Temor a la verdad

Por: Carlos Alfonso Velásquez R*

Al cumplirse diez años de la “Operación Jaque”, el presidente Santos declaró a la revista Semana que dicha operación había significado “un punto de quiebre en la guerra contra las Farc. Con ella les propinamos un duro golpe a la moral y las Fuerzas Armadas ganaron prestigio. Había que debilitar a la guerrilla para que se sentara a la mesa de negociación y lograr un acuerdo…”, lo cual es cierto principalmente porque sin derramar sangre ni ceder a sus pretensiones, el gobierno del momento ganó el “pulso por el acuerdo humanitario” fruto de lo cual la guerrilla perdió los rehenes más valiosos para sus propósitos de poder de entonces.

Aún más, si recordamos algunos acontecimientos previos a “Jaque” constatamos el paulatino debilitamiento de las Farc en el 2008. Recién comenzado este año tuvieron lugar las marchas ciudadanas más voluminosas que recuerde la historia, bajo la consigna ¡No más Farc! Y en ese mismo primer semestre murieron tres miembros del secretariado: Raúl Reyes en la operación “Fénix”, Iván Ríos por traición de uno de sus subalternos y Manuel Marulanda por muerte natural. El “fin del fin de las Farc” del que hablara el general Padilla, comandante de las FF.MM., se hacía realidad porque se avanzaba hacia la necesaria posición de fuerza del Estado para negociar la terminación del conflicto imponiendo condiciones de la institucionalidad vigente a las Farc.

Sin embargo, en el segundo semestre dicho avance sufrió un ostensible detrimento. Poco después de “Jaque” afloraron a la luz pública las máculas contra la legitimidad del régimen político y su gobierno constituidas por las conductas de varios miembros del Ejército que, por acción u omisión, ejecutaron o facilitaron el homicidio de civiles para presentarlos como “bajas enemigas” (falsos positivos), lo que se sumó al conocimiento público de los seguimientos abusivos a periodistas y opositores políticos y las “chuzadas” del DAS que además incluyeron a magistrados de la CSJ, que investigaban la “parapolítica”. De esta manera la superioridad moral a la que está obligado el Estado sufría un detrimento muy sensible reversando la posición de fuerza que había logrado.

Ahora bien, una década después y al mismo tiempo en que los jefes de las Farc se aprestan para enfrentar la verdad de los secuestros y su responsabilidad en la JEP, debemos reconocer que desde el Estado ha habido investigaciones y sanciones por las máculas mencionadas, pero aún falta conocer verdades más completas con sus responsabilidades penales y políticas. En otros términos, en la última década el régimen político ha recuperado legitimidad, aunque insuficientemente.

Y el conflicto con las Farc, que gracias a los acuerdos alcanzados se transformó en uno sin violencia, se mantiene latente esperando la implementación de esos acuerdos para diluirse definitivamente. Cuando así suceda quedarán airosos quienes demuestren superioridad moral, aquella ligada al valor para enfrentar la verdad que siempre termina imponiéndose.

Es precisamente la JEP, fruto de los acuerdos, la que da la posibilidad de enfrentar la verdad bajo el principio de que “a mayor verdad y reconocimiento de responsabilidad, menor sanción penal”, lo cual implica que de no comprobarse la responsabilidad no habrá sanción. Esto es diferente a “confesar a cambio de libertad” o a “reconocer delitos que no se cometieron” como sostienen quienes proponen modificar lo acordado. De esta manera y así no lo pretendan, lo que muestran es más temor a la verdad que preocupación por “defender el honor del Ejército y la Policía”.

@CarlosAlfonsoVR

* Coronel ® del Ejército, profesor universitario, analista político.

Comentarios

Comentarios