Nueva sanción por no ejecutar proyecto de regalías.

Los recursos de regalías son para ejecutarse. Por muchos años el departamento de Nariño sufrió por no contar con los recursos necesarios para resolver los problemas de sus habitantes. Desde su creación, las regalías se convirtieron en el principal aliado del desarrollo para la región, ya que con estos recursos se han podido financiar proyectos importantes como la vía Junín- Barbacoas, fortalecer la universidad de Nariño, circunvalar al Galeras, etc.

La administración pasada tuvo una gran falencia en materia de aprobación de proyectos, lo que condujo a que muchos recursos se dejaran en cuentas bancarias del Ministerio de Hacienda, sin lograr que fueran utilizados en la resolución de problemas básicos de muchos nariñenses.

Ahora bien, con nuestra publicación referente a la desaprobación del proyecto de Ambulancias que pretendía resolver las necesidades de habitantes de 28 municipios de Nariño por el valor de 10 mil millones de pesos, se generó un debate sobre la responsabilidad en la no ejecución del proyecto y también se recibió una información crucial para entender el problema.

Respecto al tema de la responsabilidad, se debe señalar que el Sistema General de Regalías creó un mecanismo de sanción por la no ejecución de los proyectos. En este caso, aplicó la que señala el artículo 4.4.3.3 del acuerdo 45 de 2017 que establece la liberación automática de recursos si la entidad ejecutora-gobernación de Nariño- no expide el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, dentro de los tres meses de obtener el certificado de ejecución. Según el informe de empalme de la gobernación, el certificado para el proyecto tiene fecha de 22 de agosto de 2019. Es decir, antes del 22 de noviembre de 2019 debía expedir el acto administrativo de apertura del proceso contractual, cuestión que no pasó. Aquí lo puede constatar. En conclusión, por la no ejecución del proyecto en la anterior administración departamental el proyecto se desaprobó automáticamente.

Además, la administración de Camilo Romero debió informar al actual gobierno que el proyecto fue liberado por no iniciar el proceso de contratación en el tiempo estipulado por la ley, situación que tampoco ocurrió.

Entre la información que recibió Página 10, se encuentra la correspondiente a las  observaciones dentro del proceso contractual en donde según un posible proponente, “el proceso generaba que solo UN oferente llegue a la subasta, ocasionando que se adquieran vehículos de menores especificaciones a las requeridas en la formulación del proyecto GANA y además a un costo TENDENCIOSAMENTE superior”. Este planteamiento genera inquietudes sobre los valores reales y superficiales que manejó la gobernación para la contratación. En aras de mayor transparencia, la administración debía adelantar un proceso en donde se permita la mayor participación de los oferentes con el fin de mejorar las condiciones para la entidad.

 

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