![\"\"](\"https:\/\/pagina10.com\/web\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/86058fae08ec6ce0f12effbcc1910796.jpg\")
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El procurador General de la Naci\u00f3n, Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez Maldonado, le solicit\u00f3 a la Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conferir el impulso procesal necesario al tr\u00e1mite de la demanda de nulidad simple formulada en contra de la Resoluci\u00f3n 1216 del 20 de abril de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, relacionada con las directrices para la organizaci\u00f3n y el funcionamiento de los comit\u00e9s para hacer efectivo el llamado \u201cderecho a morir con dignidad\u201d. <\/p>\n
En su momento, adem\u00e1s de elevar dicha pretensi\u00f3n, el jefe del Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 una medida cautelar suspensiva de urgencia por la amenaza a derechos fundamentales que implica la resoluci\u00f3n, y en atenci\u00f3n a la necesidad de evitar la producci\u00f3n de sus efectos lo antes posible. Sin embargo, a pesar que la solicitud fue radicada el pasado 4 de mayo, a\u00fan no hay pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acci\u00f3n o sobre la medida cautelar de urgencia solicitada. <\/p>\n
Finalmente, destaca el procurador general que resulta imperioso un pronunciamiento del Consejo de Estado porque, como es de p\u00fablico conocimiento, la resoluci\u00f3n demandada ya ha empezado a ser utilizada para terminar la vida de pacientes, muy a pesar de todos los vicios legales y constitucionales que concurrieron en su expedici\u00f3n, as\u00ed como de la grave afectaci\u00f3n a derechos fundamentales que ella implica.<\/p>\n
Argumentos del jefe del Ministerio P\u00fablico<\/p>\n
Entre los argumentos de su demanda, el procurador Ord\u00f3\u00f1ez Maldonado se\u00f1al\u00f3 en su momento que la eutanasia tiene por objeto directo limitar el derecho a la vida y, seg\u00fan la Carta Pol\u00edtica y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00fanicamente podr\u00eda ser reglamentado por el legislador estatutario. As\u00ed mismo, como la resoluci\u00f3n dispuso sobre el derecho a la objeci\u00f3n de conciencia y sustrajo el derecho a la objeci\u00f3n de conciencia institucional, es evidente la usurpaci\u00f3n de funciones del Congreso. <\/p>\n
El jefe del Ministerio P\u00fablico adujo adem\u00e1s que el homicidio por piedad es un delito en Colombia y que la jurisprudencia constitucional solo ha despenalizado la acci\u00f3n del m\u00e9dico tratante cuando este act\u00faa libremente y por piedad, si se cumplen ciertas condiciones extremas y objetivas respecto de la salud del paciente. Por lo anterior, el procurador general concluy\u00f3 que no es posible que una resoluci\u00f3n obligue a alguien, menos a\u00fan si no es el m\u00e9dico tratante del paciente, a participar en un procedimiento que tenga por objetivo quitarle la vida sin hacer ninguna menci\u00f3n o consideraci\u00f3n a la piedad, ya que estar\u00eda oblig\u00e1ndole a cometer un delito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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