¿Y los planes de desarrollo?

Por: Germán Ponce Córdoba

Nariño tiene una extensión de 3.326.800 hectáreas, correspondiente al 2,9% del territorio nacional y alberga al 3,7% de la población nacional equivalente a 1,8 millones de habitantes, de los cuales el 49.8% se ubica en la zona rural y el 50.2% en las cabeceras. En el área rural de Nariño viven 901.526 (49,8%) personas de la población del departamento. El 62,1% de ellos, es decir, 544.603 personas, viven en la pobreza, y el 21,5% de la población rural – 188.550 personas – vive en pobreza extrema, o indigencia. La pobreza tiene un marcado carácter rural.

PIB por grandes ramas de actividad económica (Miles de millones de pesos corrientes) Fuente: DANE – 2018

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura: (14.78%)

Explotación de minas y canteras: (1.05%)

Industrias manufactureras: (2.58%)

Electricidad, gas, vapor, saneamiento ambiental: (1.37%)

Construcción: (9.19%)

Comercio mayor y menor, transporte, reparación de vehículos, hoteles, restaurantes: (20.14%)

Información y comunicaciones: (1.7%)

Actividades financieras y de seguros: (2.85%)

Actividades inmobiliarias: (7.72%)

 Actividades profesionales: (3.5%)

Administración pública y defensa, seguridad social, educación, salud:(27.31%)

Actividades artísticas, productores de bienes y servicios para uso propio: (2.51%)

Impuestos: (5.3%)

Así entonces, durante el 2018 las principales ramas de la actividad económica en el departamento de Nariño son en primer lugar la Administración pública y defensa, seguridad social, educación, salud servicios sociales, comunales y personales, que aporta el 27,3% del PIB departamental, en segundo lugar se ubican las actividades Comercio mayor y menor, transporte, reparación de vehículos, hoteles, restaurantes: (20.14%), en tercer lugar las agropecuarias con un aporte del 14.7% y, en cuarto lugar está   la construcción con un 9.1%; situación que caracteriza al departamento de Nariño como una economía tercerizada, basada en comercio y servicios. La industria que genera valor en Nariño aporta apenas el 2.58% del Producto Interno Bruto, en tanto que el promedio Nacional es de 11.1%; denotando así la necesidad urgente de fortalecer la industria en el departamento de Nariño, aprovechando su gran potencial de recursos naturales, con el fin de mejorar el nivel de vida de sus habitantes. La participación de Nariño en el PIB nacional es de 1.50% y el PIB per cápita como porcentaje del promedio nacional es de 51.72%.

Nariño es de los departamentos que presentan peores resultados en términos de reducción de pobreza y donde persisten altos niveles tanto de pobreza monetaria como multidimensional. Las variables que jalonaron el aumento de pobreza multidimensional fueron: el trabajo infantil y las relacionadas con servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, aunque en general las demás dimensiones no muestran avances importantes. El 55.5% de la población es pobre multidimensional y el 62% es pobre por ingresos de forma simultánea o sea que rondamos la pobreza crítica.

La actual coyuntura obliga a repensar los planes de desarrollo teniendo en cuenta que la emergencia del covid-19 cambiará sus prioridades no sólo este año, sino el resto del gobierno; todo agravado por la reducción dramática de las fuentes de financiamiento sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Resulta claro que para hacer sostenible la estrategia para entregarle ayudas asistencialistas a las familias pobres y vulnerables mientras dure la emergencia, les tocará sacar plata que tenían ahorrada, pedir otra prestada y poner el presupuesto de todas las secretarías en función de la emergencia. Este año, pensamos que se tratara de mitigar los efectos de la emergencia, pero los siguientes tres años hay que reactivar económica y socialmente la menguada economía del departamento. Hay que hacer dos énfasis: qué gastos y proyectos ayudan a mitigar el impacto, y qué gastos o proyectos contribuyen a la reactivación económica. Para la reactivación económica son las obras civiles, las que ayudan a sostener el ingreso y a generar empleo y tienen un impacto multiplicador. Las obras que se deberían acelerar para que tengan ese impacto son la pavimentación y mejoramiento de las vías terciarias y secundarias.

Nariño tiene una situación fiscal mucho mejor que en otros tiempos y tiene un espacio de endeudamiento para hacer frente a choques transitorios como estos. El gobierno nacional deberá definir canales para que los entes territoriales, que es donde se concentra la lucha contra la pandemia, tengan acceso a recursos, como los del Fonpet, y se esperaría que también los de regalías y del Fondo de Estabilización. Por eso es perentorio la modificación inmediata del decreto 444, el que generó un choque entre Duque y mandatarios locales, porque no se deben usar los recursos de los entes territoriales para darle liquidez a los bancos.

Luego de declarar la emergencia económica, social y ecológica el Gobierno nacional expidió el decreto 444 del 21 de marzo, en el cual decide: A) crear el Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME–; B) tomar, en calidad de préstamo, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización –FAE–, que hace parte del Sistema General de Regalías y del Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet– y, C) destinar los recursos del FOME a atender las necesidades adicionales que demanda la crisis sanitaria.

Respecto a la creación del FOME, es criticable que se haya creado un nuevo fondo, en el que el ordenador del gasto es el Ministro de Hacienda, cuando ya existe el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo ordenador del gasto es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, fondo que no sólo recibe aportes del presupuesto nacional sino aportes privados que, en las actuales circunstancias, podrían canalizarse en una cuenta única, con las debidas modificaciones normativas e institucionales.

En cuanto a la fuente de recursos (el FAE y el Fonpet), que son recursos que pertenecen a los entes territoriales, si bien el Gobierno los toma en calidad de préstamo, está centralizando aún más la ejecución de las medidas que deberían tener un carácter más descentralizado, para que gobernadores y alcaldes dispusieran de mayor y mejor acceso a los recursos que requieren para atender la emergencia en sus regiones.

Tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 152 de 1994, las entidades territoriales “tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la Constitución y la Ley”. En esta vía, se ha establecido el plan de desarrollo territorial como el instrumento de planificación con el cual las administraciones locales definen los programas y proyectos que ejecutarán durante su período de gobierno (4 años).

 En los planes de desarrollo realizados por los niveles subnacionales se definen: Los objetivos, metas y programas del gobierno local o departamental y El Plan de inversiones a mediano y corto plazo

Dichos instrumentos deben garantizar la articulación de las propuestas territoriales con las disposiciones realizadas a nivel nacional, por lo cual es fundamental que el contenido de los planes territoriales de desarrollo guarde coherencia con las políticas y estrategias del Plan Nacional.

Las propuestas del plan de desarrollo en discusión son muy similares a las que se han venido desarrollando a nivel territorial desde hace décadas con muy pobres resultados; a pesar de la ineficacia comprobada de estas acciones, se siguen ejecutando porque son funcionales al sistema.

Resulta imperativo buscar estrategias diferenciadas y Políticas integrales y universales que posibiliten atacar con éxito la pobreza crítica, que como hemos insistido tiene su asiento sin índices de mejora en el sector rural: • Proyectos de infraestructura. • Apuestas productivas y de generación de ingresos. • Estrategias de inclusión social: educación, salud, habitabilidad, agua, saneamiento básico y pisos.

Lo anterior fundamentado en un enfoque territorial que consiste básicamente en que el plan de desarrollo internalice:

Un diagnóstico y línea de base para cada una de las subregiones de los entes territoriales.

Proponer objetivos y metas a alcanzar en cada sector y programa por subregión.

Asigna recursos de inversión a cada subregión para cumplir con dichos objetivos.

Este enfoque tiene muchas ventajas:

Por una parte, es mucho más transparente y democrático, posibilita a las comunidades territoriales y a sus representantes políticos conocer y discutir la propuesta regional, al mismo tiempo que ofrece a los entes territoriales, una herramienta para su relación con cada territorio; igualmente permite observar si efectivamente es viable una intervención clara para disminuir las desigualdades territoriales.

Por la otra parte, mejora la planeación, por cuanto exige que cada sector y entidad regional incluya explícitamente la dimensión territorial en sus procesos de definición de metas y de asignación de recursos.

Finalmente, este esquema constituye una herramienta valiosa para la coordinación entre niveles de gobierno, en la medida en que los planes territoriales pueden dialogar con el plan departamental y nacional para su territorio y definir cómo articularse.

Comentarios

Comentarios