Salud, ¿derecho o servicio?

 

En estos últimos días vienen suscitándose una suerte de cadena de muerte en las noticias nacionales; por lo menos dos de las cuales conmovieron al país entero.   La primera un hombre de 58 años esperando la autorización de la EPS-S Unicajas Comfacundi de Bogotá, para hacerse una diálisis, muere en una mientras aguarda a ser atendido; y la segunda una bebe de apenas 11 meses de vida, es remitida a la EPS Famisanar y a pesar de tener una orden de urgencias no es atendida y muere en brazos de su madre. Un hecho realmente conmovedor pero también indignante.  Cómo es posible que en el país no mueran personas por culpa de enfermedades en definitiva incurables, o especialmente graves, sino por un fallo administrativo, es decir por no ser atendidos; el hecho es que dos vidas se extinguieron por culpa de un sistema de salud que prioriza la ganancia frente a la vida, y quién sabe cuantas personas más han sido victima de este sistema, noticias que no son cubiertas por los medios de comunicación.  Hecho realmente indignante, pues mueren por condiciones superables y en definitiva tratables.

En este sentido es evidente que se vulnera descaradamente derecho tan importante como gozar de buena salud.  Frente a este debate, luego de un análisis juicioso encontré por lo menos dos contradicciones en el sistema. Seguramente habrá muchas otras, además que el debate es realmente profundo y requeriría no solo un articulo sino muchos más.

En principio se encuentra la posición de quienes vemos la salud como derecho fundamental, porque esta ligada a la vida, y por sobre todo a la vida digna. Vienen en estos años sumándose más y más colombianos a diferentes movimientos sociales, al redor de la necesidad de un sistema en lo fundamental diferente a los principios de la ley 100; un sistema en el que no impere el animo de lucro y la salud se considere como un derecho fundamental de todos y se preste con el solo hecho de ser seres humanos.   Al respecto algunos avances se han hecho, como la sentencia T – 760 de la Corte Constitucional en el que ordena al gobierno nacional actualice y defina la igualdad del POS para régimen contributivo y subsidiado, y garantice el flujo de recursos entre otras cosas; hace poco también se presento al Congreso de la Republica una ley estatutaria para elevar la salud como derecho fundamental, que fue votada negativamente el 3 de Octubre de este año en la Cámara.

La otra cara de la moneda se encuentra justamente en la ley que rige el sistema de salud colombiano, la ley 100 de 1993; en ella se define todo el sistema, sus actores y las responsabilidades de los mismos, se asumen dos regímenes; uno contributivo para quienes pueden tener un trabajo formal y devengar por tanto un salario, y un régimen subsidiado, para quienes no gozan de este privilegio, es decir la población pobre, que dicho sea de paso somos la inmensa mayoría de colombianos y nariñenses. Para el caso concreto de Nariño según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el 2011 había 1´115.408 personas en el régimen subsidiado, esto es un 80,7% del total de afiliados al sistema en el departamento, y en el régimen contributivo había 247.452 personas, es decir un 17,9% de total de afiliados; y finalmente 19.504 personas que corresponden al régimen de excepción y representan el 1,4% de la población. Situación que demuestra que quienes estamos en el régimen subsidiado somos la abrumadora mayoría.

Haciendo un análisis detallado, es claro que se trata de montar un Sistema de Seguridad Integral, y este sistema se encarga de brindar Seguridad Social, lo cual cobija salud, pensiones, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.   Para el caso especifico de la salud se crea a su vez un Sistema General de Seguridad Social en Salud, y es éste sistema el encargado de brindar, óigase bien, “el Servicio Publico” de Salud[1].  Luego, por lo menos para la ley 100, la salud no es un derecho sino un servicio, pudiendo ser prestado por entes públicos, privados o mixtos.  En este sentido el derecho que tenemos los colombianos se define como el del acceso al sistema General de Seguridad Social en Salud y no directamente a la salud; por ello el Gobierno viene cumpliendo su cometido, pues el acceso se entiende como el hecho de portar un carnet, el acceso real a la salud es un hecho aparte.  A ello además se hace necesario sumar una característica, a mi modo de ver, fundamental; y es la presencia de un actor privado y con animo de lucro, que son las llamadas Empresas Promotoras de Salud, EPS, quienes administran los recursos del régimen contributivo o bien del régimen subsidiado, y con ello su negocio se concentra en recibir el dinero para uno de los dos regímenes; su rentabilidad por supuesto se basa en un uso “racional de los recursos”, es decir mientras menos gasten, mucho mejor.   Este hecho explicaría en buena medida la cantidad de trabas que tiene el sistema, para un acceso real a los procedimientos médicos, y ni que decir si el procedimiento es medianamente complejo, o se requiere cita con especialistas.

Pese a ello, no debemos perder la esperanza, pues a la posición de defender la salud como un derecho fundamental alejado de la voracidad del animo de lucro, y del cual son victimas millones de colombianos; vienen sumándose varias iniciativas sociales y académicas, con la consigna de acabar con la ley 100 y en su lugar proponer un sistema que mire la salud como un derecho y no como una simple mercancía.

 


[1] Articulo 152 de la ley 100 de 1993.

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