¿Por qué la JEP no autorizó la extradición de Santrich?

*Por: Carlos Eduardo Lagos Campos

Todavía los Colombianos recordamos con repudio aquel día en que se instaló el proceso de Paz en Oslo, Noruega; cuando a Seusis Pausivas Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC, al preguntársele si las FARC pedirían perdón a las víctimas; este respondió, cantando el estribillo que se volvió tristemente célebre en sus palabras  quizás, quizás, quizás”. Este hecho generó una gran indignación entre las víctimas, analistas y opositores del proceso de Paz. Ello convertiría a este personaje, sin quererlo y gracias a su sarcasmo, en el jefe de debate de la campaña del No al plebiscito; toda vez que esa y otras de sus intervenciones generaron una gran desconfianza y rechazo entre la opinión pública y lo convirtieron en un referente de todo lo malo que sucediera en adelante en las negociaciones entre Gobierno y las FARC.

Pues bien ese parece ser el detonador para su trámite de extradición, y especialmente su negativa, haya causado tanta controversia entre la opinión pública y hasta el momento provocado la renuncia de tres altos dignatarios del gobierno central y la Fiscalía. El primero de ellos fue el Fiscal General de la nación Luis Humberto Martínez, luego la vicefiscal María Paulina Riveros y por último la Ministra de Justicia Gloria María Borrero; no obstante haber afirmado que su retiro no está relacionado con este caso.

Entrando en materia, lo primero que debemos decir es que la figura que utilizó la sección de revisión de la jurisdicción especial para la paz (JEP) fue la de “garantía de no extradición”. Esta garantía implica que el Estado colombiano en virtud del acuerdo con las FARC no puede conceder ni la extradición, ni medidas de aseguramiento para este fin por hechos sucedidos durante el conflicto armado; esto es, por hechos ocurridos antes de la ratificación realizada por el Congreso de la República el día primero de diciembre de 2016.

El artículo transitorio 19 de la Constitución generó un cambio sustancial que varío la tradición jurídica en materia de extradición, al asignar a la sección de revisión de la JEP competencias y funciones distintas a las radicadas en cabeza de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que para el ejercicio de la función encomendada a la sección de revisión, este artículo transitorio exige “evaluar la conducta” objeto del requerimiento de extradición, en los casos en los que se alegue que la misma ocurrió después la firma del acuerdo final de paz para determinar la fecha precisa de su realización. Para esto es indispensable conocer las pruebas que soportan la solicitud, así como aquellas que la Fiscalía General de la Nación en este caso adujo se encontraban relacionadas con la citada conducta y que habían ofrecido las autoridades norteamericanas respecto a la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witeck en la que se  constataron serias irregularidades por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera, y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento justificó la ausencia de dicha asistencia y de las de control judicial de los testigos cooperantes argumentando que estos intervinieron como particulares. Por ese motivo la Sección de revisión advirtió que las autoridades norteamericanas pudieron haber violado las normas de cooperación internacional y la asistencia judicial en el recaudó de pruebas en Colombia.

“Las leyes internacionales establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación, y la Sección de Revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esta diligencia”.

La sentencia C156 de 2016 de la Corte Constitucional establece que cuando este tipo de actuaciones de testigos o agentes encubiertos implican actuaciones dentro del domicilio de las personas, estos requieren control previo judicial, una autorización de la autoridad competente en Colombia. Esto tampoco se dio, lo cual implica una vulneración de los derechos fundamentales.”

“El aspecto gravitante y neural es efectivamente la indebida participación del agente encubierto. No puede el agente mediante su fachada delictiva, ser iniciador o incitar  la conducta. Con ese solo elemento se cae la prueba. El agente no observó el protocolo que es básico para quienes ejercen actividades investigativas” explicó Eric, columnista en las2orillas; adicionalmente reitero que se requería el acompañamiento judicial del agente encubierto situación que no se presentó y sobre lo cual la Corte Constitucional ya había sentado jurisprudencia.

Como corolario de todo esto, la JEP consideró que con las pruebas allegadas no se pudo establecer si Santrich cometió el catálogo de delitos por el cual se le solicita en extradición y que consisten en “concierto para importar cocaína” e “intento de fabricar o distribuir cocaína“, algo que a nuestro juicio excede las competencias de esta jurisdicción; como tampoco la fecha de su realización qué era lo que tenía que estudiar la JEP.

Adicionalmente y de acuerdo a la providencia, la aplicación de la garantía favor de Santrich se fundamentó en que:

La sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización dado que el departamento de justicia no envío las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición.

Los servidores de la Fiscalía General eventualmente habrían omitido derechos fundamentales de los procesados, y afectado la soberanía nacional, al no prestar la asistencia judicial referida.

Por ello la sección de revisión concluyó que no podía evaluarla por lo mismo tampoco le fue imposible determinar la fecha precisa de ejecución de su ejecución.

Se destaca que los vídeos que circularon en redes sociales y que la sección le pidió a la fiscalía general de la nación y a las autoridades de los Estados Unidos no fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo tanto no obran en el expediente. Ante ese escenario de indeterminación y apoyándose en los principios de Indubio pro reo,  Pro paz y Pro Víctimas; y entendiendo que los integrantes de las FARC ostentan la garantía de no extradición hasta tanto se acredite que no se cumple el factor temporal cómo lo ha entendido la sala penal de la Corte suprema de Justicia se aplicó esta garantía disponiendo la libertad inmediata de Santrich.

El profesor de Derecho Constitucional Carlos Felipe Rua Delgado explica:

1). “Los ex-miembros de las Farc sólo pueden ser extraditados por conductas cometidas con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.

2). Para determinar la fecha de la conducta y en consecuencia, saber si aplica o no la extradición, a la JEP se deben allegar las pruebas correspondientes. Lo demás es puro bochinche, porque un comunicado de prensa de la Fiscalía no es prueba de nada.

3). EE.UU. nunca envió las pruebas a la JEP, primero porque la solicitud se embolató en el correo y luego porque no quiso, se negó a hacerlo bajo el argumento de que era la justicia de ese país quien debía determinar la responsabilidad del sujeto y sí, sólo que la JEP no estaba interesada en determinar la culpabilidad, sino, reitero, la fecha, para saber si procedía o no la extradición.

4) Particularmente creo que, además de la cuestión formal de las fechas, hay un asunto de fondo en el tema Santrich y es que la extradición sólo procede cuando el delito sea considerado como tal en ambos países: Colombia y EE.UU., sin embargo en el caso Santrich no acabó configurándose la conducta, en virtud de que se transgredió ostensiblemente la prohibición contenida en el art. 243, inciso segundo, en donde el agente encubierto no puede sembrar la idea del delito, prohibición desarrollada por la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-176 de 1994 y C-156 de 2016. Según lo reconocido por la propia Fiscalía en sus comunicados de prensa, en el caso Santrich hubo un agente provocador, es decir, un determinador del delito, más que un agente encubierto, por lo que aplica la prohibición legal y en consecuencia no podría hablarse de una incriminación válida ante el ordenamiento colombiano.”

Por mi parte agrego que la conspiración para delinquir no se tipifica en Colombia en los delitos de resultado como los relacionados con el narcotráfico.

Por su parte a magistrada Claudia  López expreso que la solicitud de extradición de los EE.UU. y  anexos contenían la prueba suficiente para establecer relaciones atribuidas al concierto para importar cocaína, intento de fabricar y distribuir cocaína e intentó importar cocaína relacionadas con el narcotráfico; todas estas acciones y que son permanentes fueron posteriores al primero de diciembre de 2016 ya que ocurrieron abril de 2018 de manera que primero no era necesario detectar pruebas para determinar la fecha segundo las que la sección decreto no fueron pertinentes conducentes y útiles dado que no pretendían acreditar el elemento temporal y tercero la ausencia probatoria aducida por la sección en su concepto es inexistente; por tanto se concedió la garantía por un delito común de narcotráfico de carácter permanente, sin establecer su conexidad con el delito político y su relación con el conflicto armado de manera que se otorgó el beneficio por conductas que están fuera de la competencia de esta jurisdicción, ya que no corresponden a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario o conductas relacionadas con el conflicto armado o el delito político no sé exigió a cambio de este tratamiento especial un régimen de condicionalidad que comprometiera al beneficiario por la verdad la justicia y la reparación de las víctimas como lo exige la reforma constitucional que implementó la que finalmente el beneficio por las conductas atribuidas en la solicitud de extradición afectó el derecho de las víctimas a la no repetición además en este trámite la existencia de víctimas y de su tutela corresponde a la sala de casación penal de la Corte suprema de Justicia como recientemente lo enfatizó la corte constitucional enfatizo en su salvamento de voto.

No obstante con tres votos a favor y dos en contra se tomó esta decisión enfatizando que para la JEP el Juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera y el goce de los derechos del solicitante de la garantía no extradición en cuanto a su seguridad jurídica y también los derechos de las víctimas a la verdad la justicia la reparación y la no repetición; así mismo la sección de revisión de la JEP ordenó al fiscal general de la nación disponer la libertad inmediata de Hernández, también la sección de revisión determino que  Hernández solarte siga a  disposición de la JEP conforme al régimen de condicionalidad que le exige a todos los comparecientes entre otras cosas a aportar a la verdad plena, la no repetición, la no reincidencia y la reparación a las víctimas; así mismo la sección señaló que una vez ejecutoriada la decisión adoptada, se remitirá el expediente Hernández Solarte a la sala especial descripción de la Corte suprema de Justicia y a la sala de reconocimiento de la responsabilidad y conductas de la JEP para lo  de sus respectivas competencias.

Adicionalmente la sección decidió compulsar copias disciplinarias ante la sala disciplinaria del Consejo superior o seccional de la judicatura y a la  oficina de control interno de la fiscalía general de la nación según el caso a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia.

Todo este ambiente enrarecido pareciera indicar que la fiscalía buscaba este resultado; ello en atención a que la JEP solicito que se entregaran los audios y videos que el Fiscal anunció públicamente pero que nunca llegaron y sólo hasta después del pronunciamiento de esa jurisdicción el video apareció circulando en los medios de comunicación y redes sociales; hecho que se demuestra cuando al preguntarle por estos Yolanda Ruiz al Fiscal en la emisora básica de RCN este manifestó que no reposan en su poder y que era una de las pruebas que tenían los Estados Unidos.

Por su parte la procuraduría manifestó que interpondrá un recurso de apelación lo cual consideramos es la vía legitima para controvertir las providencias judiciales y no lo realizado por el Fiscal y el “Presidente Eterno” quienes prácticamente han realizado un llamado al desconocimiento de esta jurisdicción, contribuyendo no solo a la polarización sino a la desinstitucionalización del País.

No obstante la orden de libertad inmediata se debe cumplir en atención a los principios de integración contenidos en las leyes 600 de 2.000 y 906 de 2004 contentivas del procedimiento penal anterior y del sistema penal acusatorio respectivamente.

Al margen de todo esto uno de los cuestionamientos que se hace al tratado de extradición con los EE.UU es que este no es de carácter bilateral; o sea Colombia se obliga a extraditar a sus nacionales, pero los Estados Unidos No, incluso los miembros de misiones técnicas y diplomáticas de ese País que cometan delitos en Colombia no pueden ser juzgados aquí, tal como sucedió con los marines que violaron a unas infantes en Colombia.

Otro aspecto importante es que los países desarrollados no extraditan a sus nacionales en mi tesis de grado en la especialización de instituciones jurídico penales de la Universidad Nacional oficiamos a  las embajadas de los países más representativos del mundo como Japón, Israel, Noruega, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros y el resultado final fue el mismo, ninguno de ellos extradita a sus nacionales.

Esto nos debe hacer reflexionar si Colombia debe orientar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la extradición o hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía, mejorando nuestro sistema judicial y penitenciario y no seguir evadiendo esta responsabilidad; de otra parte surge un gran interrogante y es si se compadece que un tratado internacional de esta envergadura sea de carácter unilateral?

Definitivamente extraditar a nuestros nacionales con la simple prueba sumaria es algo verdaderamente inconveniente en estos tiempos difíciles.

 

*Carlos Eduardo lagos Campos

Abogado especializado en Derecho Penal

Miembro de número del Centro de Pensamiento Libre.

@CarlosLagos112

 

 

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