El pr\u00f3ximo 27 de mayo a las ocho de la ma\u00f1ana se llevar\u00e1 a cabo una audiencia p\u00fablica ambiental no presencial del tr\u00e1mite de modificaci\u00f3n del plan de manejo ambiental para el programa de erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos mediante la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con el herbicida glifosato convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013ANLA-. Para llevarla a cabo, la audiencia se transmitir\u00e1 en 76 emisoras locales y comunitarias y en las redes sociales de Facebook y Youtube de la ANLA y de la polic\u00eda, las cuales tendr\u00e1n servicios de interpretaci\u00f3n en lengua de se\u00f1as. Esto que puede apreciarse como un aprovechamiento de las tecnolog\u00edas, resulta ser todo lo contrario: una violaci\u00f3n a los derechos que tienen las comunidades para decidir qu\u00e9 hacer en su territorio.<\/p>\n
La pandemia ha visibilizado una realidad que era conocida y de voz popular pero que los gobiernos no han querido atender con la eficacia oportuna: la escaza conectividad a Internet que tiene la ciudadan\u00eda colombiana. No se trata s\u00f3lo de la brecha entre lo urbano y lo rural.\u00a0 De acuerdo con el Dane, el 52.7% de los hogares colombianos tiene acceso a Internet, pero su distribuci\u00f3n es desigual: mientras que en el sector urbano la conectividad es del 63%, en los sectores rurales es del 16.2%. Se pretende asperjar en zonas vulnerables, sumidas en la pobreza y con una red de comunicaci\u00f3n cr\u00edtica, entre ellos, en municipios como Barbacoas, Cumbitara, El Tambo (Nari\u00f1o), Mercaderes, Cajibio, Balboa, Argelia (Cauca), Villagarz\u00f3n (Putumayo), Condoto, Bajo, Medio y Alto Baud\u00f3, Novita (Choc\u00f3), Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare), La Macarena, Mapirip\u00e1n, Puerto Concordia, Vista Hermosa (Meta), El Doncello, Albania, El Paujil, San Vicente del Cagu\u00e1n, Valparaiso (Caqueta), son las m\u00e1s vulnerables del pa\u00eds y con m\u00faltiples problemas de comunicaci\u00f3n: falta de conectividad a Internet, apagones el\u00e9ctricos y d\u00e9bil se\u00f1al de telefon\u00eda celular. Las emisoras disponibles permitir\u00e1n escuchar la audiencia pero negaran la participaci\u00f3n activa a las comunidades. La l\u00ednea telef\u00f3nica disponible tampoco garantiza que las comunidades sean escuchadas.<\/p>\n
A pesar de que la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 sobre el caso en el 2015, cuando, entre sus decisiones exhort\u00f3 al gobierno nacional para que examine la posibilidad de reglamentar el programa de erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos mediante ley en la medida en que esta pol\u00edtica ten\u00eda profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades \u00e9tnicas del pa\u00eds, el actual gobierno de Iv\u00e1n Duque est\u00e1 promoviendo retomar el uso del glifosato. La obligaci\u00f3n del Estado es, contrario al actuar del gobierno, adelantar mayores procesos de discusi\u00f3n, de control y de participaci\u00f3n por parte de la sociedad civil en la construcci\u00f3n de una pol\u00edtica con mayor enfoque social que tenga como objetivo la protecci\u00f3n de la salud de los seres humanos, los animales, el territorio y la naturaleza.<\/p>\n
La sentencia de la Corte precisa tres puntos: el derecho fundamental a la consulta previa, el derecho a la supervivencia f\u00edsica, cultural y espiritual de las comunidades \u00e9tnicas y el principio de precauci\u00f3n ambiental. La sentencia fue hist\u00f3rica porque la Corte le dio la raz\u00f3n una comunidad ind\u00edgena, los Carijona de Puerto Nare (Guaviare), quienes argumentaron que por m\u00e1s de diez a\u00f1os su poblaci\u00f3n se vio diezmada a causa del desplazamiento producido por el uso del glifosato por parte del Estado, adem\u00e1s de enfermar a su comunidad, contaminar la tierra y dejarla improductiva, afectar los r\u00edos y las lagunas, incrementar la deserci\u00f3n escolar y poner en peligro de extinci\u00f3n su cultura y su lengua. Como una forma de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica, la Corte orden\u00f3 al Ministerio del Interior traducir el fallo en la lengua de los carijona.<\/p>\n
Contrario a lo que el gobierno sostiene, muchos estudios han demostrado que la aspersi\u00f3n con glifosato altera el normal equilibrio de la naturaleza, la alteraci\u00f3n de mecanismos celulares y el buen vivir de las poblaciones afectadas por el uso del qu\u00edmico. En el 2015, el glifosato fue clasificado por la Agencia Internacional para la Investigaci\u00f3n del C\u00e1ncer, de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, como un probable carcin\u00f3geno. En el 2019 un alto tribunal de Estados Unidos orden\u00f3 a Monsanto, propiedad de Bayer, que pagar\u00e1 hasta 2 000 millones de d\u00f3lares \u00a0a las personas que demostraron ser afectadas por su uso y este a\u00f1o Bayer acept\u00f3 un acuerdo por 39,6 millones de d\u00f3lares en una demanda colectiva por cargos contra su unidad de Monsanto y enga\u00f1o a los consumidores en su herbicida Roundup, que contiene glifosato.<\/p>\n
James Windle, experto en experiencias de diferentes pa\u00edses sobre sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, se\u00f1ala tres formas efectivas para luchar contra el narcotr\u00e1fico: 1. Que los diferentes gobiernos de turno sean conscientes de la sustituci\u00f3n, sin la presi\u00f3n de los Estados Unidos; 2. Que el Estado haga una fuerte presencia en los territorios, lo que no quiere decir s\u00f3lo con fuerzas armadas, y, 3. Que la sustituci\u00f3n est\u00e9 acompa\u00f1ada de programas del Estado en educaci\u00f3n, salud, infraestructura, agua potable y reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
El punto 4 del acuerdo de paz propone que para solucionar el problema de las drogas il\u00edcitas se prioricen alternativas como la sustituci\u00f3n voluntaria, el apoyo a los proyectos productivos de los antiguos combatientes de las FARC y la presencia del Estado en los territorios. La situaci\u00f3n en Nari\u00f1o es bastante compleja si se tiene en cuenta que la costa pac\u00edfica y la cordillera son territorios de disputa territorial por bandas criminales que quieren hacerse al negocia del narcotr\u00e1fico. En el 2018 Tumaco contaba con 16046 hect\u00e1reas de coca cultivadas y todo indica que la situaci\u00f3n se mantuvo durante el 2019 y lo que lleva del 2020, siendo el territorio colombiana con mayor presencia del cultivo. De hecho, la droga est\u00e1 siendo transportada en un 85% por v\u00eda mar\u00edtima, principalmente por la costa pac\u00edfica colombiana.<\/p>\n
La guerra contra el narcotr\u00e1fico es un camino largo por recorrer y ello requiere mucha paciencia. Hay que recorrerlo con paso firme, pero siempre con la protecci\u00f3n de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No se puede poner en riesgo a miles de seres vivos en una guerra que hasta ahora la est\u00e1 perdiendo la sociedad colombiana.<\/p>\n
Los territorios donde se pretende asperjar son el hogar de comunidades ind\u00edgenas que quedaron atrapadas en un conflicto \u00a0que no les pertenece, pero al que se han visto obligados a saber convivir con \u00e9l. Esta pandemia nos ha ense\u00f1ado que si queremos sobrevivir como especie necesitamos transformar nuestros estilos de vida y cambiar la relaci\u00f3n del ser humano con la naturaleza. Si algo podemos aprender del Nari\u00f1o Panamaz\u00f3nico es que su riqueza antropol\u00f3gica est\u00e1 acompa\u00f1ada de m\u00faltiples cosmovisiones. Para las comunidades originarias presentes en el departamento, awa, nasauh, kof\u00e1n, sia, inga, pastos y quillacingas, el territorio es un ser vivo que necesita ser defendido, no un objeto inerte que puede ser saqueado con promesas de desarrollo.<\/p>\n
No s\u00f3lo no deber\u00eda permitirse la audiencia virtual de la ANLA, tambi\u00e9n urge una defensa radical del territorio por parte de nuestros mandatarios locales.<\/p>\n
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