La vía a Rumichaca y los diálogos en la víspera del funeral

Por: Omar Raul Martinez Guerra

Tengo en mi haber tres  versiones sobre el descalabro  en la construcción de la doble calzada del aeropuerto Antonio Nariño a la ciudad de Pasto. La primera, dada por un erudito  conductor de taxi, quien sostenía que los grandes constructores no aceptaron una obra que costaba 300.000 millones de pesos, pero cuyo presupuesto apenas llegaba a los 180.000.000. Ganó la opción más barata. La segunda, que todo se debió a la oposición para instalar un peaje. Y la tercera, que los propietarios de los pequeños negocios en el tramo limitante con Chachaguí, se opusieron radicalmente a que una nueva vía afectara la ubicación de sus tiendas y restaurantes. Una vez más, el bien particular por encima del beneficio común.

Años después, la realidad nos dice que la peor vía de comunicación terrestre en Colombia entre una capital de departamento y su aeropuerto tiene nombre propio: la carretera aeropuerto, Chachaguí – Pasto. Es famosa hasta por saber que alguien contabilizó con precisión aritmética el número de curvas, 333, en un tramo de 35 kilómetros. Casi 10 de ellas por cada kilómetro. De hecho, es  menor el tiempo empleado en viajar desde Bogotá al Antonio Nariño en un Airbus 319, -850 kilómetros en 45 minutos- , que hacerlo en carro desde el aeródromo hasta Pasto, sorteando la fila de tractomulas, buses y todo tipo de vehículos de mayor peso y lentitud. Pasar en doble línea amarilla o hacerlo en una curva cerrada es una de las peligrosas costumbres de todos los días, cuando el afán o la tensión desesperan, por encima del cuidado a la vida del o los pasajeros.

La caricatura  de la segunda calzada hace parte hoy del paisaje. A poca distancia se alcanza a observar un carreteable amenazado con ser devorado por la naturaleza. No es una obra a medias. Es un fracaso completo, del cual  poco se habla y menos se sabe, y, sobre todo, del que  nadie se hace responsable. En el año anterior las autoridades locales anunciaron la inversión de 15.000 mil millones para unir mediante un puente los dos tramos. Tratándose de  una noticia en vísperas de elecciones, nada pasó, ni siendo una baratija.

En el caso de la esperada doble calzada a Rumichaca, no existe la versión de presupuesto insuficiente, que es el más grave tropiezo en materia de obras civiles, pero a juzgar por las circunstancias, si hay coincidencia  con las referidas al principio de esta columna, como lo son la ubicación de un peaje y la oposición de una comunidad bajo argumentos que según un joven concejal de Ipiales, se resumen en 43 puntos, que en el entredía se extendieron a 45.

Hace casi un año, el 5 de octubre de 2019, me enteré del riesgo de suspender la obra en el trayecto San Juan a Ipiales, por declaraciones de la gerente de la concesión. Escribí para este mismo portal una columna que con las mejores intenciones- es lo que presumo- fue editada en su titular. Originalmente decía: “La doble calzada: a cada solución se le tiene su problema”. Típico en Nariño.  Planteaba entonces la necesidad de un dialogo civilizado entre Gobierno, concesionario y comunidades indígenas. Suplicaba casi la intervención del gobierno (departamental y municipal), los gremios, la clase política y hasta de  la iglesia. Avizoraba las consecuencias nefastas en la economía y el desarrollo social de Nariño, en caso de una posible interrupción, y hasta  ponía de ejemplo los acuerdos que permitieron al país vecino tener una de las mejores redes viales de Latinoamérica, bien capitalizadas  por los hermanos indígenas ecuatorianos. Vanas ilusiones.

Hoy tuve la oportunidad de ver los paneles virtuales organizados por el director de Pagina10.com. Me detuve algo más en “¿Una doble calzada completa o incompleta: Posiciones encontradas?”, con la intervención de cinco ciudadanos y su moderador. Al final de los  paneles, me agradecí a mí mismo la paciencia para escuchar con atención las exposiciones, debido  a la buena iniciativa del medio de comunicación por ventilar en público los asuntos de interés general. Comparto algunas impresiones personales, nada optimistas.

Un viejo proverbio chino dice: “En la vida hay tres cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida”. No parece sensato esperar a una discusión que lleva 4 o 6  años enteros pueda resolverse en 20 días finales. A menos que ocurra un milagro, el nuevo malogro está anunciado, no habría doble calzada en el tramo final de Ipiales. Remitirse a un pasado irremediable para quejarse de que el trazado no era el adecuado, de cuanto se hizo o no se hizo, es por lo menos improcedente.

Pero cuanto  más llama la atención es el celo presente en  las conversaciones entre las partes. Un periodista  afirmó que estas se dieron a puerta cerrada, como si el derecho constitucional a la consulta previa ordenara que los asuntos de interés público fueran manejados en secreto. El mismo periodista sostuvo que esta actitud afectó la credibilidad de la gente, al dar lugar a  juicios, prejuicios  y suspicacias sobre la naturaleza de los intereses de los cabildos y las autoridades indígenas. Ojalá  nada de eso fuera cierto. Pero la verdad será una sola y tendrá que conocerse. Al respecto, otro de los participantes considera que las diferencias entre cabildos y autoridades con las comunidades indígenas son reales, encontrando que éstas últimas son partidarias de llevar el trazado completo hasta la frontera.

 Por su parte, el concejal indígena, en representación de las autoridades, sostuvo que los puntos para un acuerdo total y final son 43, a pesar de que en pocos momentos pasó a 45. Ideal haberlos divulgado todos, pero a tiempo. De esos, se refirió a tres en concreto: a. la afectación de un humedal, b. la construcción de redes viales desde las veredas a la nueva carretera y c. el aislamiento de la vía al Santuario de las Lajas por la presunta falta de un deprimido, lo cual  técnicamente parece poco creíble. De manera genérica mencionó la defensa del agua y de la tierra, pero sin explicación específica de potenciales riesgos, que en estos casos son los primeros llamados a evitar a cualquier costo, siempre y cuando sean identificados y evaluados.

Un avezado panelista adujo que detrás de todo hay una trampa del Gobierno Nacional y el concesionario, a quienes les interesa suprimir la doble vía por ahorro del gasto. Peor todavía, de ser cierto, porque daría lugar a pensar en que al oponerse se estaría facilitando ese interés. No parece sino una especulación más. En otros paneles, los técnicos responsables de la gestión por parte del departamento expusieron con gran claridad el penoso  viacrucis para conseguir que los funcionarios en Bogotá ampliaran los plazos para conseguir los ariscos acuerdos. De nada sirvieron los plazos, el tiempo y los sempiternos  diálogos, la palabra más desgastada en este caótico proceso.

Al final, la triste  conclusión de la jornada mediática parece ser   que la “doble calzada se quedará con 2 peajes y 16 kilómetros menos”. Inaceptable, incomprensible, irresponsable. Sin embargo,  tal como pasó con la doble vía al aeropuerto de Pasto, en poco tiempo nadie responderá por la oportunidad perdida ni la palabra pronunciada.

Como una reflexión final se me viene a la cabeza las falsas ilusiones montadas sobre la  Constitución Política de 1991. Qué fácil es decir que Colombia es un Estado de Derecho, pero que difícil es entenderlo y ponerlo en práctica. Ni se diga lo ocurrido con el fastidioso manoseo del derecho a la participación. En nuestro medio regional, todo el mundo quiere participar, siempre y cuando lo participativo consista en satisfacer los  intereses de cada quien. El concepto de bien común  es una falacia. Y aquí estriba una de las mayores dificultades para que en regiones como Nariño, nuestro departamento, salga adelante en el concierto nacional. Detrás de todo, subyace una cultura propensa al individualismo, al clan, al grupúsculo político, al partido, al alcalde y al cacique. Vivimos del diario vivir de la queja, del lamento, del “no nos quieren”. El agravio y la descalificación al contrario es una norma, como lo demostraron quienes escribieron los comentarios, en su mayoría con loas endiosadas a sus ídolos, aunque plagadas de errores de ortografía, de redacción y sin ideas ni propuestas, salvo escasísimas  excepciones.

Cuanto quedó en  evidencia es que si hay un acuerdo en 20 días es porque mi Dios es más grande de cuanto creíamos  los mortales, Dudo sobremanera alcanzar el  acuerdo, pero lo celebraría a rabiar si se lograra. De cuanto si estoy seguro es que un proyecto soñado para el bienestar y el progreso de Nariño entero, de no darse,  agudizará la  honda ruptura entre cabildos-autoridades  indígenas de Ipiales  y el resto de la población, cuando lo ideal es la unidad, el respeto y la integración. El gran malestar  se sentirá verdaderamente cuando los millares de viajeros recorran desde el norte gastando la mitad del tiempo de antes, y pierdan el doble del mismo cuando lleguen al cuello de botella en San Juan. O al contrario. Peor aún si es cierto lo de un proyecto que uniría Quito con Bogotá pasando por San Miguel en el Putumayo, el  cual aislaría irremediable a Nariño entero. Acudir a los llamados al dialogo en vísperas del funeral es inoficioso y demagógico. Es ya o nunca.

Nota final: un peaje es un impuesto sobre el uso del suelo que le pertenece al Estado. Nadie se siente gustoso pagando impuestos, aunque a veces compruebe con sus ojos que su plata se ha invertido correctamente y no se la han robado. Con los impuestos recaudados del peaje, el constructor recupera el capital invertido  y saca sus respectivas ganancias, de acuerdo con las leyes del mercado. Ignoro cuáles serán sus valores pero aspiro como todos a un costo sensato. En Ecuador tuvieron los recursos del petróleo para construir sus carreteras sin necesidad de los peajes. Se dice que en Colombia no existen los recursos como los tuvo el pais vecino. Este debería ser un tema de ciencias sociales en séptimo grado, que ayudaría mucho a entender cómo funciona el Estado. Como no se hace, vivimos confundidos y con cierta razón, enojados y peleando entre nosotros mismos.

 De allí la necesidad de que se dé formación política en los establecimientos escolares, para aprender a defender los derechos como ciudadanos y también a cumplir con los deberes, a participar críticamente y a comprometernos solidariamente y responsablemente con las soluciones. A conocer y adoptar la ética, independientemente si se es citadino, indígena, campesino,  afro, mestizo o blanco. A vigilar con criterio el manejo financiero de nuestros impuestos. A participar democráticamente, con argumentos y aprender a ceder cuando el contrario tiene la razón. A elegir a conciencia a nuestras autoridades y dirigentes y a superar las perversas costumbres de vender el voto a cambio de favores que finalmente nos empobrecen más. No debe ser tan fácil, pero se puede.

Bogotá, septiembre 30 de 2020

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