Superfinanciera ordenó a inmobiliaria suspender inmediatamente la captación no autorizada de dineros del público

La medida también cobija al señor Mario Andrés Santacruz Coral en su calidad de representante legal.

La Superfinanciera estableció que la sociedad representada por el señor Santacruz Coral asumió obligaciones con por lo menos 134 acreedores, por un monto total de $5.376.273.000 sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios.

 La Superintendencia Financiera de Colombia – SFC ordenó a la sociedad Bienes Raíces Galeras S.A.S. y al señor Mario Andrés Santacruz Coral como su representante legal, la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 0061 del 27 de enero de 2020, en la que se ordena además realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente, así como la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

La Superintendencia Financiera estableció que Bienes Raíces Galeras S.A.S, en la ejecución de contratos de anticresis, recibió un valor total aproximado de $3.838.923.000 de al menos 93 personas con quienes se obligó a devolver al vencimiento del contrato, la suma inicialmente pactada con cada uno de ellos.

Adicionalmente, la sociedad asumió obligaciones con por lo menos 41 personas por un valor aproximado de $1.537.350.000 mediante la suscripción de lo que denominaron “contratos de cuentas en participación”, en donde se comprometieron al pago de una rentabilidad fija sin especificar un proyecto u operación mercantil determinada.

Por lo anterior, la sociedad representada por el señor Mario Andrés Santacruz Coral, asumió pasivos con por lo menos 134 acreedores, por un monto total de $5.376.273.000 sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios.

La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

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