA LA RECEPCIÓN Y ESTUDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN, SEDE EN LA CUAL SÍ SERÍA PERTINENTE PRONUNCIARSE FRENTE A CUALQUIER PUNTO QUE SE SOLICITE RESPECTO DEL PROCESO.

ASÍ ENTONCES, MAL HARÍA ESTA INSTANCIA EN ENTENDER QUE EL RECURSO DE QUEJA ES UNA EXTENSIÓN MÁS DEL RECURSO DE APELACIÓN, PUESTO QUE CADA UNO DE ESTOS TIENE UNOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS, COMO UNOS TÉRMINOS PERENTORIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO IBÍDEM, LO CUAL TAMBIÉN PERMITE DIFERENCIAR LOS DISTINTOS FINES PARA LOS CUALES FUERON CREADOS.

POR LO ANTERIOR, NO ES POSIBLE QUE EN ESTA INSTANCIA ESTA AUTORIDAD PROCEDA A DECIDIR SOBRE PRETENSIONES DE FONDO FORMULADAS POR FUERA DEL ÁMBITO ACCIÓN DE ESTE RECURSO, EN TANTO LA COMPETENCIA PARA PODER HACERLO SE DEBIÓ OBTENER A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE OTROS RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, COMO ES EL CASO DEL DE APELACIÓN, EL CUAL, AUNQUE FUE FORMULADO, FUE DENEGADO POR HABERSE PROPUESTO DE MANERA EXTEMPORÁNEA”.

Sin embargo, contrariando sus propios argumentos, sin competencia, sin figura legal alguna que la ampare, la Secretaría de Gobierno Municipal asumiendo facultades de la esfera de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, decide de oficio, “ESTUDIAR LOS SUCEDIDO ALREDEDOR DEL RECURSO DE APELACIÓN NEGADO”. Encontrándonos frente a otro caso similar al del señor WILSON RUANO.

Dicho estudio minucioso arroja como resultado la impunidad absoluta, sobre una obra que se construyó sin permiso alguno fundamentada primero en la inclusión de un nuevo requisito de procedibilidad para la investigación de infracciones urbanísticas, el cual es el CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN, ya que al parecer para la Secretaría de Gobierno, el eje fundamental de la ejecución de obras radica en determinar la propiedad de un inmueble, constituyendo un grave precedente para la demás investigaciones puesto que ninguna cuenta con dicho requisito, lo que puede conllevar a la solicitud en masa de nulidades con amparo en este nueva imposición, que además desconoce la constitución de las diligencias preliminares reguladas en el Decreto Municipal 109 de 1995, las cuales hasta el momento eran el único requisito probatorio para adelantar los procesos respectivos. Además que nunca ha existido un convenio con la Oficina de Instrumentos Públicos, que le permita al Inspector de Policía, como primera instancia acceder a este nuevo requisito de manera efectiva y pronta.

Desconoce esta decisión el contexto en el que se produce una infracción urbanística y es que no necesariamente quien figura como propietario es el responsable de la ejecución de una obra de construcción, parcelación, demolición, urbanización o cerramiento. Sin embargo para el caso en particular, pese a que supuestamente se realizó un estudio minucioso del expediente, desconoció la Secretaría de Gobierno Municipal el proceso 7516 de 2009, citado en el informe de inspección ocular que hizo parte del proceso posterior 3399 de 2015 anulado por la entidad, en el que claramente la Sociedad SYSCO SAS, figura como propietaria del inmueble. Pero lo más grave, es que la titularidad del bien jamás fue un tema de discusión por parte de la investigada, concluyendo entonces que la Secretaría de Gobierno Municipal actuó como juez y parte.

Y por último, consideró la Secretaría de Gobierno Municipal que en lugar de notificar la decisión a la Sociedad SYSCO SAS, estas le fueron comunicadas, cuando en realidad fueron notificadas y concluye que hubo irregularidades en este procedimiento porque el domicilio de la persona jurídica figura en la ciudad de Bogotá según la Certificación de Cámara de Comercio integrante del plenario.

Nada más alejado de la realidad justificar la decisión de anular un procedimiento, con fundamento en este argumento, puesto que en primer lugar la Sociedad SYSCO SAS es comercial y en el bien donde ocurrió la infracción urbanística se levantó un establecimiento de comercio denominado HOTEL XILÓN de su propiedad, el cual según el artículo 263 del Código de Comercio funge como SUCURSAL de la persona jurídica, que puede tener su domicilio en el mismo lugar o en otro diferente, razón por la que las notificaciones del proceso se realizaron en legal y debida forma.

Sumado a lo anterior, resulta infame concluir que la notificación debió realizarse en la ciudad de Bogotá, no solamente porque legalmente podía haberse hecho en la ciudad de Pasto, sino porque desde el año 2014 la Secretaría de Gobierno no ha proporcionado a las Inspecciones de Policía los medios necesarios para realizar estos procedimientos; desde esa fecha no ha existido contrato de correo certificado y el único que hubo que no tuvo una duración ni de seis meses, solo se ejecutó dentro de la ciudad. Entonces, resulta a todas luces desproporcionado imponer a una inspección el cumplimiento de un requisito para dar legalidad a una actuación cuando jamás existieron los medios administrativos a través de los cuales podrían surtirse notificaciones por fuera de la ciudad de Pasto.

Por último y no menos grave, el representante legal de SYSCO SAS, señor JAVIER VILLAREAL DELGADO, como puede verificarse de la revisión del proceso 7516 de 2009, tiene su domicilio en la ciudad de Pasto y la Secretaría de Gobierno Municipal cuenta con suficiente información para conocer dicha situación, puesto que aunque se tramitaba bajo su tutela este proceso no consideró poco ético contratar con el investigado quien además es también el representante legal de la Persona Jurídica GRUPO EDITORIAL DIARIO DEL SUR SAS, con quien la Secretaría de Gobierno realizó un contrato con fecha del 25 de Enero de 2018 por un valor de $480.000.000., lo que demuestra que por negocios realizados durante el trámite del recurso de queja, era de conocimiento de la Secretaría de Gobierno que el domicilio del representante legal de la Sociedad SYSCO SAS, se encontraba en esta ciudad.

El proceso, fue remitido a la Inspección Tercera de Urbanismo, Espacio Público y Medio Ambiente y con sorpresa recibo la noticia que por auto del 4 de mayo de 2018, el Inspector que ahora preside el Despacho, consideró sin siquiera tener en cuenta el proceso anterior 7516 de 2009, el cual le fue entregado como consta en el recibido del cual tengo copia, que no podía reiniciar el proceso puesto que carecía de competencia temporal, porque había operado la caducidad y realiza un cálculo superficial de los tiempos concluyendo sin siquiera verificar que en las imágenes del informe del año 2013 la obra aún no concluía, que desde esa fecha hasta que se tomó la decisión habían transcurrido más de tres años y decide archivar la investigación.

Recordaba en estos días el caso de la Inspectora de Policía de la ciudad de Cartagena, que fue reubicada por el Alcalde al iniciar acciones en contra de la obra ubicada en el centro histórico de la ciudad; escuché comentarios en la radio acerca de los motivos que tuvo el Alcalde y sus subalternos para reubicarme en el tránsito municipal. Después de esta reseña concluyo, que puede una y mil veces la Administración del profesor PEDRO VICENTE OBANDO acusarme de corrupción, sin que exista una solo denuncia en mi contra por este tema. Lo que no pueden hacer es demostrar que lo que digo es mentira, no pueden demostrar que luego de más de tres años el control urbano realizado ha sido efectivo, no porque los funcionarios no cumplan con su trabajo, porque seguramente las quejas como se dijo en los medios, son recibidas y tramitadas; pero no es justo que se engañe a la comunidad, afirmando que las acciones se están ejerciendo porque no es verdad, el control urbano no consiste en recibir un queja sino en hacer efectivos los derechos de la ciudadanía a través de la ejecución de las normas; entonces les pregunto cuántas obras se han demolido durante la Administración del profesor OBANDO, cuántas multas se han cobrado durante la administración del profesor OBANDO; es triste ver como una posición sesgada, infantil y revanchista ha conducido a la ciudad a este desastre, que pone en riesgo la vida de miles de personas, puesto que lo más delicado de todo es que aunque existan las quejas la segunda instancia de estas investigaciones se ha convertido en el verdugo y es importante tener en cuenta que quienes ostentan estos cargos llegaron allí por motivos políticos.

Lo invito a leer este escrito y si se indigna como me indigna a mí lo que está sucediendo, lo invito a compartir.

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