Periodismo, profesión peligro

Por: Tirso Benavides Benavides

El pasado 9 de febrero se conmemoró en Colombia el Día del Periodista, fecha escogida por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para la publicación de su informe anual sobre la situación del ejercicio del periodismo en el país en 2018, informe que lleva el título de “Prensa Acorralada: Un Juego de Violentos y Poderosos”.

El panorama que muestra este documento no es nada alentador. Situación que debe preocupar no solo a los medios y a los comunicadores sino a la sociedad en conjunto debido a que la libertad de prensa, como una manifestación de la libertad de expresión, es uno de los elementos esenciales de una democracia.

Pedro Vaca, Director Ejecutivo de la FLIP, asegura que el año pasado fue el más violento desde el 2006, no el más letal, pero si el de mayor incremento porcentual en el número de casos de ataques de todo tipo contra la prensa y los periodistas. Las cifras son dicientes, con 477 casos registrados el crecimiento es del 53% con relación al 2017 y del 120% respecto al 2016. La agresión más frecuente son las amenazas con 200 casos, seguida de otras formas de ataque a la libertad de prensa como la estigmatización, el hostigamiento, el desplazamiento, daños a la infraestructura, los ciberataques, detenciones ilegales de periodistas y el acoso judicial entre otros.

Con relación a los responsables por estas acciones el informe señala que en su mayoría (180 casos) los ataques provienen de desconocidos. Llama la atención que en segundo lugar, por encima incluso de los grupos armados al margen de la ley, se ubiquen los servidores públicos que entre funcionarios y fuerzas armadas suman 141 agresiones. Este hecho podría explicarse debido al papel de control y de contrapoder que desempeña la prensa libre en un sistema democrático y que no siempre es de agrado de quienes detentan el poder.

Otro aspecto que vale la pena destacar es la intención de algunos de silenciar a la prensa por medio de acciones ante los estrados judiciales. El año pasado fueron 38 los casos de acoso judicial, 171% más que los registrados en el 2017. Lo más común en esta clase de ataques velados al periodismo es recurrir a demandas civiles, a acciones penales por los delitos de injuria y calumnia y a la acción de tutela para proteger los derechos a la intimidad y el buen nombre, con el fin de evitar la circulación de la información.

Por último cabe destacar una modalidad de ataque a la libertad de prensa que muchas veces pasa desapercibida pero que es evidente en las provincias, se trata del manejo de la pauta oficial a través del cual las entidades públicas pretenden tener injerencia en los contenidos y ejercer un control sobre los periodistas que muchas veces se autocensuran para no perder sus contratos de publicidad con el Estado, que en algunas regiones es el principal anunciante.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la arbitrariedad en la asignación de la pauta oficial puede ser una censura indirecta y vulnerar así la libertad de expresión, por eso recomienda a los Estados la reglamentación de este tema. Sin embargo la realidad es otra. Los contratos de publicidad se adjudican sin criterios técnicos, a dedo, dividiendo a los comunicadores en amigos y enemigos de la Entidad y pautando solo con los que hablan bien y se abstienen –para no patear la lonchera- de denunciar cualquier situación negativa, así sea una información de interés público.

Muchos mandatarios y directivos de entidades del estado se olvidan de que el propósito de la publicidad oficial es informar a los ciudadanos sobre la oferta institucional y usan los recursos públicos para darse “auto bombo” y mejorar su imagen, tal vez el caso más conocido sea el del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez que gastó 1.400 millones en un año para destacar su gestión o sin ir más lejos la edición especial de la revista Semana sobre Pasto, cuyo contenido es más cercano a un publirreportaje de la Administración de Pedro Vicente Obando que a un trabajo periodístico y que por supuesto implicó el gasto de unos cuantos millones del erario.

Los ataques de todo tipo y provenientes de todas partes hacen del ejercicio del periodismo en Colombia una actividad riesgosa, muchas veces poco valorada por la sociedad que debe ser la primera en defender a la prensa y de paso su propio derecho a estar informado, algo esencial a la hora de elegir bien y ejercer sus libertades.

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