¿Ha robado usted, señor alcalde?

Provoca cogerse la cara a dos manos o comerse las uñas. A este país se lo han robado varias veces y se lo seguirán robando. Los recursos que están destinados para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico están sirviendo para engordar las arcas de ciertos personajes que sin ningún tipo de escrúpulos, y de manera descarada, robustecen no sólo sus vientres sino las empresas que nunca tuvieron.

Al parecer, se encontraron con la lámpara de Aladino y le pidieron tres deseos: que puedan recuperar la ‘inversión’ multiplicada, que el contralor se haga el de la vista gorda, y puedan pasar todas las pruebas, y que los ingenieros contratistas inflen el presupuesto. Lo peor es que es un secreto a voces y, por lo que se ve, esto no va a parar en el inmediato futuro.

Créanme que me he declarado devoto de la Constitución del 91 porque ha contribuido a la modernización del Estado, y de manera particular por las bondades que ha traído la tutela. Aunque de Estado social de derecho es una mera ilusión. Lo cierto es que la Carta Magna, en su artículo 267, establece que: «El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación».  Hasta ahí todo va bien.

Pero resulta que al Contralor General de la República lo elige el Congreso en pleno; a los departamentales y municipales los eligen las asambleas y concejos municipales, respectivamente. He ahí el “pequeño” gran ‘conejo’.

Por lo general, las coaliciones mayoritarias son las que respaldan al Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, en sus respectivas jurisdicciones. En consecuencia, si el Contralor depende de la voluntad de estas corporaciones difícilmente se podrá ejercer un control fiscal adecuado. Por otra parte, la Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado, situación que refuerza libertad para actuar.

Es necesario tener en cuenta que los congresistas, diputados, concejales afines al ejecutivo participan del ponqué burocrático que les reparte el mandatario, lo que quiere decir que quién controla al Contralor, según el caso, es el Presidente, el gobernador o el alcalde. Finalmente, todos quedan como amigos y compadres y no hay razón para pelear.

En alguna oportunidad, en el programa de leyes de cierta universidad, en la clase de argumentación, el docente le pregunta a un ex servidor público: ¿usted robó cuando fue alcalde? “Claro –contestó de manera pasmosa el interrogado-, o usted conoce otra forma de hacer política en Colombia”. Sinceridad, cinismo o descaro, es una realidad que no se puede desconocer, es como tapar el sol con las manos.

En un nuevo escenario,  otro ex mandatario justificaba su vida relajada y placentera debido a que, luego de dejar su cargo oficial, se dedicó al lucrativo negocio de los combustibles. Antes de pasar por la alcaldía de un municipio pobre no tenía donde caerse muerto. Y todo cambió gracias a la magia de Aladino. Esta misma situación se replica en cientos de casos en todo el país sin que tengan mayor inconveniente.

Los señores Nule contrataron con mandatarios –de manera directa e indirecta- desde Pasto a la Guajira. Luego, en las audiencias dijeron que la corrupción es inherente al ser humano.

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