La JEP, entre la paz y la justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instalada con la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se enfrenta especialmente a tres dilemas: el equilibrio entre el derecho a la paz y el derecho a la justicia; el derecho a la verdad y reparación para las víctimas del ayer y las del mañana; y la necesidad de satisfacer a la sociedad.

Así lo considera el historiador Eduardo Pizarro Leongómez, quien participó en uno de los paneles del primer seminario itinerante “Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia”, organizado por la Universidad de La Sabana, la JEP y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Durante la instalación del evento, el profesor Ricardo Peñaranda, director del Iepri, sostuvo que el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC representa un cambio en el modelo de negociación, primero porque se tiene muy en cuenta a la sociedad civil, en especial a las víctimas, y, a diferencia de los anteriores, este pacto no concluye con una amnistía, sino que va a referendo y se instala la JEP.

Por su parte, el doctor Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, resaltó la importancia de la JEP y el trabajo que desde la universidad se está llevando a cabo sobre el proceso de posacuerdo.

El seminario se dividió en dos paneles: “Trayectoria y características de la justicia transicional en Colombia”, moderado por el profesor Peñaranda, y “La justicia transicional frente a las expectativas de la sociedad colombiana”, moderado por el docente Iván Garzón, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana.

En el primer panel participaron Danilo Rojas, magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, el historiador Jorge Orlando Melo, y el jurista Nicolás Carrillo Santarelli.

Para el historiador Melo, el problema es que siempre se ha justificado el uso de la violencia: “desde la colonia los españoles mataron indígenas y era legitimado; en el siglo XX se hace la guerra a nombre de una sociedad justa. Es necesario eliminar la justificación de la violencia; la guerrilla debe aceptar que su guerra no fue justa y el Estado debe reconocer que la persecución a la izquierda tampoco lo fue”.

Por su parte el profesor Pizarro se refirió así a las víctimas y el cambio de modelo: “en el mundo se han presentado varios ejercicios de justicia transicional; el acento se pone en las víctimas y en sus derechos. En Colombia este modelo comienza a implementarse en 2005 con la Ley de Justicia y Paz”.

A su turno, el magistrado Rojas explicó en qué consiste la JEP, qué trabajo está desarrollando y a qué retos se enfrenta: “el corazón del Acuerdo de Paz son las víctimas. Además se crea un sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, del que forma parte la JEP. Esta tiene varios retos, entre ellos contribuir con la paz en el país a través de la legitimación de sus decisiones y ser un modelo de justicia para otros conflictos en el mundo”.

Por último, el jurista Carrillo recopiló las intervenciones anteriores y acotó que es muy importante acabar con las justificaciones de la violencia, y resaltó la importancia de la JEP y la necesidad de seguir con este proceso, que es largo.

La JEP y la sociedad civil

En el segundo panel participaron la filósofa María del Rosario Acosta y la politóloga María Emma Wills, quien considera que “es indispensable seguir escuchando a las víctimas, aunque estemos saturados de historias de dolor y sufrimiento, pues en ellas encontramos una pedagogía moral. Las víctimas también nos enseñan ejemplos de resiliencia”.

La experta también habló de los aportes de la academia: “la JEP y otras instituciones trabajan con archivos, pero a la vez crean archivos y es allí donde la academia debe aportar a la reflexión y lectura de estos documentos. Hay que transformar la normalización del conflicto”.

Por su parte la filósofa Acosta resaltó el deber que tenemos como sociedad civil en el contexto de la justicia transicional: “aunque generalmente la responsabilidad de la memoria histórica recae sobre el Estado, es un deber de todos escuchar para acabar con las normalizaciones de los hechos”.

Está jornada forma parte de una serie de siete encuentros que se realizan en diferentes lugares del país. El siguiente se llevará a cabo el 14 de noviembre en la UNAL Sede Manizales, con la moderación del profesor Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos de la UNAL Sede Bogotá.

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