![\"\"](\"https:\/\/pagina10.com\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/55ba72c39af368b3249db57b75d5b15f.jpg\")
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Aunque la normativa propone grandes avances al concebir la salud como un derecho fundamental, y no un servicio, no se tiene claridad sobre la manera en que un sistema excluyente y en desequilibrio econ\u00f3mico pueda aportar a la transformaci\u00f3n de la salud en el pa\u00eds.<\/p>\n
A pesar de que los medios de comunicaci\u00f3n han anunciado que con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de Salud (resoluci\u00f3n 330 del 14 de febrero de 2017 del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social) se materializa la salud como derecho fundamental aut\u00f3nomo, tal afirmaci\u00f3n est\u00e1 en duda, ya que la sentencia C-313 de 2014, que modula la Ley, indica no solo que esta se estar\u00eda incumpliendo, sino que adem\u00e1s existir\u00eda una posible inconstitucionalidad de la normativa.<\/p>\n
As\u00ed lo afirman en un art\u00edculo de an\u00e1lisis publicado en la reciente edici\u00f3n de UN Peri\u00f3dico, el profesor Mario Hern\u00e1ndez \u00c1lvarez, del Doctorado Interfacultades en Salud P\u00fablica de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.); Carolina Corcho, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y Jaime Urrego, candidato a doctor en Salud P\u00fablica de la U.N.<\/p>\n
En efecto se\u00f1alan los analistas, el art\u00edculo 26 de la Ley Estatutaria de Salud establece que \u201crige a partir de su publicaci\u00f3n y deroga las disposiciones que le sean contrarias\u201d.<\/p>\n
Al respecto, mencionan que el \u00fanico aspecto al que se le fij\u00f3 un plazo de dos a\u00f1os para su implementaci\u00f3n fue la definici\u00f3n de las exclusiones expl\u00edcitas, es decir el listado de servicios y tecnolog\u00edas que no ser\u00edan pagadas con recursos p\u00fablicos, seg\u00fan lo regulado en el art\u00edculo 15.<\/p>\n
En ese sentido, indican que \u201cla resoluci\u00f3n 330 hasta ahora crea el mecanismo cient\u00edfico-t\u00e9cnico participativo para definir dichas exclusiones y no lo que estaba ordenado, que era contar con el listado respectivo\u201d.<\/p>\n
En el art\u00edculo, los expertos dicen que una revisi\u00f3n del articulado de la Ley evidencia un bajo nivel de cumplimiento a solo dos a\u00f1os de su expedici\u00f3n. Por ejemplo, los art\u00edculos 2, 5, 6 y 8, referidos a las obligaciones, se est\u00e1n vulnerando.<\/p>\n
En este sentido expresan que \u201cTal es el caso de los elementos esenciales y principios a cargo del Estado y de los agentes del sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud. A juzgar por el aumento de tutelas interpuestas por la falta de acceso a bienes y servicios de salud, seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo el 64 % forma parte del Plan Obligatorio de Salud (POS)\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n exponen que los art\u00edculos 7 y 19 de la Ley Estatutaria de Salud ordenan una evaluaci\u00f3n anual de \u201cindicadores del goce efectivo del derecho a la salud\u201d y la construcci\u00f3n de un \u201csistema \u00fanico de informaci\u00f3n en salud\u201d que d\u00e9 cuenta de los elementos constitutivos del derecho, respectivamente. Sin embargo, aseguran que dicha evaluaci\u00f3n no se ha realizado, en parte porque el sistema de informaci\u00f3n es fragmentado e incompleto.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 9 que obliga a actuar sobre los \u201cdeterminantes sociales\u201d de las desigualdades en salud, aseveran que poco se ha hecho al respecto, m\u00e1s all\u00e1 del establecimiento de la Comisi\u00f3n Intersectorial, casi inoperante, un deficiente avance del Plan Decenal de Salud P\u00fablica, altos niveles de corrupci\u00f3n de los programas sociales y un deterioro de los territorios y el medioambiente.<\/p>\n
Con respecto al art\u00edculo 11 que ordena priorizar los sujetos de protecci\u00f3n especial, como ni\u00f1os, adolescentes, mujeres gestantes y v\u00edctimas de violencia, entre otros, manifiestan que este mandato contrasta con, por ejemplo, el cierre de camas pedi\u00e1tricas en todo el pa\u00eds denunciado por la Sociedad Colombiana de Pediatr\u00eda debido a la poca rentabilidad para los actores privados del sistema, o la indignante mortalidad infantil por desnutrici\u00f3n en La Guajira.<\/p>\n
Los analistas afirman que la Ley tambi\u00e9n proh\u00edbe la \u201cnegaci\u00f3n de servicios\u201d. Para ello, el art\u00edculo 14 le ordena al Congreso establecer \u201csanciones penales y disciplinarias tanto de los representantes legales de las entidades a cargo de la prestaci\u00f3n del servicio, como de las dem\u00e1s personas que contribuyeron a la misma\u201d. Pero en su opini\u00f3n, esta normativa no existe.<\/p>\n
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ACCIONES INSUFICIENTES<\/p>\n
Otros aspectos mencionados en el art\u00edculo se relacionan con el incumplimiento del art\u00edculo 22 que ordena la formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica de ciencia, tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n en salud orientada \u2013seg\u00fan la Corte Constitucional\u2013 a generar conocimiento que determine, entre otras, la efectividad de las tecnolog\u00edas utilizadas en el pa\u00eds.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 23 sobre pol\u00edtica farmac\u00e9utica \u2013modulado por la Corte Constitucional para afectar toda la cadena de los medicamentos\u2013, dicen que ha avanzado parcialmente al definirse un techo de precios para algunos medicamentos y al negociarse con Novartis \u2013due\u00f1a de la patente- el precio del Imatinib.<\/p>\n
Respecto a las exclusiones ordenadas por el art\u00edculo 15 el asunto es m\u00e1s grave, a la luz del mandato de la Corte Constitucional. Los expertos aseguran que la insistencia del Gobierno en mantener un plan expl\u00edcito de beneficios \u201ccolectivos\u201d y una serie de \u201cprestaciones excepcionales\u201d es opuesto al mandato de la Corte, que solo acept\u00f3 una definici\u00f3n taxativa de exclusiones. \u201cEsto quiere decir que todo lo que no sea excluido est\u00e1 incluido, y desaparecer\u00eda el POS\u201d.<\/p>\n
Consideran que \u201cel plan sigue porque el Gobierno sostendr\u00e1 el contrato t\u00e1cito con las EPS, es decir el pago per c\u00e1pita (o UPC), con el consabido lucro que implica. Pero puede ser de otra manera: una administraci\u00f3n p\u00fablica, descentralizada y vigilada de los recursos p\u00fablicos ser\u00eda mucho m\u00e1s eficaz y sostenible, como lo ha demostrado Costa Rica, para no ir muy lejos\u201d.<\/p>\n
En este escenario se insiste en que sea el Congreso de la Rep\u00fablica la instancia que reorganice el sistema de salud de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud y la jurisprudencia constitucional de fondo, por medio de una ley ordinaria.<\/p>\n
Se trata de garantizar el derecho fundamental, aut\u00f3nomo e irrenunciable a la salud a partir de un gran pacto social y pol\u00edtico nacional, frente a la construcci\u00f3n de una sociedad en paz.<\/p>\n
(Por: fin\/UNP-JU\/dmh\/DCP)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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