El viacrucis de la economía campesina de Nariño

Por: Germán Ponce Córdoba

Nariño tiene una extensión de 3.326.800 hectáreas, correspondiente al 2,9% del territorio nacional y alberga al 3,7% de la población nacional equivalente a 1,8 millones de habitantes, de los cuales el 52% se ubica en la zona rural y el 48% en las cabeceras. Los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco concentran el 44% de la población del departamento, con poblaciones de más de 100 mil habitantes. En 41 de los 64 municipios la población es superior a 10 mil habitantes. La densidad de población es de 54 personas por km2.

En el área rural de Nariño viven 901.526 (49,8%) personas de la población del departamento; en Colombia 11.838.032 de personas, (26%) de la población nacional. El 62,1% de ellos, es decir, 544.603 personas, viven en la pobreza, y el 21,5% de la población rural – 188.550 personas – vive en pobreza extrema, o indigencia. La pobreza tiene un marcado carácter rural. La participación económica del sector agrario en PIB del departamento es del orden del 15.04%.

En consecuencia, Nariño se clasifica como la principal región de Colombia cuyo desarrollo depende del sector agrario, seguida del meta y de sucre.

El 53% de la población del Departamento presenta un alto índice de    necesidades básicas insatisfechas (por encima del 80%) y el 27%    presenta una situación de pobreza absoluta. Estos indicadores tienen una incidencia mayor del 90% en el sector rural.

Índices de subempleo en el campo llegan a niveles superiores al 90%, correspondiendo a una PEA de 670.000 habitantes laboralmente aptos. el 70% de los ocupados en el sector agropecuario devenga menos de un salario mínimo.

En consecuencia, para Nariño, la problemática social y la necesidad de solución se concentra principalmente en el sector rural.

El sector agrario (agrícola, forestal, pecuario, pesquero e hidrobiológico), del departamento de Nariño presenta las siguientes características:

  • Producción primaria extractiva (siembra, cosecha y venta en las plazas de mercado de productos perecederos. (a excepción de palma de aceite, café, panela y 23% de la leche)
  • Incipientes procesos de agregación de valor a la producción primaria (caña panelera, café, palma aceitera, iraca y producción de leche).
  • No se manejan cadenas de producción agroindustrial.
  • 95% de predios de minifundio.
  • Altos costos de producción, con relación a otras regiones del país.
  • Inestabilidad de los precios de los productos comercializados en fresco.
  • Topografía de ladera, que dificulta la mecanización.
  • Las cadenas productivas del sector agrario están inscritas en el sector primario, no reciben procesos de agregación de valor y por lo tanto están afectadas por la condición de alta perecibilidad. (papa, frutas, hortalizas, etc.) y no muestran niveles aceptables de competitividad.
  • Las cadenas productivas con valor agregado demuestran bajos niveles de competitividad y dos de ellas (trigo y cebada) fueron minimizadas (al 10%) de su extensión cultivada en la década de los 90s. desplazando a una población de 50.000 familias de agricultores, a otras actividades, entre ellas los cultivos ilícitos.
  • La cultura de la producción individual de los agricultores, no permite la generación organizaciones que se orienten a la gestión empresarial con fines de competitividad.
  • La posición geográfica del Departamento de Nariño, respecto a los centros de consumo, incrementa los costos y el tiempo de transporte, factor a tener en cuenta, tratándose de productos de alta perecibilidad.
  • Las vías del sector rural, son del segundo y tercer orden, lo cual además de la topografía de ladera, dificulta e incrementa los costos de transporte de productos de producción masiva (Ej. papa, hortalizas, frutas).
  • El departamento ha sufrido en los últimos años del impacto negativo de la economía ilícita, a través de las siembra, producción y procesamiento de cultivos de coca. La economía ilícita, menosprecia la idea de obtener beneficios económicos de manera legal, no es lógico para un campesino sembrar hortalizas, frutas, café, caña, cacao o cualquier otro cultivo de vocación histórica, pero con bajo niveles de rentabilidad y altos costos de producción, siendo ínfima la remuneración que se obtiene por ello, que sembrar coca y obtener dinero de manera rápida.
  • El número de hectáreas sembrada de coca en el año 2017 en los 30 municipios priorizados por Sistema estratégico de monitoreo de cultivos ilícitos, tiene como resultado 47.755 hectáreas (Simci-NU).

En estas épocas en que la disyuntiva para el campesino es morirse de hambre para no hacerlo de coronavirus, resulta esencial mantener el suministro de alimentos y el acceso para todos, porque al final de una crisis sanitaria nos podemos enfrentar a otra alimentaria. Un buen número de organizaciones y expertos en salud y alimentación ya han alertado de que el impacto de la epidemia puede suponer un problema en la seguridad alimentaria colombiana. La pandemia ha elevado el nivel de consciencia sobre la importancia de los campesinos, pero ese reconocimiento debe traducirse en una política pública que mejore su calidad de vida. Las personas que nos dan de comer viven con hambre y con zozobra permanente. Según el Dane, 188.550 personas que viven en la zona rural, son pobres extremos, es decir, sus ingresos no alcanzan para obtener la canasta mínima alimenticia. Sin tanto tecnicismo: están pasando hambre. Los intermediarios están haciendo su agosto comprando el bulto de papa al productor a $12.000, cuando su costo de producción esta del orden de los $42.000, es decir están perdiendo $30.000 pesos por bulto; los lecheros vendiendo el litro de leche a $400 pesos, cuando el precio fijado es de $1021 pesos, pierden $621 pesos y así todos los sectores.

En este orden de ideas, el pasado jueves el presidente Iván Duque y el ministro de agricultura Rodolfo Zea, anunciaron en rueda de prensa una serie de medidas para apoyar a los agricultores de Colombia con el objetivo garantizar el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria a nivel nacional.

La medida, como explicó el ministro Zea, hace disponible 1 billón de pesos en créditos para pequeños agricultores “a las tasas más baratas del mercado al DTF -1 por ciento, eso es 3.5 por ciento, una tasa de interés que está incluso por debajo de la inflación, o sea que en términos reales estamos hablando de una tasa que podría estar en el 0 por ciento”.  Todo esto en coordinación con el Banco Agrario, Finagro y todo el sector financiero.

 Si revisamos el más reciente Censo Nacional Agropecuario encontramos que en Nariño solo el 15.47% de nuestros campesinos solicitan créditos o sea que del total de productores el 84.53% están por fuera del sistema bancario. Los que solicitan crédito y se los aprueban el 50.2% lo utilizan para la compra de insumos agropecuarios y el 21.3% para pago de mano de obra. (En un claro contrasentido el observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los Andes en su informe del 7 de abril concluye que el precario empleo del sector agrario es de los menos vulnerables en esta crisis).

Aunque el censo no brinda información de por qué el 84.53 por ciento de los productores no accede a crédito, es necesario explicitar que ante las trabas y la paquidermia de las entidades financieras, los campesinos recurren al crédito en almacenes agropecuarios que les entregan los insumos y les cobran un interés del 10% mensual, es una modalidad perversa de “gota a gota”; estos prestamistas se han enriquecido a costa la miseria y la pobreza del campesinado sin que las autoridades hayan hecho algo por protegerlos.

La medida del billón de pesos se queda corta, pues como nos muestra el censo agropecuario, solo llegará a una minoría de los productores rurales.

Con la decisión tomada por el gobierno nacional de aislamiento obligatorio hasta el 27 de abril, es importante, revisar cómo se planea apoyar al sector rural, y todo el sistema agroalimentario, para garantizar el abastecimiento de alimentos en los meses que vienen.

Ya es hora de armar una respuesta nacional, regional y local, coordinada e integral para que el sector agrario y la alimentación en el país pueda enfrentar los retos que pone el covid-19. En estos momentos es clave ir más allá de los créditos agropecuarios y avanzar hacia un plan integral que incluya entre otros aspectos asistencia técnica y acceso a la salud para los agricultores, respuestas a eventuales situaciones climáticas extremas y una coordinación con la red de transporte y logística que permitan una adecuada distribución de los alimentos. Y aquí cabe otro reclamo al gobierno nacional que le incumple a Nariño con las promesas de campaña en materia vial: no se incluyó en el programa 5G la doble calzada PASTO-POPAYAN y nunca se volvió a hablar del proyecto de la variante SAN FRANCISCO- MOCOA.

 Esta crisis del coronavirus es parte del sempiterno viacrucis que deben sufrir nuestros campesinos por la ausencia de políticas públicas claras de parte de los gobiernos de turno. En este punto es de interés resaltar la resistencia y la permanencia de la economía campesina a su disolución definitiva refugiándose en el sistema del policultivo (incluyendo especies pecuarias), lo que le permite un “juego” frente al mercado puesto que el ingreso monetario y no monetario está distribuido para su obtención entre diversos rubros. De este modo se neutralizan las enormes variaciones de precios entre una cosecha y otra.

Los gobiernos tienen que reconocer y justipreciar adecuadamente el rol de la economía campesina, su importancia económica, cultural y social, y en estos momentos en especial, su valentía de continuar trabajando.

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, llevada a cabo en el año 2018, se logró la adopción de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. En la votación, hubo 116 países a favor, sin embargo, Colombia, un país basado en la economía agraria, hizo parte de los 49 países que se abstuvieron de votar y, Estados Unidos estuvo dentro de los 7 países que se declararon en contra.

En la Declaración se definió que campesino es “toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra”.

En el artículo 26 de la Declaración, se afirma que “los Estados respetarán los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales relacionados con sus conocimientos tradicionales y adoptarán medidas para reconocerlos, protegerlos, y eliminarán la discriminación de los conocimientos tradicionales, las prácticas y las tecnologías de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

El 50% de la alimentación global proviene del campesinado, sin embargo, las comunidades viven en graves condiciones. En Nariño un 45% de los campesinos padece pobreza multidimensional y solo el 6% de las viviendas campesinas cuentan con alcantarillado.

Reconocer al campesinado: una deuda histórica y no solo en tiempos de crisis.

Para trascender su economía minifundista de subsistencia, Nariño le apunta a la organización de sus cadenas productivas agroindustriales, artesanales y turísticas y a la incorporación de tecnologías sostenibles de producción.

Generar las condiciones para la creación de Complejos Agroindustriales Rurales, mediante la regionalización de los municipios, en función de cadenas de producción comunes.

Generar la competitividad de las cadenas productivas del sector agrario, mediante la creación de Complejos Agroindustriales Rurales (CAR).

Formación de talento humano campesino, para el desarrollo agroindustrial rural, en los niveles de educación media técnica, tecnológica y profesional.

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