¿Volverá el glifosato?

El próximo 27 de mayo a las ocho de la mañana se llevará a cabo una audiencia pública ambiental no presencial del trámite de modificación del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-. Para llevarla a cabo, la audiencia se transmitirá en 76 emisoras locales y comunitarias y en las redes sociales de Facebook y Youtube de la ANLA y de la policía, las cuales tendrán servicios de interpretación en lengua de señas. Esto que puede apreciarse como un aprovechamiento de las tecnologías, resulta ser todo lo contrario: una violación a los derechos que tienen las comunidades para decidir qué hacer en su territorio.

La pandemia ha visibilizado una realidad que era conocida y de voz popular pero que los gobiernos no han querido atender con la eficacia oportuna: la escaza conectividad a Internet que tiene la ciudadanía colombiana. No se trata sólo de la brecha entre lo urbano y lo rural.  De acuerdo con el Dane, el 52.7% de los hogares colombianos tiene acceso a Internet, pero su distribución es desigual: mientras que en el sector urbano la conectividad es del 63%, en los sectores rurales es del 16.2%. Se pretende asperjar en zonas vulnerables, sumidas en la pobreza y con una red de comunicación crítica, entre ellos, en municipios como Barbacoas, Cumbitara, El Tambo (Nariño), Mercaderes, Cajibio, Balboa, Argelia (Cauca), Villagarzón (Putumayo), Condoto, Bajo, Medio y Alto Baudó, Novita (Chocó), Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare), La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Vista Hermosa (Meta), El Doncello, Albania, El Paujil, San Vicente del Caguán, Valparaiso (Caqueta), son las más vulnerables del país y con múltiples problemas de comunicación: falta de conectividad a Internet, apagones eléctricos y débil señal de telefonía celular. Las emisoras disponibles permitirán escuchar la audiencia pero negaran la participación activa a las comunidades. La línea telefónica disponible tampoco garantiza que las comunidades sean escuchadas.

A pesar de que la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso en el 2015, cuando, entre sus decisiones exhortó al gobierno nacional para que examine la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante ley en la medida en que esta política tenía profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país, el actual gobierno de Iván Duque está promoviendo retomar el uso del glifosato. La obligación del Estado es, contrario al actuar del gobierno, adelantar mayores procesos de discusión, de control y de participación por parte de la sociedad civil en la construcción de una política con mayor enfoque social que tenga como objetivo la protección de la salud de los seres humanos, los animales, el territorio y la naturaleza.

La sentencia de la Corte precisa tres puntos: el derecho fundamental a la consulta previa, el derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas y el principio de precaución ambiental. La sentencia fue histórica porque la Corte le dio la razón una comunidad indígena, los Carijona de Puerto Nare (Guaviare), quienes argumentaron que por más de diez años su población se vio diezmada a causa del desplazamiento producido por el uso del glifosato por parte del Estado, además de enfermar a su comunidad, contaminar la tierra y dejarla improductiva, afectar los ríos y las lagunas, incrementar la deserción escolar y poner en peligro de extinción su cultura y su lengua. Como una forma de reparación simbólica, la Corte ordenó al Ministerio del Interior traducir el fallo en la lengua de los carijona.

Contrario a lo que el gobierno sostiene, muchos estudios han demostrado que la aspersión con glifosato altera el normal equilibrio de la naturaleza, la alteración de mecanismos celulares y el buen vivir de las poblaciones afectadas por el uso del químico. En el 2015, el glifosato fue clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, como un probable carcinógeno. En el 2019 un alto tribunal de Estados Unidos ordenó a Monsanto, propiedad de Bayer, que pagará hasta 2 000 millones de dólares  a las personas que demostraron ser afectadas por su uso y este año Bayer aceptó un acuerdo por 39,6 millones de dólares en una demanda colectiva por cargos contra su unidad de Monsanto y engaño a los consumidores en su herbicida Roundup, que contiene glifosato.

James Windle, experto en experiencias de diferentes países sobre sustitución de cultivos ilícitos, señala tres formas efectivas para luchar contra el narcotráfico: 1. Que los diferentes gobiernos de turno sean conscientes de la sustitución, sin la presión de los Estados Unidos; 2. Que el Estado haga una fuerte presencia en los territorios, lo que no quiere decir sólo con fuerzas armadas, y, 3. Que la sustitución esté acompañada de programas del Estado en educación, salud, infraestructura, agua potable y reactivación económica.

El punto 4 del acuerdo de paz propone que para solucionar el problema de las drogas ilícitas se prioricen alternativas como la sustitución voluntaria, el apoyo a los proyectos productivos de los antiguos combatientes de las FARC y la presencia del Estado en los territorios. La situación en Nariño es bastante compleja si se tiene en cuenta que la costa pacífica y la cordillera son territorios de disputa territorial por bandas criminales que quieren hacerse al negocia del narcotráfico. En el 2018 Tumaco contaba con 16046 hectáreas de coca cultivadas y todo indica que la situación se mantuvo durante el 2019 y lo que lleva del 2020, siendo el territorio colombiana con mayor presencia del cultivo. De hecho, la droga está siendo transportada en un 85% por vía marítima, principalmente por la costa pacífica colombiana.

La guerra contra el narcotráfico es un camino largo por recorrer y ello requiere mucha paciencia. Hay que recorrerlo con paso firme, pero siempre con la protección de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No se puede poner en riesgo a miles de seres vivos en una guerra que hasta ahora la está perdiendo la sociedad colombiana.

Los territorios donde se pretende asperjar son el hogar de comunidades indígenas que quedaron atrapadas en un conflicto  que no les pertenece, pero al que se han visto obligados a saber convivir con él. Esta pandemia nos ha enseñado que si queremos sobrevivir como especie necesitamos transformar nuestros estilos de vida y cambiar la relación del ser humano con la naturaleza. Si algo podemos aprender del Nariño Panamazónico es que su riqueza antropológica está acompañada de múltiples cosmovisiones. Para las comunidades originarias presentes en el departamento, awa, nasauh, kofán, sia, inga, pastos y quillacingas, el territorio es un ser vivo que necesita ser defendido, no un objeto inerte que puede ser saqueado con promesas de desarrollo.

No sólo no debería permitirse la audiencia virtual de la ANLA, también urge una defensa radical del territorio por parte de nuestros mandatarios locales.

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