Los malos aires y las políticas públicas

Por: Jonnathan Pérez Santamaría

Geógrafo y Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo

Los colombianos de las grandes áreas urbanas nos hemos habituado a un aire pesado. Esta especie de sonambulismo que nos aqueja desde hace décadas en varios problemas de la sociedad colombiana, como la violencia, hace que temas como la mala calidad del aire solo se toque en ciertas temporadas cuando la contaminación es más evidente. Y aunque este texto se une a la tendencia, tratará de ofrecer elementos que pretenden ampliar la discusión hasta entender la forma en que estamos habitando el territorio y las consecuencias de una incierta reflexión sobre las prioridades que debe tener la política pública.

Para comenzar, tengamos en cuenta que tan solo Bogotá y Medellín suman el 25,89% de la población de Colombia. Que el PIB de Bogotá representa el 25,71% de la economía nacional (DANE, s.f.) y que una buena parte del resto se concentra en áreas urbanas como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Por otro lado, Bogotá y Medellín han activado las alertas naranja y amarilla en varias oportunidades por la contaminación atmosférica, lo que redunda en la calidad del aire y, por ende, en la calidad de vida de los ciudadanos y en altos costos contables y de oportunidad para el país, más allá de lo económico.

 En las últimas décadas hemos visto cómo el crecimiento de las ciudades, el transporte, la industria y demás actividades humanas[1] tienen un efecto directo en las condiciones atmosféricas (García, 2018). El uso de combustibles fósiles y la producción constante de bienes han causado el aumento de sustancias que afectan la salud. El crecimiento económico de las últimas décadas ha dependido de una industria que tiene un fuerte impacto ambiental, como lo es la petrolera. Y las políticas públicas parecen cojear en asuntos complejos como la contaminación atmosférica.

A partir de un estudio del Instituto Nacional de Salud, El Tiempo (2019) publicó una noticia en la que se expuso que el mayor causante de muertes en Colombia de todos los factores ambientales es la calidad del aire. En el estudio se menciona que, sumando las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infartos causadas por material particulado, son 11.152 personas fallecidas. En conclusión, esta cifra representa el 64% de la mortalidad y está por encima de la causada por contaminación del agua. En consecuencia, esta cifra corresponde al 9% de las muertes no violentas en las zonas donde se hace medición y monitoreo (DNP, 2017). (Ver mapa anexo)

En Colombia, las emisiones de fuentes móviles superan en gran medida a las emisiones de fuentes fijas; respectivamente, 70% y 30% (Gaitán, Cancino y Behrentz, 2007; Rojas, 2007 y Franco, 2012). Las primeras son los vehículos de transporte a motor: camiones, volquetas, motos, buses, autos y taxis; las segundas, Se encuentran situadas en un lugar determinado y emiten contaminantes por ductos o chimeneas: industrias, quemas, viviendas y zonas mineras. Las sustancias que se encuentran en el aire se denominan material particulado (PM), el cual está suspendido en la atmósfera. Estas provienen de diferentes fuentes que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Debido a la variedad de estos materiales, se han clasificado según el tamaño de la partícula: PM10 y PM2,5[2] (García,2018). Entre más pequeñas las partículas, mayor la filtración en el aparato respiratorio y el flujo sanguíneo.

Los estimados por afectación a la salud en el país ascendieron a 12,3 billones de pesos, equivalentes al 1,5% del PIB de 2015 (DNP, 2018). Pero este no es el único costo. Investigaciones académicas en ciudades del continente dan cuenta de otros sectores que también podrían verse afectados en Colombia. Por ejemplo, las estatuas de bronce de Santiago de Chile presentaron un deterioro del 60% del material por acción de los contaminantes del aire en 2008 (Mardones, 2006). La contaminación del aire en Los Ángeles causó en cultivos cercanos pérdidas superiores a USD100 millones en 1996 (Landrigan, Fuller, Acosta, Adeyi, Arnold, Baldé, & Chiles, 2018).

Esta tendencia en la mayoría de las zonas urbanas del mundo no es ajena a Bogotá y Medellín, en donde el fenómeno intensifica la segregación (Rojas, 2007), en parte, por la inefectividad de los instrumentos de ordenamiento territorial (García, 2018). A las diferentes estructuras económicas y de poder parece no afanarles lo nocivo de una atmósfera tan intervenida. Basta pensar en los malos aires que tienen que soportar el ciudadano de a pie o los miles de vendedores informales en las calles del centro de nuestras ciudades. Hay zonas enteras en las periferias urbanas que no tienen un árbol en kilómetros.

Debido a esta problemática, Colombia tiene la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire de 2010. Esta es el resultado de un proceso de largo aliento que inició en 1967 con la instalación de unas pocas estaciones de monitoreo y que desde 1982 entró en la agenda política con la expedición del Decreto 02 de 1982. En la Constitución de 1991 y con la Ley 99 de 1993 se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y la organización del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Por último, el CONPES 3344 de 2005 y el CONPES 3943 de 2018 aseguraron la instalación de un sistema de seguimiento en 76 municipios y la acción conjunta y coordinada de entidades ambientales, de salud, transporte y energía.

Sobre la política se puede decir que cayó en algunos lugares comunes como la articulación interinstitucional y la creación de algunas comisiones, consejos y agencias; algo necesario en todo caso. Sin embargo, el hecho de ser una política ambiental le da un cierto rasgo de innovación, en parte, porque al ser un tema poco regulado, se amplía el rango de acción. Este aspecto permitió a los hacedores de la política pensar en incentivos tributarios y fiscales para la promoción de mejores prácticas y técnicas en la industria, así como un nuevo consumo que modernice el parque automotor. Por otro lado, la política se implementó pensando de forma menos reactiva a través del seguimiento de zonas algunas zonas rurales que podrían verse afectadas.

Pero todavía hay aspectos pendientes como el acercamiento a la población para que se valore cualitativamente el impacto de la política. Como el fenómeno que se quiere resolver es ambiental y tiene efectos directos en la salud de las personas, la aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía legitimaría el proceso y se vería como un elemento educativo en función del valor social. Ahora bien, se pensó en el tránsito a un consumo responsable de bienes más amigables con el medio ambiente, pero la sensibilización no fue un componente que se tuviera en cuenta; esto, pensando en las posibilidades de reeducación y en las huellas indirectas del consumo masivo.

Por otro parte, la cantidad de información y datos ambientales que se están obteniendo mes a mes con las estaciones de monitoreo es administrada por las entidades correspondientes. Sin embargo, no hay la suficiente divulgación al público externo a la política, como es el caso de los académicos. Además, la falta de articulación entre entidades y la deficiente institucionalización de estrategias para la atención y conciencia del problema configuran que la información de los avances de la política no sea de conocimiento público (García-Ubaque, García-Ubaque y Vaca-Bohórquez, 2012 y Green y Sánchez, 2013).

Por último, la política es muy permisiva, en tanto no promueve un tipo de incentivos inmateriales como la investigación para generar tecnologías o procedimientos científicos locales. Los grandes proyectos son vistos como algo exclusivo de grandes economías industrializadas. Aunque uno de los limitantes más usuales es el presupuesto, las políticas se ven en cierto modo limitadas por la poca inversión en sectores que deben ser transversales. El ejemplo más evidente es la baja participación de la ciencia y la tecnología, lo cual obliga a la política a una actualización para involucrar al nuevo Ministerio de Ciencia.

Según el institucionalismo, la oferta de incentivos debe ir acompañada de un estricto cumplimiento de los acuerdos, o se tendrían que aplicar fuertes sanciones a los infractores. La fragilidad del sistema judicial y el lento acercamiento del ordenamiento jurídico a lo ambiental vulneran la misma implementación de la política pública. A diferencia de otras políticas, en las que las normas son un impedimento para la innovación, en relación al medio ambiente pareciera que la innovación está en establecer marcos de comportamiento más limitados. En el futuro es posible que debamos cambiar algunos valores garantizados por el sistema económico y social liberal, hasta el punto de tener que restringir muchas actividades que no están en la misma dirección de la política.

Sin darnos cuenta, hace mucho tiempo el aire tiene precio. La mercantilización de la naturaleza y la vida no tiene límites. De igual forma nos hemos habituado a pensar que el desarrollo económico implica el sacrificio del medio ambiente, pero ¿de qué desarrollo podremos jactarnos en el futuro en Colombia? Razón por la cual, nos tiene que seguir incomodando la pregunta de cómo estamos habitando nuestro territorio, al menos hasta que la naturaleza, la salud y la vida sean las menos sacrificadas.

Bibliografía

Departamento Nacional de Planeación (2017). Informe de resultados de la evaluación y segunda entrega de documentación de las bases de datos. Bogotá: Economía Urbana. Soluciones Públicas y Privadas

Documento CONPES 3344. (2005). Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del aire. Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. Documento CONPES, Bogotá, Colombia

Documento CONPES 3943. (2018). Política para el mejoramiento de la calidad del aire. Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. Documento CONPES, Bogotá, Colombia

Franco, J. F. (2012). Contaminación atmosférica en centros urbanos. Desafío para lograr su sostenibilidad: caso de estudio Bogotá. Revista EAN, (72), 193-204

Green, J., & Sánchez, S. (2013). La calidad del aire en América Latina: una visión panorámica. Clean Air Institute, Washington, DC.

García, D. (2018). Calidad del aire y políticas públicas en Bogotá: una historia de injusticia ambiental. Ideas verdes. Análisis político, Heinrich Böll Stiftung. Colombia, 14

García-Ubaque, C. A., García-Ubaque, J. C., & Vaca-Bohórquez, M. L. (2012). Políticas en salud ambiental, con énfasis en contaminación atmosférica e infancia, en ciudades colombianas. Revista de Salud Pública, 14, 100-112

Gaitán, M., Cancino, J., & Behrentz, E. (2007). Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá. Revista de Ingeniería, (26)

IDEAM. (2016). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2011-2015. Bogotá D.C.

Landrigan, P. J., Fuller, R., Acosta, N. J., Adeyi, O., Arnold, R., Baldé, A. B., … & Chiles, T. (2018). The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet, 391 (10119), 462-512

Mardones, C. (2006). Impacto de la Percepción de la Calidad del Aire sobre el Precio de las Viviendas en Concepción-Talcahuano, Chile. Cuadernos de economía, 43 (128), 301-329

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Informe de seguimiento al plan de acción de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire

Rojas, N. Y. (2007). Aire y problemas ambientales de Bogotá. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia

Anexo

[1] No solo las actividades humanas repercuten en las condiciones atmosféricas. Los volcanes, los incendios forestales y la descomposición de materia orgánica son emisores naturales de sustancias a la atmósfera. Sin embargo, lo antropogénico tiene un mayor impacto, principalmente en las ciudades con altas concentraciones de población.

[2] Incluso se hacen mediciones de nanopartículas (o,1 micrómetros), pero estas no son monitoreadas en Colombia.

Comentarios

Comentarios