Paro en el Pacífico, sin soluciones a la vista

Cinco días después de iniciado el paro del Pacífico, las soluciones no se vislumbran.

Mientras se espera que el Gobierno Nacional se apersone del asunto, aumentan las quejas y acusaciones contra los alcaldes y funcionarios públicos en la región.

 

Cinco días después  de haber comenzado el paro cívico de las poblaciones del Pacífico en Nariño y Cauca, el resto del país comienza a conocer los detalles y las razones que han llevado a los pobladores de esta región a rebelarse contra sus dirigentes.

A través de medios alternativos de prensa, los líderes del movimiento han dado a conocer “una situación aberrante que históricamente nos ha hundido en la más terrible miseria”.

Mientras se espera que el Gobierno Nacional se apersone del manejo de la situación, en las diferentes poblaciones que están participando en el movimiento de protesta, se realizaron actividades para motivar a la población y se lanzaron arengas contra los gobernantes y dirigentes políticos a quienes señalan como directos responsables por la crisis que se padece.

De acuerdo con los reportes de las autoridades hasta el momento todo transcurre bajo la calma y hasta el jueves en la tarde no se habían presentado hechos que lamentar.

Los mismos medios informativos difundieron el denominado Mandato contra la corrupción  en la Costa Pacífica, que contiene los siguientes puntos:

1. Exigimos una Asamblea Nacional Constituyente que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Revocamos los mandatos de los actuales gobiernos y su régimen municipal, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido las alcaldías o cualquier cargo administrativo y se les haya hecho cuestionamientos por corrupción; no podrán volver a aspirar a ningún cargo público. En este orden de ideas imponemos la ejecución de peculado y otros delitos con toda la fuerza de la ley.

2. Todo Esquema de Ordenamiento, Plan básico, Plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por Asambleas Populares en cada municipio; en conjunto con el concejo municipal o alcalde municipal, según sea el caso. La asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda información, con el objeto de hacer cumplir con el mandato establecido en la asamblea popular.

3. Prohibimos el ingreso de transnacionales a nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tienen autonomía propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.

4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia social, donde todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma equitativa y real frente a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Apoyamos los diálogos de la Habana y demandaremos del gobierno que se firme un Acuerdo de Cese Bilateral al Fuego, mientras se logra un acuerdo de paz.

5. El pueblo en su autonomía de elegir a sus mandatarios y funcionarios públicos, evaluará los resultados administrativos de los mismos por medio de Asambleas Populares, respetando la soberanía declarada constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas. Y con libertad tomará todas las medidas del caso cuando no se cumpla a cabalidad con las funciones públicas.

6. Las Fuerzas Armadas retomarán las funciones para las cuales  fueron creadas: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya de represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas por el estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento de pueblo con las administraciones corruptas.

7. Ordenamos al gobierno nacional que brinde las garantías y recursos necesarios para la difusión, socialización y educación de la Ley 70 de 1993, de las comunidades negras a nivel de la región pacífica Colombiana.

8. Ordenamos al gobierno nacional que reglamente la Ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.

9. En nuestro territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada, plasmado en la ratificación del artículo 169 de la OIT, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 145 de 1995.

10. Las condiciones de cambio y revolución las generamos nosotros mismos desde estos espacios. Nadie nos otorga la libertad y la igualdad que son nuestras y que establecen nuestra dignidad, soberanía y autonomía, reclamadas y luchadas desde el tiempo del libertador.
Compañeros y compañeras el llamado es hacia la lucha organizada por la transformación de nuestra sociedad. 
Por una Asamblea Nacional Constituyente para acabar con la corrupción, Hoy levantamos nuestra voz en unidad de lucha por un Pacífico mejor en Contra de la Corrupción.

 

María Eugenia Mosquera de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz , explica las razones del paro cívico en el Pacífico. 

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