PND un barco sin brújula

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos*

Antecedentes

En la antigua constitución política de 1886 existía la denominada comisión del plan en el Congreso de la República la cual nunca operó. El constituyente del 91 reguló las comisiones de congreso asignándole a la comisión Tercera Compuesta de quince (15) miembros en el Senado y veintinueve (29) miembros en la Cámara de Representantes, el conocimiento de: hacienda y crédito público, impuesto y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercado de valores; regulación económica, Planeación Nacional: régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro.

Que es el PND

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno que permite la evaluación de su gestión. Nuestra Constitución política de 1991 en su artículo 339 del Título XII: «Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública», Capítulo II: «De los planes de desarrollo», el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación.

El marco legal que rige el PND se encuentra descrito en la Ley 152 de 1994, por medio de la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.

Quién realiza el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

La elaboración, socialización, evaluación y seguimiento del PND es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Quién aprueba el Plan Nacional de Desarrollo?

El documento realizado por el Departamento Nacional de Planeación  se presenta  ante el Congreso de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es ese cuerpo legislativo es el que lo aprueba.

En qué consiste la labor del DNP?

El Director del DNP encabeza, según con las orientaciones impartidas por el Presidente de la República, las labores requeridas para la formulación del plan de desarrollo, con los ministerios, las entidades territoriales, las regiones administrativas y de planificación. Luego de aprobada la ley, el DNP coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación tanto de gestión como de resultados del Plan.

Cuál es la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo?

La vigencia del PND será de cuatro (4) años, que es el mismo periodo presidencial.

Quiénes participan de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo?

Representantes de la sociedad civil con asiento en el Consejo Nacional de Planeación, de los Consejos Territoriales de Planeación, de los gremios, de los grupos  étnicos, del Congreso de la República, de la academia, de los gobiernos territoriales (gobernadores, alcaldes y delegados de subregiones).

Cuál es la metodología utilizada para la construcción el PND?

Consiste en dos fases, la primera establece unas mesas de trabajo regional donde varios representantes mencionados, se reúnen con miembros del Gobierno nacional y de los ministerios para priorizar de manera conjunta las obras que requieren los departamentos, cerrar brechas y fortalecer el crecimiento económico de las regiones.

La segunda fase consiste en unos diálogos temáticos con el sector productivo durante los cuales se abordarán temas como: primera infancia, política de desarrollo productivo basado en  innovación, desarrollo territorial, desarrollo rural agropecuario, educación de calidad e infraestructura.

Cuál es el marco legal que rige al PND?

El marco legal para el PND es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) aprobada por el Congreso de la República de Colombia.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

El pasado 14 de noviembre, el presidente presentó las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que denominó “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”

El Plan de Desarrollo de Duque contempla varias reformas: código minero, sistema de salud, servicios públicos, descentralización y ambiente. Igualmente propone reformas al modelo de infraestructura, transporte, sistema pensional, regalías, y por último toca impuestos.

Reflexiones sobre los temas del plan

Diferentes sectores elaboraron duras críticas la PND de Iván Duque que corresponden a  todas las áreas del Plan. La principal de ellas es que esto es más de lo mismo, no hay nada que nos muestre la intención de fortalecer los principales ejes temáticos que requiere el País como son la educación, ciencia y tecnología, la infraestructura, la seguridad social, la falta de competitividad en el agro, la industria, la consolidación de la Paz y en especial disminuir la brecha de desigualdad; al estar considerado Colombia por la ONU como el tercer país más desigual del mundo, solo superado en esta deshonrosa estadística por Haití y Angola.

Entre las principales observaciones se encuentran:

Los limitados recursos que irían para programas de paz, uno de los componentes obligatorios que dejó el acuerdo con las Farc.

Temas de gran relevancia para el desarrollo de un país como: salud, infraestructura, agro, ciencia, tecnología e innovación, ocupan lugares secundarios dentro del conjunto de temas del texto del PND.

El Artículo 181 que estipula que durante los primeros seis meses de ser publicada esta ley se le darán “facultades extraordinarias” al presidente para crear y modificar entidades públicas. La crítica se da porque el proyecto de Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional debe especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar. El hecho de que el ejecutivo pueda suprimir entidades, crear, reasignar el objeto social y presupuesto acabaría con las funciones del Congreso.

Es inconcebible que en el texto haya una referencia específica al gobierno de Álvaro Uribe Vélez: “En lo corrido de este siglo, Colombia ha tenido uno de los mayores avances de su historia luego de haber escapada, gracias a las acciones emprendidas por el gobierno de Álvaro Uribe de los senderos tenebrosas de la ilegalidad, la violencia y la ausencia de control del territorio”. Esto le quita la objetividad que debe contener un PND convirtiéndolo en un memorial de elogios y no en la hoja de ruta del desarrollo del país.

Otra de las ausencias del Plan Nacional de Desarrollo es la no inclusión de estrategias para reducir la deforestación. En Colombia se deforesta anualmente un área igual al departamento del Quindío.

Se hace necesario lograr nuevos consensos alrededor de temas como la asignación de recursos de inversión y el Sistema General de Regalías.

Es desproporcionado proyectar un crecimiento promedio de 4,1% para el periodo 2018-2022, cuando en los últimos 4 años el promedio fue de 2,7%, en un contexto de incertidumbre por una posible desaceleración global, el Brexit y  los conflictos comerciales de Estados Unidos con China, Rusia y Europa.

El componente privado de un 33% del total lo convierte en un componente muy difícil de evaluar y cuantificar en su ejecución, al igual que el componente privado para la paz.

El crecimiento económico estará ligado a los hidrocarburos y a las regalías, la orientación económica del país seguirá atada a la minería soportada en la inversión extranjera y en la especulación financiera.

Par el director de Cedetrabajo, Mario Valencia en entrevista con RCN  afirmó que  las proyecciones están infladas, el plan de inversiones muestra que no hay ninguna apuesta seria por la competitividad ni por la diversificación productiva.

Adicionó que nada en el plan «implica un replanteamiento de las políticas fallidas, ni de la concentración de la riqueza ni la mejora de los ingresos de la población”.

O sea todo depende de la “lotería de los altos precios del petróleo y no de incrementos sustanciales en la producción agraria e industrial. Mientras tanto, el impulso a la economía naranja representará solo 10 puntos básicos de crecimiento del PIB y generaría tan solo 56.000 nuevos empleos entre directos e indirectos, el 4% de la meta total de creación de puestos de trabajo. Por su parte, la educación representaría el 0,0 % (cero coma cero por ciento) del crecimiento del PIB»

Según proyecciones de este gremio, 40 puntos básicos de crecimiento del PIB en los próximos años estará ligado al “choque petrolero” y al incremento en las regalías.

Es difícil que suceda un choque petrolero al alza, que permita que el promedio del barril de Brent alcance las estimaciones del Plan de Desarrollo en cuanto a demanda del crudo en el mundo, por lo que será más importante impulsar otro tipo de exportaciones.

Por otro lado “pese a que buena parte del plan está dedicado a la llamada “economía naranja, no hay un respaldo industrial y tecnológico sino que depende en su mayoría de las iniciativas privadas y del talento de los “emprendedores” individuales y dispersos reiteró el director de Cedetrabajo

En los compromisos del Acuerdo Final, no se pueden identificar de forma clara respecto de su población objetivo, responsables, metas, indicadores, y recursos para su implementación.

Las asignaciones presupuestales están incluidas en los presupuestos generales de algunas entidades en lugar de estar específicamente coordinadas con los programas del Acuerdo Final, lo que dificulta el ejercicio de seguimiento y control al cumplimiento de las metas de los programas de postconflicto según los entes de control.

También se “obstaculiza la rendición de cuentas del Estado sobre el manejo de los recursos aportados por la comunidad internacional”.

El Departamento Nacional de Planeación pierde protagonismo en el manejo de los recursos de inversión toda vez que se eliminan funciones de Planeación Nacional y se pasan al Ministerio de Hacienda, en lo relacionado con distribución del presupuesto de inversión. “El artículo 35 del Plan de Desarrollo es una estocada de muerte a Planeación Nacional. “Le quitaría su capacidad de influir en la asignación del presupuesto y de asegurar su alineación con las políticas y programas del PND. Además, concentraría un poder desmedido en el Ministerio de Hacienda”

Abre la posibilidad a municipios y departamento para manejar vigencias futuras en el último año de gobierno de 2019 lo que puede “incentivar clientelismo, mala planeación y va en contra de la transparencia electoral”.

También se propone una especie de reforma tributaria cuando se ofrece un incentivo a los productores de energía con fuentes no convencionales para que deduzcan anualmente de su renta por 15 años siguientes al año gravable en que haya entrado en operación la inversión.

Entre los aspectos positivos tenemos que se propone aumentar las transferencias a la educación superior sin reformar la Ley 30. La iniciativa contempla que esos recursos se incrementen con el IPC más 4 puntos en 2020 y luego, para 2022, el IPC más 4,65 puntos.

Finalmente lo que si podemos rescatar es el proceso de discusión permite resaltar un mejoramiento en los procesos de democráticos en el congreso y la participación de los gremios sindicatos y especialistas en la discusión, si tenemos en cuenta que con anterioridad estos planes se aprobaban a pupitres limpio.

*Abogado

Analista Político

Presidente del Centro de Pensamiento Libre.

Exdirigente Gremial en Fenalco y Cámara de Comercio

@CarlosLagos112

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