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¿Por qué Nariño ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de violencia político-social?

Como violencia político social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con figuración política pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total 482 victimizaciones de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño (17%). De las 83 victimizaciones ocurridas en Nariño, 63 (75%) tuvieron lugar en el municipio de Tumaco (Nariño).

La situación actual de Tumaco (Pacífico nariñense), debe ser leída en el contexto de la crisis social y humanitaria en que históricamente han sobrevivido las comunidades negras y los pueblos indígenas del Pacífico colombiano.

Los hechos victimizantes cometidos por móviles de persecución política y “limpieza social” contra líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, población LGBTI, habitantes de calle, ciudadanos desprevenidos, entre otros sectores sociales victimizados, sin que se tenga datos sobre los presuntos responsables, evidencian un profundo desprecio por la vida que promueve y/o facilita, utilizando maneras clandestinas de operar, la implementación del terror como un método de control social y territorial, eliminando a quienes podrían disputarles el poder (opositores políticos) y habitantes de calle, población LGBTI, mendigos, drogadictos, delincuentes comunes, trabajadoras sexuales.

La situación de Tumaco (Nariño)

En Tumaco la violencia político-social es objeto de preocupación. Los dos casos siguientes ilustran la grave situación de violencia en este municipio y la complejidad de la guerra vivida en el Pacífico nariñense, entre enero y junio de 2017:

Febrero 5/2017 NARIÑO – TUMACO: Desconocidos serían responsables de la muerte de David Alejandro Marín de 38 años de edad y su hijo que se llama de igual manera de 8 años de edad. El padre fue desmembrado, mientras que su hijo fue asesinado a golpes. El padre y su hijo habían sido reportados como desaparecidos desde hace 8 días. Estas dos personas vivían en la vereda La Aduana, pertenecían al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco. Labriegos de la zona descubrieron los cuerpos de estas dos personas al pasar por una zona boscosa y percibir un mal olor. En el municipio de Tumaco existe una agudizada lucha por el control territorial entre varios grupos armados. Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN. Víctimas: DAVID ALEJANDRO MARIN – CAMPESINO y DAVID ALEJANDRO MARIN – CAMPESINO

Junio 14/2017 NARIÑO – TUMACO: El 14 de junio en horas de la mañana desconocidos hirieron de gravedad a Peter William Cortés Mosquera de 54 años de edad, quien se desempeñaba como representante legal del Palenque Afro Urbano de Tumaco y también pertenecía a la Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. El hecho ocurrió en la casa de habitación de Peter, ubicada en el barrio Paseo Bolívar, parte central de Tumaco. Según la fuente: “Los autores de este atentado utilizaron varillas de hierro con las cuales lo golpearon y le causaron heridas de consideración en su cabeza (trauma craneal) y en sus extremidades inferiores. Por la gravedad de sus lesiones Peter William fue trasladado a un centro asistencial en la Ciudad de Pasto, donde permanece en estado de coma por la lesión recibida en su cabeza. Las organizaciones sociales y afro condenaron el atentado contra el líder social y comunitario”. En Tumaco desde que las FARC abandonaron el territorio se está dando un conflicto armado entre grupos armados ilegales por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Presunto Responsable: SIN INFORMACIÓN. Víctimas: PETER WILLIAM CORTES MOSQUERA- LÍDER AFRODESCENDIENTE.

En medio de la crisis humanitaria vigente en Colombia, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP mantiene su decisión de contribuir al recaudo, sistematización y difusión de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales.

Estamos convencidos de que poner en conocimiento público lo ocurrido sirve como presión moral para que tales hechos no se repitan y ayuda a reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre protege a los victimarios de una eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes en completa impunidad.

El Banco de Datos funda su credibilidad en la recolección de todos estos datos, exponiéndolos a la verificación pública, reservando solamente las fuentes para no exponer la seguridad de los denunciantes. Nuestro trabajo se concibe como servicio a las víctimas en su búsqueda de verdad y de protección y como servicio al país y a la humanidad en la salvaguarda de la memoria histórica de los sufrimientos de un pueblo.

Anexo 1

Sobre el pacífico nariñense1

Ubicación geográfica

El Pacífico nariñense está conformado por 10 municipios: Barbacoas, Magüí, Roberto Payán (Subregión del Telembí), El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera (Subregión del Sanquianga), Francisco Pizarro, Tumaco (Subregión del Pacífico sur). Y Santa Bárbara (Iscuandé).

Fuente: Boletín Rut Informa (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004)

Población

Según la proyección del censo 2005, la población en estos nueve municipios es de 367.600 habitantes. El 90% es afrodescendiente; 6% indígenas, representados en los pueblos Awá y Eperara Siapidara, y 4% mestizos.

De los nueve municipios, Tumaco es el segundo más grande de Colombia en extensión territorial con aproximadamente 3.778 kilómetros cuadrados, reflejados en 304 veredas. Y aparece como el mayor productor de coca, con una cifra de 16.960 hectáreas, más del 18% del total nacional.

 

Violencia en el posacuerdo

Las comunidades que habitan el Pacífico Nariñense han sido excluidas históricamente a nivel social y en las últimas tres décadas afectadas profundamente por la violencia política, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH.

La grave situación que padecen se explica por el histórico abandono estatal y por la presencia y accionar de diversos grupos armados que se disputan el control territorial.

Desde el 2005 hasta el año 2013 ha habido presencia de: Nueva Generación, Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Gaitanistas, Los Urabeños y El Cartel de Sinaloa.

Entre los años 2014 y 2016: El Clan del Golfo, El Clan Úsuga, Los Urabeños, Los Gaitanistas, Los Paisas y La Organización.

A finales de junio y principios de julio de 2016 circularon panfletos en donde se informaba sobre la presencia de dos grupos armados distintos: En Llorente (zona rural de Tumaco): “La Organización Sicarial del Pacífico”. Y en la zona urbana de Tumaco el grupo “La Gente de Orden”.

Entre enero y marzo de 2017 ha circulado información sobre la presencia del Clan Úsuga, Clan del Golfo, Clan Pacífico, La Empresa, Gaitanistas, Gente de Orden, Cartel de Sinaloa, Guerrillas Unidas del Pacífico.

Con la firma del Acuerdo de Paz, la situación de violencia mejoró de alguna manera, pero siguen ocurriendo hechos violentos y la presencia de diferentes grupos armados es muy preocupante. Todo ello, en un contexto de creciente militarización, pues se cuenta con más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública (Policía, Armada, Ejército y FAC).

La tragedia continúa

Entre enero y octubre 20 de 2017, en el municipio de Tumaco, según la Alcaldía de Tumaco, han ocurrido 150 asesinatos.

También se han presentado dos desplazamientos masivos. El 5 de enero en Pital de la Costa, municipio de Tumaco, un grupo armado llegó a la comunidad y se presentó como “paramilitares”, generando el desplazamiento de 119 familias del Consejo Comunitario Unidos por un Futuro.

El 23 de marzo, un grupo armado generó el desplazamiento de tres comunidades costeras del Consejo Comunitario (Acapa), Bocas de Guandipa, Nueva Unión, Vuelta del Gallo. A Tumaco llegaron 119 familias y otras familias buscaron refugio en los municipios de Mosquera y Francisco Pizarro.

El 6 de octubre de 2017, unidades de la Policía Antinarcóticos causaron la muerte de seis campesinos y heridas a otros 20, uno de los cuales murió posteriormente.

Los hechos ocurrieron en zona rural de Tumaco en medio de una protesta de campesinos cocaleros contra la erradicación forzada de cultivos de coca. Dos de las víctimas pertenecían a la etnia indígena Awá.

El 8 de octubre de 2017, unidades de la Policía Nacional atacaron con disparos y granadas a una misión humanitaria que se dirigía al lugar del ataque contra los campesinos cocaleros.

El 16 de octubre dos indígenas Awá fueron asesinados en su residencia ubicada en el kilómetro 85 de la vía Tumaco – Pasto.

El asesinato de los líderes

Entre 1992 y 2017, 26 líderes han sido asesinados. Es decir, que en un periodo de 25 años, sus familias, sus comunidades y la región perdieron 26 líderes significativos que estarían aportando en la construcción de la paz.

El último líder victimizado fue Jose Jair Cortes, asesinado en la vereda Tiestería (Tumaco) el 17 de octubre de 2017. Pertenecía al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Líderes indígenas Awá asesinados: 5 líderes

Lisandro Nastacuás, Efrén Pascal Nastacuás, Juan Álvaro Nastacuás, Camilo Roberto Taicus Bisbicus, Jesús Morán.

Líderes afrodescendientes asesinados: 19 líderes

Rafael Valencia Camacho, Francisco Hurtado, Dionisio Castillo, Miguel Ángel Becerra Bolaños, José Arístides Rivera, José Luciano Castillo Alegría, Felipe Landazury, Armenio Cortés Meza, Pablo Gutiérrez, Luis Gonzales Marines, Fruto Emilio Castillo, Miller Angulo Rivera, José Hamilton Quiñones, Genaro García, Bernardo Palacios, Segundo Juan Vallecilla, Carlos Augusto Panesso, Bernardo Cuero Bravo, José Jair Cortés.

Líderes mestizos asesinados: 2 líderes

Antonio Flórez Paí, Yolanda Cerón Delgado.

Conclusiones

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, continúa la presencia y accionar de los actores armados y las personas y comunidades siguen siendo víctimizadas.

Las comunidades han solicitado la implementación del plan de sustitución de la coca y la recuperación del territorio a partir del desmantelamiento de los grupos armados, la eliminación de la corrupción, garantías para el trabajo de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y que las autoridades civiles y militares asuman sus obligaciones legales y constitucionales.

Las denuncias de los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales plantean que ni las autoridades civiles ni las autoridades militares y policiales están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades negras y los pueblos indígenas del Pacífico nariñense

Han denunciado las acciones desarticuladas entre las diversas autoridades civiles, militares, policiales, organismos de control e instancias de justicia.

Que los diversos actores armados estatales, paramilitares y guerrilleros bajo el discurso de defensa del pueblo, siguen victimizando a ese pueblo que dicen defender.

Que no están en contra de la presencia de la fuerza pública pero que las comunidades requieren preferencialmente de la presencia social del Estado colombiano, a través de espacios de diálogo y acciones concertadas con las comunidades.

Las comunidades negras y los pueblos indígenas viven en medio del temor a ser asesinados, torturados, amenazados, desaparecidos o desplazados forzadamente.

 

 

A  continuación puede descargar el documento completo:

Informe Tumaco

 

Fuente:  Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP)

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