Impacto de las medidas del gobierno en el campo colombiano

Por: Germán Ponce Córdoba

La sociedad rural y el campo colombiano han sido ejes indiscutibles del desarrollo del país. Al mismo tiempo, su atraso relativo en materia social y económica muestra los sesgos urbanos que ha tenido nuestro desarrollo y, por lo tanto, la inmensa deuda que el país ha acumulado con el mundo rural. Saldar esta deuda histórica con el campo es un imperativo categórico y la búsqueda incesante de su relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad debería ser su norte.

 Del informe de La misión rural (2015) rescatamos estas orientaciones políticas que colocan el énfasis en un enfoque territorial y, de manera muy especial, el señalamiento de que en Colombia el desarrollo rural debe profundizar el concepto y la práctica de la participación social, reconociendo, como lo señala el documento marco de MTC, “a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo”.  Todo se sustenta en el concepto de “gobernanza participativa”, que significa que el ejercicio de la autoridad radica en generar procesos de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales con la consiguiente participación de las instituciones del Estado, pero donde los habitantes rurales, debidamente organizados y capacitados tienen la responsabilidad primaria de gestionar el desarrollo de sus territorios. El enfoque territorial de esta propuesta conlleva la participación directa de todos los actores en el territorio, públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales; no puede haber un desarrollo territorial efectivo sin construir espacios institucionalizados en los que los entes territoriales del Estado y los actores sociales de todo tipo actúen de forma conjunta, a través de formas organizativas donde todos tengan cabida y participación en la toma de decisiones.

El gobierno Nacional ha emitido una cascada de decretos para mitigar la crisis en la salud pública y la consecuente crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus donde nuevamente el campesinado resulta invisibilizado y por ende resultan medidas que no son adecuadas y además son insuficientes para garantizar abastecimiento y derechos de los campesinos y pequeños productores porque borran de un solo tajo la gobernanza participativa.

Al efecto, el Gobierno nacional ha promulgado para el sector agropecuario y rural el decreto 471 de 2020 y la resolución N° 0071 de 2020 relacionados con la política de precios de insumos agropecuarios, y el decreto N° 486 de 2020 “por medio del cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo…”, todo ello en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica para afrontar la crisis generada por la pandemia del Covid-19 en el país. Hasta ahora estos son los instrumentos con los que se pretende impulsar la necesaria estrategia de protección al sector agropecuario y rural.

El decreto 486 de 2020 y la resolución 0071 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural están relacionados con una nueva forma de hacer el control de precios de los insumos agrícolas a aquellos que formulen, importen, distribuyan, comercialicen, vendan o realicen, actividades mercantiles con fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario. Lo anterior sustentado con el fenómeno de la volatilidad del dólar en el marco de la pandemia. En últimas, es un mero formalismo para conseguir un monitoreo de los precios más “riguroso”, que no representaría topes o establece límites eficaces a los precios de los insumos.

Por su parte el decreto 486 de 2020 contiene en su esencia cinco medidas que bien vale la pena revisar:

ANALISIS

  • Contempla autorizar al Ministerio para entregar un incentivo de 80 mil pesos a los campesinos y trabajadores rurales mayores de 70 años que tengan aislamiento obligatorio.

Esta medida es por decir lo menos ridícula, indigna e insuficiente. Por un lado, pretender que con 80 mil pesos pueda sobrevivir un campesino o trabajador rural en condiciones de aislamiento en zona rural es un verdadero despropósito en tanto no representa para nada las condiciones materiales mínimas para poder garantizar un confinamiento digno y efectivo.

Estas medidas utilizan mezquinamente a los campesinos mayores con un ridículo incentivo como sofisma de distracción para introducir más beneficios al sector financiero e inversionistas del campo, develando un sesgo para privilegiar a un grupo económico: el sector financiero. En otras palabras, es un decreto no para los trabajadores del campo sino para el capital del campo.

LO QUE PROPONEMOS PARA GARANTIZAR EL MÍNIMO VITAL A LOS CAMPESINOS MAYORES DE 70 AÑOS SE LES DEBE ASIGNAR POR LO MENOS EL 80% DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL POR UN LAPSO DE TRES MESES.

Adicionalmente implementar medidas que limiten el accionar de los intermediarios confabulados con algunos transportadores para que no paguen precios por debajo de los costos de producción; no basta el Control de precios para evitar la especulación y el acaparamiento en los centros de consumo, las  medidas y controles se deben implementar en coordinación y articulación con las entidades territoriales y las asociaciones campesinas, para el control de los costos de insumos, transporte y los precios de compra y pago oportuno a los campesinos especialmente donde existan intermediación y grandes comercializadores.

Nuestros campesinos son la primera línea de abastecimiento alimentario, son el primer eslabón y principal actor en la producción de alimentos, merecen una especial atención y protección. Por ello el Ministerio de Agricultura debe tomar medidas para garantizar el abastecimiento alimentario y proteger la economía campesina, familiar y comunitaria, generando mecanismos excepcionales para ello y estar vigilante ante los abusos y vulneraciones de los derechos campesinos que se puedan presentar relacionados con la producción alimentaria y la economía campesina, familiar y comunitaria. La participación de las asociaciones campesinas (enfoque territorial) posibilita una lectura y una interpretación correcta de la realidad que viven y sufren cotidianamente. No se los puede, ni se los debe invisibilizar, ni legislar como si el país fuera homogéneo en su problemática social, económica, cultural y ambiental.

La persistente desigualdad, pobreza y el constante abandono del Estado al agro, se constituyen en obstáculos para enfrentar el reto de abastecer de alimentos, en un ambiente tan difícil como el actual. Es importante no olvidar que Colombia tiene 42.3 millones de hectáreas para el uso de la producción agraria, de las cuales el 80% se destinan a la producción ganadera, es decir, 33.8 millones de hectáreas, el 20%, o sea 8.5 millones de hectáreas se usan para la agricultura, pero solo 1.4 millones de ellas son destinadas a la producción de alimentos para el consumo en el país, las restantes 7.1 millones son usadas para la producción de grandes cultivos de caña, palma y café, que son exportados.

La tenencia de la tierra y el avance del latifundio nos muestran que el 0.4% de la población posee el 46% de la tierra. Mientras que cinco millones de campesinos se encuentran ubicados en 1.4 millones de ha., es decir, aproximadamente 3.57 ha. por familia campesina. Sumado a las difíciles condiciones que se presentan para la producción, el 65% no accede a la asistencia técnica, ni maquinaria, ni créditos. Se presenta un 15% de analfabetismo, el 80% de los niños no acceden a la educación, el sistema de salud es inexistente, las vías secundarias y terciarias en pésimo estado, sumado a la persistencia del conflicto armado y al asesinato sistemático de las y los líderes sociales, entre otros aspectos.

La importación de alimentos es otra causa de preocupación para el campesinado. Colombia importa catorce millones de toneladas de alimentos, como leche (En el presente año, 2019, solo en los primeros 3 meses entraron al país 22.305 toneladas de productos lácteos por $49.6 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, registrándose un incremento en las importaciones de un 53%), maíz, papa, arroz, lenteja, frijoles, entre otros productos, que en un país verde como Colombia tenemos la capacidad de producir. El gobierno debería eliminar los Tratados de Libre Comercio y apoyar la producción nacional con subsidios al campesinado. El gobierno es el responsable de la quiebra de los productores y debería crear un plan de subsidio real a la producción. Estamos importando una proporción muy alta de alimentos con un precio muy elevado de las divisas, que no se esperaba, y con una caída fuerte del precio del petróleo, lo que limita las inversiones en servicios e infraestructura. El gobierno debe pensar en asegurar la dotación de tierras e insumos y financiar compras por adelantado de las cosechas, y junto con ello fortalecer, desarrollar y consolidar, las organizaciones campesinas. La utopía basada en los TLC como fuente de desarrollo y empleo está totalmente desvirtuada por las cifras: estamos importando mucho más de lo exportamos, lo que se traduce en un déficit en la balanza comercial de US$10.769 millones. (DANE 2020).

 Se debe buscar mantener la estabilidad de los precios y privilegiar la oferta interna agrícola a las importaciones de alimentos. En Colombia, las agriculturas familiar y campesina representan más del 70 por ciento de la producción y son los principales abastecedores de los alimentos. En un contexto tan volátil como el que se avecina, mal haría el país en sacrificar su seguridad y soberanía alimentaria a costa de importaciones de alimentos, como la que se promueve en el reciente Decreto 523 del 7 de abril de 2020: “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya”.

Si en la actualidad, ante tanta desigualdad y pobreza, los campesinos logran producir el 43% de los alimentos que consumimos, si existiera un real apoyo, el país entraría en otra etapa de desarrollo para que los campesinos y los consumidores gozaran de alimentos de calidad a menor precio.

ii) Alivios financieros a los deudores del Banco Agrario y líneas de crédito Finagro a pequeños y medianos productores. Estas medidas contemplan alivios de intereses e incluso la condonación de parte de lo prestado.

Es vergonzoso que se utilice la pandemia para beneficiar a los bancos, garantizándoles el pago de los servicios financieros a cargo de las líneas especiales de crédito agropecuario, dirigidas indistintamente a grandes, medianos y pequeños productores. Adicionalmente, con los recursos de los colombianos se comprarán las grandes carteras de los bancos a nombre de los productores agropecuarios. Esto no se compadece con las ganancias del sector financiero que han superado los 88 billones de pesos en el año 2019.

UTILIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 2016-2019

Millones de pesos constantes 2019

  AÑOS
TIPO DE ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL, POR ENTIDAD  DEL PIB  
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 13.978.676 8.895.280 12.112.856 13.053.787 48.040.598 4.52  
FIDUCIARIAS 23.840.553 20.719.934 7.296.155 26.399.151 78.255.793 7.37  
FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS 18.801.720 33.313.938 1.198.853 43.884.840 97.199.351 9.15  
SECTOR ASEGURADOR 1.980.551 2.040568 1.872.758 2.331.193 8.225.069 0.77  
INTERMEDIARIOS DE VALORES 738.125 116.036 81.996 2.945.697 3.717.862 0.35  
  59.339.624 65.085.756 22.398.626 88.614.668 235.438.674 22.16  

Fuente: superintendencia financiera, 2016 a 2020

El sector que lideró el crecimiento en 2019 fue el financiero (banca, compañías de seguros, fiducia, fondos privados de pensiones, comisionistas de bolsa). En 2019, por ejemplo, solo los establecimientos de crédito obtuvieron utilidades por 13 billones de pesos y el total de las entidades del sector 235 billones de pesos. Le siguen en importancia los sectores de administración pública y comercio (transporte y hotelería), esfera de la economía donde se concentra gran parte de la informalidad, el rebusque, el trabajo por horas, etc.

iii) Se abrirán nuevas líneas de crédito para los productores afectados por la crisis; estas líneas especiales de crédito agropecuario pueden cubrir los costos y gastos financieros asociados a dichos créditos.

iv) Se autoriza al Fondo de Solidaridad Agropecuario, FSA, para comprarle a los bancos la cartera de los productores beneficiarios de este decreto

Por ahora, a partir de las cifras oficiales, es imposible conocer cuál es la cobertura de estos programas sobre los 725.000 productores que de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario – CNA residen en el área rural dispersa de nuestra geografía. Sin embargo, un informe de la Superfinanciera advierte que, a junio del 2019, el 33,9 por ciento de la población adulta en municipios rurales y 44,7 por ciento en municipios rurales dispersos no tiene acceso a servicios financieros.

La medida hace disponible 1 billón de pesos en créditos para pequeños agricultores a las tasas más baratas del mercado al DTF -1 por ciento, eso es 3.5 por ciento, una tasa de interés que está incluso por debajo de la inflación, o sea que en términos reales estamos hablando de una tasa que podría estar en el 0 por ciento.

La medida ayuda, pero es claramente insuficiente, en la medida que de acuerdo con los resultados del último Censo Nacional Agropecuario: casi el 90 por ciento de los productores no accede a crédito en Colombia.

Las causas son ya conocidas de vieja data, según La Misión para la Transformación del Campo: “Los altos costos de transacción, sumados a los bajos ingresos, la alta informalidad, la poca educación financiera y los problemas de tenencia de tierra de la población rural dificultan el desarrollo de modelos de negocio costo-eficientes y sostenibles para las entidades financieras. De esta manera, muchos de los servicios a disposición de la población rural son relativamente caros o rígidos. En Colombia, por ejemplo, solamente 36,4 por ciento de los hogares del campo tiene tierra propia y la participación de los ocupados por cuenta propia y familiares no remunerados en el empleo se ubica en el 57,3 por ciento, cifra que es cerca de 20 puntos porcentuales superior a la de las ciudades y aglomeraciones. Estos factores han incidido históricamente en la desconexión de la población rural con el sistema financiero formal del país” (2016).

¿Qué sentido tiene emitir un crédito, conociendo los limitantes de dichos esquemas para las áreas rurales dispersas, específicamente para poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que seguramente serán los grupos más vulnerables en un contexto de pandemia?

La explicación la da la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: AQUÍ SE ESTA COCINANDO OTRO AGRO INGRESO SEGURO APROVECHANDOSE DE LA PANDEMIA.

  • En la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la emergencia, grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los $226 mil millones colocados hasta la fecha.
  • Así lo revela seguimiento de la CGR a las colocaciones de recursos por parte de Finagro:

Cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas.

Así lo evidenció la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector agropecuario, al examinar detalladamente el comportamiento de las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Finagro es uno de los mayores colocadores de crédito oficial en el país y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, sus colocaciones en total superan los $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, que son personas con activos superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales.

Los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.

Productores agropecuarios son los menos beneficiados

En un análisis sobre el tema, el equipo de trabajo de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró que de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

El informe detalla que de los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

Los recursos se colocan -explica el documento- sin controlar la afectación por la emergencia y su destinación, de tal manera que no surte efecto lo dispuesto por la CNCA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) y la Circular 11 de Finagro, que estableció que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización.

A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR.

De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo.

Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en el hecho de que Bogotá concentra el 35.6% de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24% de municipios han tenido acceso al crédito.

Y un reparo de fondo hecho por la Contraloría es que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario no contempló como requisito la demostración de la afectación de los solicitantes del crédito y Finagro partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores.

El fiscal general, Francisco Barbosa, acaba de firmar la resolución 0525 en la que solicita que el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que por reparto corresponda, asuma hasta su culminación el conocimiento de las investigaciones relacionadas con el aforado ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea. Según el documento firmado por Barbosa se trata de indagar presuntas irregularidades en la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada en el marco de la emergencia sanitaria por orden Presidencial, mediante decreto 486 del 27 de marzo de 2020.

v) El Ministerio puede realizar contratos de manera directa para garantiza el abastecimiento alimentario y de productos e insumos agropecuarios y lo podrá hacer con los administradores de las 16 cuentas parafiscales del sector agropecuario.

Es inaceptable, Sr Ministro de Agricultura, que a más de las gabelas que se le han dado a los gremios del agro, los mismos que administran cerca de 800 mil millones de pesos al año en cuentas parafiscales, ahora podrán ser los contratistas privilegiados del ministerio de Agricultura y sus entidades; es decir que la SAC, Fedegán, Fedepalma, etc., podrán ser los que el ministerio contrate directamente para garantizar el abastecimiento alimentario del país, desconociendo a los responsables del 60% del abastecimiento alimentario: los campesinos y haciendo nuevamente tabla rasa del enfoque territorial y la gobernanza participativa preconizados por la misión rural.

Nuestra propuesta es que el Ministerio de Agricultura debe intervenir de inmediato, los fondos de las 16 cuentas parafiscales del sector agropecuario y destinar recursos para proteger los sistemas de producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, que son organizados y gestionados por familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que conviven en los territorios rurales del país.

Urge, que el Ministerio implemente perentoriamente las compras públicas locales de alimentos y la promoción de circuitos cortos de comercialización, para promover la inserción de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, ECFC, en cadenas de valor locales, regionales y nacionales a través del aprovechamiento de esquemas alternativos de comercialización contado para ello con los entes territoriales y las asociaciones campesinas.

Implementar un plan o estrategia para garantizar las condiciones de salubridad, la protección de la salud, integridad y la vida de los campesinos que adelantan sus labores de producción en el marco del abastecimiento y seguridad alimentaria del país.  Implementar protocolos de bioseguridad en las distintas etapas (producción, postcosecha, acopio, distribución y comercialización) que minimice el riesgo en los medios de acopio, transporte y formas de comercialización y/o distribución en general.

Las administraciones locales y el Gobierno nacional deben repensar los circuitos de comercialización integrando a los mismos a los actores principales: los campesinos.

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