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Por Erick Velasco<\/p>\n
El lunes 30 de enero, en reemplazo del C\u00f3digo de Polic\u00eda de 1970, empez\u00f3 a regir un nuevo c\u00f3digo que era importante actualizar. No obstante, muchas de sus normas son problem\u00e1ticas para las garant\u00edas que merecen los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a la actividad policial.<\/p>\n
No se trata de obviar la importancia que tiene la polic\u00eda al garantizar el cumplimiento de una gran variedad de derechos que dependen de la seguridad y el orden como simples medios para alcanzar este fin. Sin embargo, el actual C\u00f3digo de Polic\u00eda invierte estas prioridades al otorgar a la polic\u00eda muchas facultades sin controles claros con el pretexto de garantizar seguridad y orden a toda costa, generando a\u00fan m\u00e1s inseguridad. Con el agravante de que estos excesos ser\u00edan legales al consagrase en este c\u00f3digo.<\/p>\n
Inicialmente el tr\u00e1mite que tuvo que surtirse en el Congreso de la Republica destinado a aprobar el nuevo C\u00f3digo de Polic\u00eda (Ley 1801 de 2016) correspond\u00eda al de una ley estatutaria, no ordinaria. En otras palabras, se obvi\u00f3 que toda ley que regule estructuralmente nuestros derechos fundamentales debe ser sometida a un tr\u00e1mite mucho m\u00e1s riguroso que, por ejemplo, exige una mayor\u00eda de congresistas m\u00e1s numerosa para ser aprobada. Todo esto implica una garant\u00eda para la estabilidad de derechos fundamentales que no ofrece el tr\u00e1mite de una ley ordinaria por la que se tramit\u00f3 este c\u00f3digo.<\/p>\n
Por ende, en lugar de prevenir conductas contrarias a la convivencia se legaliza la estigmatizaci\u00f3n de ciertos sectores de poblaci\u00f3n vulnerando sus derechos. Este es el ejemplo de los art\u00edculos que prev\u00e9n la sanci\u00f3n de las conductas de aquellos que se desempe\u00f1an como vendedores ambulantes, quienes se ganan la vida cantando, recitando poemas o vendiendo dulces en el transporte p\u00fablico sin antes ofrecerles una reubicaci\u00f3n o una alternativa laboral, como lo ha ordenado la Corte Constitucional. Un Estado que no asegura el derecho al trabajo, a trav\u00e9s de una amplia oferta de empleo formal, no tiene legitimidad para reprimir de esta manera la actividad de los trabajadores ambulantes, lo que a su vez incentiva la delincuencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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