Tumaco, ¿hacia un estado de cosas inconstitucional?.

Por: Hugo Armando Granja Arce

La debilidad institucional en Tumaco ha sido un hecho evidente históricamente. Según el índice de Desempeño Integral creado por el Departamento Nacional de Planeación,  el cual mide indicadores tales como la capacidad administrativa y fiscal de las alcaldías y gobernaciones, el municipio ha sido calificado dentro de un rango bajo desde el año 2006 hasta la fecha.

A esta situación se suman los bajos niveles de transparencia y rendición pública de cuentas, pues según el Índice de Gobierno Abierto medido por la Procuraduría General de la Nación, Tumaco obtuvo un promedio de 53,1/100 puntos, ubicándose en la posición No. 957 sobre 1.101 municipios evaluados en todo el país.

La manifiesta debilidad institucional y los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas que han afectado históricamente a los pobladores del municipio de Tumaco, ha generado una bomba social sin precedentes, afectando sistemática y masivamente los derechos fundamentales de sus pobladores:

– Según datos de la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral a las Víctimas, en los últimos 30 años se han presentado 1.667 atentados terroristas, combates u hostigamientos en el municipio, 1.227 casos de desaparición forzada y 9.650 casos de homicidio. Esta situación continúa inclusive al día de hoy, pues en los últimos 3 años van sumando 81 actos terroristas o combates en el municipio. Esto a pesar de haberse firmado los acuerdos de paz con las FARC.

La situación de orden público en la zona es tan grave, que sólo Tumaco generó 12.096 desplazamientos forzados en los últimos 3 años, es decir, casi la mitad de los que se producen en todo Colombia.

Este fenómeno de debilidad institucional también se encuentra directamente relacionado con la producción de cultivos ilícitos en el municipio, debido a que no se encuentra un Estado fuerte en la zona que atienda integralmente las problemáticas. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho, Tumaco es el municipio que más hectáreas de coca tiene sembradas en el país, llegando a 23.148 hectáreas, es decir, el 16% de todas las plantaciones de coca de Colombia. A esto se aúna el hecho de que los programas de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno Nacional resultan ineficientes debido a que no ofrecen una propuesta económicamente rentable que les permita a los cultivadores de coca tomar decisiones con base en factores de costo-beneficio y no bajo medidas de coacción. Además de que no se prioriza la judicialización de los eslabones fuertes de la cadena productiva de drogas, sino a los cultivadores que se han visto forzados a recurrir al cultivo de hoja de coca para obtener su sustento vital y familiar.

– Tampoco existe una respuesta estatal proporcional para hacerle frente a este flagelo, pues con respecto a los órganos de investigación penal y sanción, apenas hasta agosto de 2017 la Vicefiscal General de la Nación anunció que proveerían 8 puestos para fiscales para sumarse a los 12 que se encuentran en Tumaco, cifra insuficiente para el número de delitos que se cometen en el municipio. Ni hablar de los jueces penales que atienden los casos, ya que el municipio apenas cuenta con 3 jueces penales municipales, 2 jueces penales del circuito, 2 jueces penales municipales para adolescentes y 1 juez de ejecución de penas.

Esto sólo para el caso de la seguridad en el municipio, ya que según criterios de una vida de los tumaqueños en condiciones de dignidad, la situación tampoco tiende a mejorar.

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Tumaco 2017-2019, la incidencia de la pobreza multidimensional en el municipio asciende al 84% de la población de Tumaco, condición que se agudiza significativamente en la zona rural afectando al 96% de los campesinos del municipio. Aunado a esto, en su mayoría, ni siquiera cuentan con todos los servicios públicos más básicos para vivir en condiciones dignas: El servicio de internet tiene una penetración de apenas el 2,91% en el municipio. Con respecto al servicio de acueducto, según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, su cobertura no alcanza el 7% en el sector rural y en el sector urbano es del 60%. En lo atinente al servicio público mas básico y elemental de todos, el agua, según el Plan de Desarrollo Municipal de Tumaco 2017-2019, el 15% de los pobladores de la zona urbana de Tumaco no cuentan con ese servicio y los que corren con el privilegio de tenerlo, apenas tienen el suministro 4.3 horas al día, es decir, están casi 20 horas al día sin el servicio de agua.

Para profundizar aún más la situación, el servicio de agua en la zona rural de Tumaco apenas alcanza para el 6% de sus habitantes. En otras palabras, el 94% de la población en la zona rural del municipio de Tumaco no cuenta con el servicio público más básico de todos, el agua. Ni que decir del servicio de alcantarillado que apenas cubre el 14% del municipio.

Tumaco tampoco tiene vías dignas para generar desarrollo en la región. Según el Plan Municipal de Desarrollo de Tumaco 2017-2019, en el municipio apenas alcanzan 46 kilómetros de vía por cada 100.000 habitantes y en la zona rural únicamente se tiene la carretera que une a las ciudades de Pasto y Tumaco para conectarse con el resto del país por vía terrestre.

En cuestión de vivienda la situación es también bastante precaria, la falta de vivienda afecta al 88,7% de los hogares en el municipio. Esta cifra se traduce en que al día de hoy hacen falta 13.217 viviendas en la zona urbana y 10.500 en la zona rural para hacerle frente al hacinamiento en el municipio, el cual se encuentra en 4.3 personas por hogar, cuando el promedio nacional es de 3,9.

Los tumaqueños tampoco tienen un servicio de salud con cobertura universal debido a que el 20% de la población del municipio ni siquiera cuenta con cobertura en salud y el único hospital de segundo nivel en la zona de la costa pacífica nariñense, el Hospital San Andrés de Tumaco, debido a problemas financieros ha reducido sus servicios a menos del 50% poniendo en riesgo la atención en salud para los pobladores del municipio.

En temas de educación, tampoco se ve mejoría. De acuerdo con el índice Sintético de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, el municipio está en un nivel educativo mínimo, tanto en educación primaria, secundaria como en educación media. Así mismo, la cobertura en educación superior apenas llega al 6,18% encontrándose el 93,82% (18.913 personas) de la población del municipio entre los 17 y los 21 años por fuera del sistema de educación superior. Ni hablar del sistema de posgrados donde apenas 9 personas asisten al grado de especialización y 2 personas al grado de maestría.

Las situaciones anteriormente descritas no solamente simbolizan la grave crisis humanitaria que se vive en el municipio de Tumaco, sino que también perfilan la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el municipio, pues a todas luces se deduce una vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales para todos los pobladores del municipio, la cual se ha prolongado en el tiempo con la omisión histórica de las autoridades locales y nacionales para hacerle frente a la crisis.

En varias ocasiones la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional frente a situaciones de vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. Tal es el caso de la sentencia T-025 de 2004 referente a la población desplazada; en sentencias T-153 de 1998 y T-606 de 1998 la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario en Colombia o; en sentencia T-590 de 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucional por la omisión del Estado en la adopción de medidas para garantizar los derechos de los defensores humanos.

Como se ve, la figura del estado de cosas inconstitucional ha sido utilizado por la Corte Constitucional para declarar que ciertos hechos u omisiones de las autoridades locales y nacionales resultan abiertamente contrarios a la Constitución, por vulnerar masivamente los derechos y principios consagrados en la misma. Como consecuencia de esa declaratoria, la Corte les ordena a las diferentes entidades del orden local y nacional, para que en el marco de sus competencias y dentro de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar esa vulneración de derechos fundamentales.

En este orden de ideas, el suscrito columnista, con el apoyo del Director de Página 10, hacemos una cordial invitación para todas las personas residentes en el municipio de Tumaco o las organizaciones sociales que tienen presencia en Tumaco, a fin de que se unan al siguiente proyecto:

En el mes de febrero de 2018 instauraremos una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Pasto, en contra de diferentes entidades del Estado Colombiano tanto del orden local, como del orden nacional, con el fin de que se declare un estado de cosas inconstitucional en el municipio de Tumaco y de esa forma el juez de tutela le ordene a las diferentes entidades competentes, superar la situación de crisis humanitaria que vive actualmente el municipio.

Si se encuentran interesados en formar parte de este proyecto, favor mandar un correo electrónico al siguiente E-Mail: director@pagina10.com con sus nombres y datos de contacto a fin contactarlos con respecto a los pasos a seguir. Los requisitos para adherirse a esta causa social – la cual es completamente gratuita – es cumplir con una de las siguientes dos condiciones:

  1. Tener como lugar de residencia el municipio de Tumaco, Departamento de Nariño o;
  1. Ser una organización social que agrupe uno o varias personas con residencia en el municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.

Si no cumples con ninguno de los requisitos anteriores pero deseas apoyar esta causa a fin de aportar tu grano de arena a favor de Tumaco, te pedimos que compartas esta información en redes sociales y a partir del mes de febrero de 2018 sigas y promuevas los avances de esta iniciativa, pues la presión social es el arma más efectiva para hacernos escuchar ante el Estado.

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