La doble calzada: todo problema tiene una solución.

Por: Omar Raul Martinez Guerra

Está  claro que una fuente  incuestionable retardataria  para  el  desarrollo social y económico nariñense, lo es el rezago histórico en sus  vías. No se han modernizado, o inexisten. Son evidentes en nuestros campesinos las penurias  al comercializar  sus productos agrícolas, por senderos y trochas. Esa es la razón   preferente hacia   sembrar coca, quiérase o no. Les es más barato y más fácil y  aseguran un ingreso muy superior. Aun así, difícilmente  logran salir de la pobreza. Ante  esa disyuntiva  aceptan sin dudarlo  la sustitución de cultivos ilícitos, volviendo a  la siembra de sus productos tradicionales, cuyo mercadeo  se optimiza  con vías terrestres amplias y pavimentadas.

A diferencia de gran parte del País, Nariño cuenta con perniciosa  tardanza en carreteras. La vía al norte, un carreteable, se construyó gracias a  los afanes de la guerra con el Perú, hace 84 años. Se pavimentó,  modificó  y acortó 40 años después. Vamos para una centuria  sin conocer   una doble calzada. Hablar de autopista puede ser pretensioso. Ante eso la modernización de la ruta a la frontera  debió constituir la más gratificante noticia al iniciar el  milenio, a pesar del perverso recorte de la capital a Catambuco.

Sigo en los medios  las noticias de la firma concesionaria,  y no me canso de recrear  el corto video del viaducto que reemplaza el histórico pero vetusto puente sobre el  rio Guaitara; y lo hago bajo el placer ensoñador viajando a las Lajas por la primera y única autopista posible  sobre  suelo sureño, sobrepasando al vuelo los campos a ambos lados, con sus inmarcesibles terrenos geométricos pintados con todos los verdes, cercados entre tres soberbios volcanes, Galeras, Chiles, Cumbal, más sus abismos de vértigo, sus ríos y laderas, sus pinos, eucaliptos y  maizales. Y con  las  siembras rebeldes que no cedieron  sus campos a  la voracidad de los tratados de libre comercio Internacional. Los TLC firmados  causantes de la reducción de   los cultivos ancestrales de trigo, maíz y cebada,  ahora  importados  desde el  extranjero tras   una competencia insostenible.

Pero dado que la dicha es efímera, me entero del gravísimo riesgo por  suspender  el tramo San Juan- Ipiales. Sabía de las voces reclamando  derechos ancestrales sobre las tierras y también sobre afortunados  acuerdos. No ha sido posible  conocer las minucias jurídicas, más allá de lo consagrado en la Constitución Política y  las normas reglamentarias  en materia de derechos a la consulta de los pueblos indígenas.

 En  el común de la gente, construir una hidroeléctrica mediante  una represa inundando  vastos territorios habitados por minorías étnicas, forzándolos a salir de los mismos, es una decisión infausta por violatoria de los elementales derechos a la vida. Pero este, cual simple silogismo  derivado del sentido común, resulta distinto  cuando la obra civil es una vía para acortar las distancias, reducir el tiempo de traslado, (si es cierto que el tiempo es oro), potenciar la capacidad de carga,  disminuir  costos y mejorar los ingresos, eliminar los odiosos trancones, fomentar el turismo y hasta mejorar el estado de ánimo, mientras se viaja.

 De  ser inexacto  esto, ningún proyecto  sería justificable. Si aún no es tarde, valen la pena todos los esfuerzos posibles y no tan imposibles,  procurando  superar las agrieras de una confrontación perniciosa, improductiva y  claramente  perjudicial para la población entera, sin distinción alguna.

Ecuador es nuestro referente más cercano. En tan solo 10 años  se modernizó la red nacional de carreteras como nunca se había hecho en dos siglos, pródigos en incapacidad, desgreño, politiquería y corrupción. El pais hermano demostró que el mal no se encuentra en la carencia de recursos sino en el manejo tramposo de ellos. Atravesar desde la frontera hasta Guayaquil en automóvil o bus  tiene  la gracia de aventura mágica vivida con la compañía de   nevados, llanuras, lagunas y montañas. De hecho, las modernas vías pasan sobre  territorios sagrados del gran Otavalo, con su desfile de Indígenas altivos luciendo sus anacos o  vestidos de lujo, sus ponchos de lana, sus sombreros y pachalinas, las trenzas y las alpargatas,  con sus hechiceros tejidos de colores al hombro, esperando viajar  a cualquier ciudad de cualquier nación,  en buses rodantes iniciando periplos sobre la comodidad de sus extraordinarias vías.

Si la discusión  sobre los derechos atávicos amparando   tierras sagradas, ha permitido la anhelada conciliación entre  comunidades indígenas, el Gobierno y los constructores, la ubicación de un peaje parece ser el escollo faltante. Es problema de un peaje entre San Juan e Ipiales, según se puede leer,  un motivo supuestamente insalvable, al extremo increíble  de ver amenazada la continuidad hasta la frontera. El peaje, el problema perfecto que le hacía falta a la solución en marcha.

La noticia se difunde no sin  curioso retraimiento, con pocas semanas de diferencia, en tierras de Antioquia, inaugurando el  túnel de 8 kilómetros entre Medellín y Rionegro,  disminuyendo a la mitad el tiempo del transporte hacia el aeropuerto. El túnel más largo de Colombia, financiado con recursos de los  contribuyentes paisas, a un costo en auto de $ 25.000 el  peaje. ¿Podía construirse el túnel sin este impuesto? Malas noticias: No, es inviable. Y resultará infructuoso hacerse en Colombia mientras ese “mal” necesario sea reemplazado mediante una formula diferente a la concesión. Un asunto ciertamente complejo perteneciente a la filosofía y estructura del modelo económico neoclásico vigente, querámoslo o no, en el contexto de un capitalismo globalizado. Por lo pronto nada se ve  diferente por hacer que nos guste, o al menos nos disguste un poco menos.  Indudablemente, nunca  resultará  agradable  el pagar  impuestos, aún a  sabiendas  de cuanto pasa  en los países desarrollados, en donde los impuestos corresponden al 50% de los ingresos, como fórmula para financiar  educación gratuita con todos, salud y demás  servicios.

Aquí se cumple la ley  Mockus: para que todos ganen, todos ponen.

Así es la vida. Hace pocos meses en Catambuco exigían  un retorno justamente a la salida del corregimiento, mientras por   las redes circulaba el llamado a cerrar las llaves del acueducto de Pasto, como mecanismo negociador inaudito.

Dos o tres años antes, la mitad de los recursos previstos para pavimentar la vía desde el Corregimiento de San Fernando hasta Cabrera –  vía a la Cocha-  se perdieron, devueltos al fisco. Los visitantes del frio y hermoso corregimiento de Cabrera, atraídos por su paisaje, su comida criolla y su emblemática iglesia del Señor de la Buena Esperanza,   habrán notado  el tramo desde San Fernando  convertido sin misericordia  en un camino de mulas, con el polvo veraniego  y los charcos invernales. Pero al ingresar a la jurisdicción de Cabrera, una vía pavimentada y limpia le da la mejor bienvenida al lugar. Una carretera de 5 kilómetros, financiada ciento por ciento, se quedó a medias. No me pregunten porque. Solo sabemos que no se llegó a un acuerdo. Pasaran los años de la oportunidad perdida.

Es penoso reconocer  casos como estos, cuando el beneficio social  es   supeditado  a una indemnización no suficientemente justificada, contraria al principio fundamental de la democracia: el bien común prima sobre el particular. Suena bonito. Para no   referirse al estruendoso fracaso de la vía hacia el aeropuerto Antonio Nariño, que según mis fuentes, debióse también  a la instalación de un peaje.  Ojalá no se replique esta desdichada experiencia en el tramo final de la doble calzada. Suficiente condena se tuvo ya con desconocer el tramo hasta  Catambuco. No obstante lo grave, impera un chocante silencio entre dirigentes, gobernantes, políticos, gremios, empresarios, sindicatos, ongs y ciudadanos. Sería imperdonable repetir  la oprobiosa costumbre que en Nariño ha hecho carrera, según la cual,  a toda  solución le buscamos su correspondiente problema.

Bogotá, septiembre 27 de 2019

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