Proinsalud: el puente está quebrado

Por: Aníbal Arévalo Rosero

Después de que los maestros en un proceso de lucha, en la década de los 70, ganaran el estatuto docente 2277, donde queda definido que el docente es un empleado público de régimen especial, inician un proceso, nuevamente, para materializar ese régimen, el cual lo ganaron 10 años después, expidiendo la Ley 91 en 1989, mediante la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ese fondo, que es exclusivo del magisterio, se nutre de los aportes que por descuento de nómina directo se le hace a los docentes, pero en la relación obrero patronal, por cada peso que le descuentan al docente, el Ministerio de Hacienda debería aportar dos pesos. Es decir, una tercera parte le corresponde al trabajador y dos terceras partes le corresponden al Estado.

Desde luego que siendo los docentes empleados con una estabilidad laboral, y teniendo un escalafón docente que va mejorando paulatinamente sus salarios, la financiación del Fondo debe ser sostenible. Por ello, muchas entidades quisieron el manejo, siendo finalmente la entidad de economía mixta La Previsora a quien se le adjudicara esta responsabilidad, a través de un contrato de fiducia.

En consecuencia, en manos de la Fiduprevisora están las tres prestaciones de un trabajador, que son: las pensiones, al amparo de un régimen especial; las cesantía, que están destinadas a la consecución de vivienda y estudios del docente; y los servicios de salud, que también tienen un carácter de integralidad, que significa que va del servicio básico al más complejo; del más económico al más costoso, todo debe garantizarlo ese prestador.

En el departamento de Nariño, de unos años para acá, vía licitación siempre ha ganado Proinsalud; atendiendo aproximadamente 15 mil docentes, junto con sus núcleos familiares hay 32 mil beneficiarios. Ese contrato en salud, tiene un costo aproximado de 60 mil millones de pesos. Pero, desde unos tiempos acá, el que ha dejado de cumplir es el Ministerio de Hacienda. De unos años, o deja de cotizar, o se atrasa en las cotizaciones, o cotiza parcialmente, y ello ha ido desfinanciando los recursos del Fondo Prestacional del Magisterio.

Ello se refleja en el incumplimiento que se viene haciendo, de manera sistemática y reiterada; por eso a la fecha, a Proinsalud, de los 60 mil millones que importa el servicio, se le adeuda 29 mil millones. Es decir que, se le debe el cincuenta por ciento de los recursos con los que debe prestar el servicio. Sin esos recursos es imposible una prestación adecuada en el servicio de salud para los maestros.

Por ello en el último contrato dejaron de contratar, lo que tiene que ver el régimen de seguridad social, lo que tiene que ver con el riesgo laboral. Es decir que a la fecha nuestros maestros están totalmente desamparados.  Cuando un docente se accidenta, obviamente, nadie responde, y desde luego Proinsalud, porque a ellos esa parte no se les adjudicó.

Y esa deuda significativa impide que ellos cumplan oportunamente con sus proveedores, tanto de medicamentos como de servicios especializados; incluso se ha llegado a incumplir en el pago oportuno de la nómina. Con ese tipo de incumplimientos, la consecuencia la pagan los maestros: el servicio es muy precario, hay dificultades en la asignación de una cita de medicina general.

Pero hay mayores dificultades cuando los docentes deben ser remitidos a especialistas y para atender enfermedades de alto costo. La prestación de un servicio como es de promoción y prevención solamente está en la parte formal. Y de esta manera la salud de los maestros viene resquebrajándose, dejan de atender, se empiezan a negar; se aproximan mucho al régimen de la Ley 100, denominado el ‘paseo de la muerte’: estos amparos no están aquí, estos amparos los cubre otra entidad, desconociendo que el régimen integral del magisterio implica todos los servicios que el maestro demande.

Cuando al maestro se le dejan de prestar estos servicios, aumentan las incapacidades y el reflejo lo padecen los niños que son mal atendidos y es un atentado a la vida del maestro y la calidad educativa.

Es por esto que desde el Sindicato del Magisterio de Nariño, pero también desde la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, se ha llamado al Ministerio de Educación Nacional para que tome partido en este asunto y exija a quien tiene la obligación de transferir de manera oportuna e integral los recursos, que es la Fiduprevisora. Y si existen deudas que son muy significativas del Ministerio de Hacienda, debe hacer que en los presupuestos se apropien los recursos para sanear ese tipo de obligaciones.

Esta situación no solo se vive en el departamento de Nariño, y no solamente es con la Fiduprevisora, es con todos los prestadores de servicios de salud, y no solamente es el servicio de salud. Hoy se han tomado medidas unilaterales en materia de cesantías. Las cesantías son una responsabilidad directa de la Fiduprevisora.

Sin embargo, en una forma de proteger los intereses de la fiducia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, en el artículo 57, exime de algunas responsabilidades a la Fiduprevisora y las empieza a descargar en las entidades territoriales. La circular No. 005 del 25 de mayo de 2019, dice que cuando a un docente se le incumple en el pago oportuno a sus cesantías, en legítima causa los docentes demandan. Y el pago de una sanción moratoria el año pasado, de todas las demandas del país, sumó aproximadamente un billón de pesos.

Hoy la Fiduprevisora descarga esa responsabilidad en las entidades territoriales; y por ello la circular prevé que todo el proceso de reconocimiento y pago de las cesantías está a cargo de las entidades territoriales.

Con el fin de que, si por cualquier circunstancia se paga con desfase de tiempo, no se paga de manera oportuna en los términos de ley, que son 45 días a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que lo reconoce, y cuando el docente reclama la moratoria y la indexación, que equivale a corrección monetaria, ya no sea la Fiduprevisora la que debe responder, sino la entidad territorial. Que en últimas significa que ese billón de pesos, que anteriormente debía responder la Fiduprevisora, hoy lo deben responder las entidades territoriales.

Por ello, las 96 entidades territoriales, que en nuestro caso está Pasto, Tumaco e Ipiales, en el departamento de Nariño, empezaron a restringir el reconocimiento y pago de las cesantías. Es decir, el juicio y la consecuencia la están viviendo los maestros.

Todo hace prever que el problema de fondo es la desfinanciación de la Fiduprevisora que, en 30 años de la Ley 91 de 1989, el manejo de los recursos y rendimientos financieros ha llegado a un colapso y a un desequilibrio financiero. De tal manera que el riesgo que hoy corren los maestros es que se pueda acabar lo que se ganó en un proceso de negociación, que es un régimen especial. Lo que antes significaba tener un fondo propio pero sólido, hoy está en esa inestabilidad financiera.

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