La prohibición de la dosis mínima y la solución del sofá

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos*

Para muchos es conocido el famoso dicho de la “solución del sofá” que nace de la siguiente historia: El esposo se da cuenta de que su señora lo traiciona todos los días con otro hombre y sostienen relaciones sexuales en el sofá de la sala; entonces el esposo para solucionar este problema vende el sofá.

Algo similar sucede con el decreto 1844 de 2018, mediante el cual se prohíbe la dosis mínima en todo el territorio nacional. Esta según el gobierno “es una medida administrativa para incautar la droga que porte o consuma un ciudadano en un espacio público”. Para ello, el decreto menciona que la autoridad competente procederá a oír en descargos al presunto infractor; si se encuentra responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, procederá a imponer en todo caso, la medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar, pero también deberá cancelar una multa de alrededor de $200.000 pesos al Estado colombiano.

Con esta medida el gobierno afirma que combatirá ese flagelo que atenta contra la sociedad y representa la destrucción de muchas familias. Nada más alejado de la realidad, pues históricamente las prohibiciones lo que han hecho es volver rentables los negocios de las drogas y del alcohol.  Lo que realmente hace el decreto es discriminar, de una u otra forma, a la población adicta, a la cual no se debe catalogar como delincuente, sino como personas que padecen  una  enfermedad muy difícil de sobrellevar como es la adicción a las drogas.

El decomiso  lo  único que genera es que el adicto vuelva a comprar la dosis, lo cual eleva la demanda de estas sustancias y por lo tanto eleva los precios de este negocio ilegal de acuerdo a las reglas del mercado. Por ende, acontecerá lo que siempre ha sucedido. Según versiones de algunos consumidores, el policía espera en la esquina del expendio de droga a que el adicto salga, para luego capturarlo y en muchos casos ser maltratado y/o extorsionado. Por el contrario, no ejerce ninguna actividad sobre el expendio de drogas, debido a que en muchos casos se cobran coimas por permitir su funcionamiento.

De este modo, no se afronta el problema de la adición como un problema de salud pública, por el contrario se deja esta responsabilidad en manos de la Policía, cuando este debería abordarse desde la óptica de lo “pedagógico y terapéutico”. Por esto, el decreto se quedó corto en aspectos de prevención y de tratamiento clínico y psicológico para los adictos. E incluso, se fundamenta más en el “derecho de castigar” (ius puniendi) que es la discriminación a través de la selección de los más vulnerables, en este caso por su condición de adicción.

El decreto presidencial adicionalmente es abiertamente inconstitucional porque va en contra de la doctrina de la Corte Constitucional, sentada en la sentencia donde el Magistrado Carlos Gaviria fue ponente en el año de 1994, en la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las leyes que imponían 30 días de cárcel, multa y reclusión obligatoria en un centro psiquiátrico a cualquier colombiano que llevara, tuviera o consumiera drogas. En dicho fallo se estableció que sancionar a los consumidores de drogas con el argumento de que son un peligro para quienes los rodean es establecer una discriminación arbitraria. De igual manera violaría la doctrina de aprovisionamiento acogida por la Corte Suprema de Justicia aprobada mediante Acta N° 209 de fecha julio ocho (8) de dos mil nueve (2009) con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas y ratificada en sentencia SP2940-2016 de 09 de marzo de  2016, donde reiteró “que el porte de sustancias estupefacientes ligeramente mayores a la dosis mínima (aprovisionamiento) no es un delito, si es para consumo o si es la cantidad que una persona como enferma necesita”  y la sentencia SP3605-2017 de 15 de marzo de 2017, donde expresó: “Que el querer del constituyente, como claro desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano, así como los desarrollos legislativos con las Leyes 1453 de 2011 y 1566 de 2012, permiten evidenciar la despenalización del porte de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas en la cantidad prescrita por el médico o en la que se demuestre que la persona necesita, habida consideración de su condición y situación personal de consumidor, adicto o enfermo, esto es, una dosis, cuya cantidad debe ser representativa de la necesidad personal y de aprovisionamiento.

El problema de estos gobiernos fundamentalistas, es qué basan sus mandatos en la represión y no en la prevención o en la educación de un nuevo ciudadano. Delegan la mayor parte de sus responsabilidades y esfuerzos en la facultad sancionadora del Estado (ius puniendi), con el cinismo de decir que no se cuenta con los recurso suficiente para construir cárceles para resocializar a los presos. Recordemos que en el artículo cuarto de la Ley 599 de 2000 se establecen como fines de la pena, la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. En fin, tarde que temprano la sociedad volverá a recibir al individuo, y si este no ha sido resocializado todos asumiremos nuevamente esa carga.

En nuestro siguiente artículo elaboraremos un análisis completo del “ius puniendi” como un límite del Estado, o como la última Ratio (Razón Ultima).

Finalmente, consideramos que lo que se debió prohibir, era el consumo de estupefacientes en lugares públicos o en situaciones que afecten a terceros, y por supuesto, el porte de esta sustancia por encima de la dosis mínima o de aprovisionamiento.

*Abogado

Especialista en Instituciones Jurídico Penales

Universidad Nacional de Colombia

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