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*Por Centro de Pensamiento Libre<\/p>\n
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Ante la grave crisis de hacinamiento por lo que atraviesa el sector penitenciario en el pa\u00eds la cual se potencializa por la pandemia del covid19, el pa\u00eds esperaba con expectativa la expedici\u00f3n del decreto de emergencia mediante el cual el gobierno nacional establecer\u00eda las condiciones para que las personas privadas de la libertad puedan salir de prisi\u00f3n y pagar su condena o la medida provisional desde sus casas.<\/p>\n
En contexto es bueno recordar que la corte constitucional hab\u00eda declarado \u201cel estado de cosas\u201d en los establecimientos penitenciarios como inconstitucional; en efecto en sentencia T- 153 de 1998, expuso: \u201cLas condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios dise\u00f1ados para el proyecto de resocializaci\u00f3n (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisi\u00f3n y el desgre\u00f1o que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblaci\u00f3n ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las m\u00e1s m\u00ednimas condiciones para llevar una vida digna en la prisi\u00f3n, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirt\u00faa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atenci\u00f3n en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblaci\u00f3n carcelaria impide la separaci\u00f3n de los internos por categor\u00edas. En efecto, la ley ordena que los sindicados est\u00e9n separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza P\u00fablica, los funcionarios p\u00fablicos y los ind\u00edgenas de los dem\u00e1s reclusos, etc.\u201d<\/p>\n
A pesar de que desde hace 22 a\u00f1os la corte Constitucional con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, dispuso una serie de medidas para solucionar el problema carcelario los gobiernos de turno han entrado en renuencia para su cumplimiento. En efecto en esa oportunidad la corte constitucional conformada en ese entonces por los m\u00e1s insignes magistrados, dentro de los que se encontraban Carlos Gaviria D\u00edaz y Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo,\u00a0 dispuso:<\/p>\n
Primero.- ORDENAR que se notifique acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones al\u00a0 Presidente de la Rep\u00fablica; a los presidentes del Senado de la Rep\u00fablica y de la C\u00e1mara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Naci\u00f3n; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales.<\/p>\n
Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el d\u00eda 16 de junio de 1997, y el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogot\u00e1, el d\u00eda 21 de agosto de 1997, por medio de las cuales se denegaron las solicitudes de tutela interpuestas por Manuel Jos\u00e9 Duque Arcila y Jhon Jairo Hern\u00e1ndez y otros, respectivamente. En su lugar se conceder\u00e1 el amparo solicitado.<\/p>\n
Tercero.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n elaborar, en un t\u00e9rmino de tres meses a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, un plan de construcci\u00f3n y refacci\u00f3n carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de Naci\u00f3n ejercer\u00e1n supervigilancia sobre este punto. Adem\u00e1s, con el objeto de poder financiar\u00a0 enteramente los gastos que demande la ejecuci\u00f3n del plan de construcci\u00f3n y refacci\u00f3n carcelaria, el Gobierno deber\u00e1 realizar de inmediato las diligencias necesarias para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el Gobierno deber\u00e1 adelantar los tr\u00e1mites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcci\u00f3n y refacci\u00f3n carcelaria y los gastos que demande su ejecuci\u00f3n sean incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.<\/p>\n
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del Despacho o de la Direcci\u00f3n, la realizaci\u00f3n total del plan de construcci\u00f3n y refacci\u00f3n carcelaria en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.<\/p>\n
Quinto.- ORDENAR al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensi\u00f3n inmediata de la ejecuci\u00f3n del contrato de remodelaci\u00f3n de las celdas de la C\u00e1rcel Distrital Modelo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1.<\/p>\n
Sexto.- ORDENAR al INPEC que, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de tres meses, \u00a0recluya en establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza P\u00fablica que se encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.<\/p>\n
S\u00e9ptimo.- ORDENAR al INPEC que, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os, separe completamente los internos sindicados de los condenados.<\/p>\n
Octavo.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que investigue la raz\u00f3n de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad de Bogot\u00e1 y Medell\u00edn a las c\u00e1rceles Modelo y Bellavista.<\/p>\n
Noveno.- ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria.<\/p>\n
D\u00e9cimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias para cumplir con su obligaci\u00f3n de crear y mantener centros de reclusi\u00f3n propios.<\/p>\n
Und\u00e9cimo.- ORDENAR al Presidente de la Rep\u00fablica, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden p\u00fablico y el respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusi\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n
No obstante lo anterior el problema de hacinamiento carcelario no solo ha continuado sino que se ha incrementado con ocasi\u00f3n de la negligencia estatal, la falta de inversi\u00f3n, la desigualdad social y la falta de una pol\u00edtica criminal seria.<\/p>\n
Una vez expedido el decreto no fue bien recibido por parte de los colegios de abogados penalistas\u00a0 en Colombia, toda vez que no aporta mucho a las excepciones propias que trae el c\u00f3digo para tiempos de normalidad; se esperaba que pudiera salir una poblaci\u00f3n carcelaria de diez mil presos y seg\u00fan las proyecciones qu\u00e9 hace el Ministerio de Justicia \u00fanicamente saldr\u00e1n alrededor de cuatro mil.<\/p>\n
Realmente el decreto es decepcionante toda vez que se limita por el factor objetivo la posibilidad de que presos que hayan logrado su resocializaci\u00f3n, as\u00ed no cumplan las condiciones de tiempo puedan recuperar su libertad en medio de esta crisis, lo que favorecer\u00eda a la dem\u00e1s poblaci\u00f3n carcelaria.<\/p>\n
El decreto que dispone la excarcelaci\u00f3n de presos en Colombia deber\u00eda privilegiar en primer lugar el buen comportamiento de los reclusos, as\u00ed no se cumplan los requisitos objetivos finalmente la pena tiene una funci\u00f3n de resocializaci\u00f3n.<\/p>\n
Teniendo en cuenta que la poblaci\u00f3n carcelaria es superior a las ciento veinte mil personas, de las cuales alrededor del 34% se encuentran con medida aseguramiento, esto es que a\u00fan no han sido condenadas, la cifra de excarcelaci\u00f3n ser\u00eda irrisoria, lo que equivaldr\u00eda al 3% de la poblaci\u00f3n que se encuentra privada libertad.<\/p>\n
Al respecto hemos consultado al especialista en Derecho Penal y Criminolog\u00eda, profesor de diferentes universidades y miembro de n\u00famero del Centro de Pensamiento Libre Abogado Guido Mauricio Ramos Torres, quien realiz\u00f3 una cruda reflexi\u00f3n y an\u00e1lisis sobre este decreto:<\/p>\n
\u201cEl Decreto del Gobierno para la excarcelaci\u00f3n de reclusos es un completo fraude, es un enga\u00f1o descarado para esa poblaci\u00f3n que se encuentra en un grav\u00edsimo estado de indignidad y que est\u00e1 claramente expuesta a la pandemia. Realiza una motivaci\u00f3n exagerada para llegar, verdaderamente, a muy poco. Deja ver que se conceden domiciliarias por razones muy loables, pero al final, como es com\u00fan en estos temas, lo que aparentemente se concede, lo proh\u00edbe ampliamente para much\u00edsimos delitos y por diversas razones.<\/p>\n
Pr\u00e1cticamente, permite las domiciliarias a quienes ya est\u00e1n en libertad o en detenci\u00f3n o prisi\u00f3n domiciliarias, pues precisamente los pocos delitos para los que se permite no son de aquellos que regularmente generan encarcelamiento.<\/p>\n
Ser\u00e1n entonces muy pocos los casos de personas que saldr\u00e1n a domiciliarias, en mi criterio, podr\u00e1n adquirirlas algunos de aquellos que por falta de defensa adecuada o por malas interpretaciones de algunos fiscales y Jueces quedaron detenidos en el pasado, y desde luego, algunos otros que se ajusten a los condicionamientos exagerados de la norma.<\/p>\n
El problema, entonces, no est\u00e1 en las razones por la que se conceder\u00edan domiciliarias, est\u00e1 en la cantidad de delitos y razones por las que al mismo tiempo se proh\u00edben.<\/p>\n
Por lo anterior, con tristeza lo decimos, solo cuando hayan muchos m\u00e1s muertos en las c\u00e1rceles, de pronto, se producir\u00e1n unas medidas que en verdad solucionen el problema carcelario Colombiano; que por cierto en t\u00e9rminos “normales” se deber\u00eda solucionar, pues el Estado de Cosas Inconstitucional declarado varias veces por la Corte Constitucional no se ha superado.<\/p>\n
Lo cierto, es que las razones de excarcelaci\u00f3n planteadas deber\u00edan existir en tiempos de “normalidad” pero desde luego sin tantas prohibiciones, lo cual no quiere decir,\u00a0 ni m\u00e1s faltaba, que tengan que salir en libertad o domiciliarias presos por muchos delitos de verdadera gravedad. El problema est\u00e1 en \u00faltimas en que no hay voluntad para ayudar, o mejor cumplir con las obligaciones estatales de garant\u00eda de los derechos y condiciones de dignidad de muchas personas en el Pa\u00eds, incluidas las privadas de su libertad, mismas que son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional.\u201d<\/p>\n
Algo que es muy importante destacar es que no se hace una diferenciaci\u00f3n entre los presos que se encuentran condenados y los que se encuentran a\u00fan en juzgamiento a quienes cobija la presunci\u00f3n de inocencia, a estos \u00faltimos deber\u00eda entonces d\u00e1rseles una mayor liberalidad para que puedan con algunas medidas especiales afrontar sus procesos en libertad como deber\u00eda ser la norma general.<\/p>\n
Lamentablemente esta tem\u00e1tica del hacinamiento carcelario como la debilidad de nuestro sistema de seguridad social en salud, la desprotecci\u00f3n y precarizaci\u00f3n de los profesionales de la salud, la falta de implementaci\u00f3n de plataformas virtuales en los servicios p\u00fablicos y la corrupci\u00f3n; se han hecho m\u00e1s evidentes en este estado de emergencia, situaci\u00f3n \u00a0que deber\u00eda abordarse con seriedad desde la normalidad, pero como ello no es as\u00ed debemos exigir de nuestras autoridades que en este momento se tomen medidas urgentes para solucionar estas problem\u00e1ticas.<\/p>\n
Mientras el sistema carcelario sucumbe entre el hacinamiento, las enfermedades, los abusos y la corrupci\u00f3n; el gobierno nacional continua manejando los problemas de Estado a trav\u00e9s de\u00a0 eufemismos como ha sido du caracter\u00edstica, mientras la sociedad mira con desaliento el error de sus propias decisiones electorales.<\/p>\n
*El Centro de Pensamiento Libre es una entidad privada, sin \u00e1nimo de lucro, conformada por profesionales de diferentes disciplinas que est\u00e1n al servicio de la comunidad, abierta a todas las personas sin distingo de raza, sexo, nacionalidad, credo o filiaci\u00f3n pol\u00edtica, que organiza y realiza todo tipo de actividades encaminadas al fortalecimiento de la democracia, la libre empresa, la b\u00fasqueda del bienestar de las personas menos favorecidas y est\u00e1 en pro de la convivencia pac\u00edfica, el desarrollo socioecon\u00f3mico y la b\u00fasqueda de la concordia nacional.<\/p>\n
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