Historia de la Procuraduría y el Ministerio Público

Por: Eduardo Enríquez Maya

Senador de la República.

La ley 14 de 1821 creó las fiscalías ante la Corte de Justicia, por cuyas funciones se emitían conceptos en causas criminales, y es esta, la primera manifestación del ministerio público.

Después, en la Constitución Política de 1830, por primera vez se consagró a nivel constitucional; a su titular se le denominó Procurador General de la Nación, nombrado por el Presidente y gozaba de fuero político.

En las Constituciones Políticas de 1832 y 1843 no aparece el ministerio público.

En la Constitución de la Nueva Granada de 1853, aparece nuevamente la Procuraduría, y hacía parte del poder judicial. El Procurador era elegido por voto popular y, cuando faltaba el Vicepresidente, le correspondía presidir el consejo de gobierno.

En la Constitución de la Confederación Granadina de 1858, un miembro de la Cámara de Representantes era elegido Procurador; participaba en esa corporación con voz, pero sin voto; hacía parte de la Corte Suprema de Justicia con voz y voto; tenía competencia para presentar proyectos de acto legislativo y, además, acusaba a altos funcionarios del Estado ante el Senado.

En la Constitución Nacional de 1886, la Procuraduría General de la Nación conserva el rango constitucional, la Cámara de Representantes ejercía el ministerio público y elegía al Procurador. Y el Presidente de la República nombraba a fiscales y personeros por el periodo de un año.

Por Acto Legislativo número 3 de 1910, se creó la acción pública de inconstitucionalidad (aporte esencial del derecho constitucional colombiano al sistema internacional de control constitucional que veinte años después, Hans Kelsen lo propuso para la Corte Constitucional de Viena), en el proceso de control, el Procurador daba concepto, atribución ésta que se conserva (Art. 242 C.P.).

La Ley 33 de 1930 consagró la facultad de inspección y vigilancia para que el Ministro de Gobierno y el Procurador, hagan seguimiento al desempeño de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

La Ley 107 de 1941 estableció la participación de agentes del ministerio público en actuaciones ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.

El Acto Legislativo 1 de 1945 dispuso que la Cámara de Representantes eligiera al Procurador de terna que le enviaba el Presidente; y nombraba a los fiscales el Presidente de listas que le proponía el Procurador.

La Constitución Política de 1991 concedió a la Procuraduría un doble rol fundamental: es órgano de control y cabeza del ministerio público. Se suprimieron los fiscales y se crearon los procuradores delegados.

La competencia de la Procuraduría se aplica actualmente a la vigilancia de 1.200.000 funcionarios que no son elegidos por voto popular y a 20.814 que tienen este origen. Pero, en adelante, por virtud de la sentencia (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Petro), si bien podría sancionar con multas y suspensión a ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas, no les podría imponer sanciones de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos. A mí juicio, la Procuraduría pierde un instrumento escencial para combatir la corrupción.

Para fortalecer la misión de la Procuraduría, la pregunta que surge ante esta situación es: ¿Qué medidas hay que adoptar para realizar la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos elegidos por voto popular que ameriten destitución e inhabilidad? Queda abierta la discusión.

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