Por: Mar\u00eda Alejandra Mu\u00f1oz<\/p>\n
Hist\u00f3ricamente uno de los principales problemas de la administraci\u00f3n de justicia colombiana ha sido el deficiente funcionamiento de las c\u00e1rceles, afectando gravemente los derechos humanos de los penitenciarios; realidad que sobrepasa amplios objetivos constitucionales e internacionales, desde la aplicaci\u00f3n univoca de derechos de los reclusos como la abstenci\u00f3n en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
La Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, declar\u00f3 el COVID-19, como pandemia debido a la velocidad de propagaci\u00f3n y transmisi\u00f3n del virus; el Gobierno Colombiano mediante Resoluci\u00f3n No. 385 del 12 de marzo de 2020 declar\u00f3 la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adopta medidas para hacer frente al virus, el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declar\u00f3 el Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en todo el territorio Nacional y el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, estableci\u00f3 la cuarentena o aislamiento social preventivo obligatorio por la llegada del Coronavirus 2019 \u2013 (COVID-19).<\/p>\n
En Colombia, \u201ca la fecha, son 11 los penales en el pa\u00eds a d\u00f3nde ha llegado el COVID-19\u201d[1]<\/a>. En los centros de privaci\u00f3n de la libertad en Colombia se vive una situaci\u00f3n compleja y deficiente, que afecta gravemente los derechos fundamentales y humanos del recluso, siendo una realidad que denota la constante violaci\u00f3n de declaraciones y objetivos de la norma constitucional e internacional.<\/p>\n El peri\u00f3dico El Espectador indica que \u201cdesde hace meses, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los nefastos efectos que tendr\u00eda la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad. En Colombia, donde el hacinamiento en las c\u00e1rceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado “estado de cosas inconstitucional” el panorama no es distinto\u201d[2]<\/a><\/p>\n \u00a0\u201cA poco m\u00e1s de dos meses de la llegada de la covid-19 a Colombia, la expansi\u00f3n del virus no solo no se detiene en las ciudades, sino que se ha extendido con gran velocidad a los centros carcelarios, donde las condiciones de hacinamiento se convierten en un veh\u00edculo para un contagio masivo\u201d[3]<\/a><\/p>\n De esta manera es pertinente mencionar que el hacinamiento constituye una de las principales fuentes de las violaciones a la dignidad y a los derechos humanos en las c\u00e1rceles colombianas, origina condiciones inhumanas para vivir, corrupci\u00f3n y violencia por la consecuci\u00f3n de un espacio m\u00ednimo en donde se entorpece el cumplimiento del tratamiento penitenciario para la reinserci\u00f3n social del interno y disminuye las oportunidades de trabajo, educaci\u00f3n y recreaci\u00f3n para los internos, dificultan la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias y, consecuencialmente, comprometen la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar la vida e integridad f\u00edsica de las personas privadas de la libertad.<\/p>\n Uno de los informes sobre derechos humanos y los reclusos de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, indica que el hacinamiento, la sobrepoblaci\u00f3n, las deficientes condiciones de reclusi\u00f3n, tanto f\u00edsicas, como las relativas a la falta de provisi\u00f3n de servicios b\u00e1sicos, los altos \u00edndices de violencia carcelaria, la falta de control de las autoridades, la tortura con fines de investigaci\u00f3n criminal, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, el uso excesivo de la detenci\u00f3n preventiva y la falta de programas laborales y educativos, son repercusiones directas a la sobrepoblaci\u00f3n carcelaria de la regi\u00f3n latina[4]<\/a><\/p>\n La situaci\u00f3n que representa el virus para el sistema carcelario en crisis y con hacinamiento, representa para los reclusos una pena mayor, que genera tratos crueles, inhumanos y degradantes, constituyendo una de las principales fuentes de las violaciones a la dignidad, los derechos humanos y fundamentales del recluso.<\/p>\n \u201cSi alguien quisiera propagar el coronavirus a prop\u00f3sito, encerrar\u00eda a muchas personas en espacios hacinados e insalubres, con escasa ventilaci\u00f3n, acceso espor\u00e1dico al agua, atenci\u00f3n m\u00e9dica deficiente y muy pocas pruebas para detectar infectados. Es decir, dise\u00f1ar\u00eda una c\u00e1rcel t\u00edpica latinoamericana o caribe\u00f1a\u201d[5]<\/a> Transformar celdas insalubres en incubadoras de propagaci\u00f3n del coronavirus ser\u00eda nefasto para la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, asegur\u00f3 que en muchos pa\u00edses los centros de detenci\u00f3n est\u00e1n sobrepoblados o a punto de estarlo, por lo que el distanciamiento y el aislamiento en estas condiciones son pr\u00e1cticamente imposibles y se requiere la toma de decisiones urgentes por los gobiernos para proteger la salud de las personas detenidas.[6]<\/a><\/p>\n Algunos gobiernos han tomado medidas para reducir la sobrepoblaci\u00f3n penitenciaria pues es crucial para evitar un contagio generalizado en las prisiones de sus territorios, mientras otros pasan por encima de sus derechos humanos y varios demuestran poco inter\u00e9s por ayudarlos.<\/p>\n En Colombia, para mitigar las consecuencias de la crisis carcelaria y la emergencia sanitaria el Ministerio de Justicia emiti\u00f3 un decreto, amparado en la emergencia carcelaria, que permitir\u00e1 la excarcelaci\u00f3n de entre 5.000 y 7.000 presos de todo el pa\u00eds. Para acceder al beneficio deber\u00e1n cumplir con ciertos requisitos, como tener m\u00e1s de 60 a\u00f1os de edad, ser madres gestantes, acreditar enfermedades graves o estar a menos de 3 a\u00f1os de cumplir su condena. Sin embargo, muchos reclusos se quejan por la demora en la aplicaci\u00f3n de la norma y por la falta de condiciones sanitarias en los penales[7]<\/a><\/p>\n En este sentido, es menester indicar que el reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales en instrumentos positivizados, constituye una garant\u00eda ante las arbitrariedades provenientes de los detentadores del poder y el actual estado de emergencia sanitaria.<\/p>\n La UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH hicieron una declaraci\u00f3n conjunta sobre la COVID-19 en c\u00e1rceles y otros centros de internamiento, en la cual recomiendan: reducir el hacinamiento, garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana, garantizar el acceso a los servicios de salud continuados, respetar los derechos humanos y adherirse a las reglas y las pautas de las Naciones Unidas.<\/p>\n Se evoca que la Convenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9) 1969, describe el derecho a la integridad personal de las personas privadas de la libertad en estaci\u00f3n carcelaria, como un trato digno, validado en el respeto, donde el reo no sea sometido ni a torturas, ni a penas o a tratos crueles o inhumanos, siendo la finalidad de estas penas la reforma y la readaptaci\u00f3n social de los condenados.[8]<\/a><\/p>\n El Sistema Interamericano y la Constituci\u00f3n Colombiana de 1991 establecen los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana, significa respeto y protecci\u00f3n a la vida humana, que al ser una realidad, acompa\u00f1an la existencia del hombre, sin embargo, es una afirmaci\u00f3n infundada al ser comparada con la situaci\u00f3n actual que viven los reos en los recintos de privaci\u00f3n de la libertad colombiana, ya que siguen siendo instrumentos de negaci\u00f3n de la humanidad.<\/p>\n La Sentencia T-355\/11, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, afirma que el Estado se encuentra obligado a proteger los derechos fundamentales de las personas que est\u00e1n privadas de la libertad y recluidas en uno de sus centros carcelarios o penitenciarios, so pena de desconocer el principio de dignidad humana que rige sus actuaciones[9]<\/a><\/p>\n Es pertinente se\u00f1alar que uno de los derechos m\u00e1s afectados de los reos en la crisis sanitaria y el hacinamiento de las c\u00e1rceles es el derecho a la salud, el cual pertenece a la categor\u00eda de aquellos que no pueden ser suspendidos ni limitados, toda vez que guarda una estrecha relaci\u00f3n con las garant\u00edas fundamentales, inherentes al ser humano, tales como la vida y la dignidad humana.<\/p>\n La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogot\u00e1, Colombia, 1948, en su art\u00edculo XI, afirma que \u201ctoda persona tiene derecho a la prevenci\u00f3n de su salud por medio de medidas sanitarias y sociales, consecuentes a la alimentaci\u00f3n, el vestido, la vivienda y la asistencia m\u00e9dica\u201d[10]<\/a> y su art\u00edculo XXV, indica que \u201ctodo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a un tratamiento humano durante la privaci\u00f3n de su libertad\u201d [11]<\/a><\/p>\n El Congreso de la Rep\u00fablica dispone en la Ley 65 de 1993 (C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario), en el T\u00edtulo IX, la reglamentaci\u00f3n de c\u00f3mo debe garantizarse la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud a los reclusos. En los art\u00edculos 104, 105, 106 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, se establece que el servicio de sanidad debe velar por la salud de los internos, ya sea por ex\u00e1menes obligatorios, asistencia m\u00e9dica y campa\u00f1as de prevenci\u00f3n e higiene, como la supervisi\u00f3n de las condiciones de higiene alimentaria, laboral y ambiental de los recintos.<\/p>\n Salvo, la libertad personal, los derechos humanos de los reos son, los mismos que de los dem\u00e1s ciudadanos, y como se\u00f1ala la jurisprudencia internacional y constitucional, los reclusos son titulares de todos los derechos humanos, salvo de aquellos que se vean expresamente suspendidos por la pena, limitados por el sentido de la misma o por los requerimientos propios del sistema penitenciario, en estos dos \u00faltimos casos siempre con respeto al principio de proporcionalidad.<\/p>\n El Estado, a trav\u00e9s del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, est\u00e1 obligado a garantizarle a los reclusos el acceso efectivo, eficiente y oportuno del servicio de salud; prodig\u00e1ndoles cuidados m\u00e9dicos, terap\u00e9uticos, asistenciales, quir\u00fargicos y farmac\u00e9uticos necesarios, brind\u00e1ndoles servicios de prevenci\u00f3n y restablecimiento que preserven la vida digna.<\/p>\n La problem\u00e1tica de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que sobreviven tras las rejas, evidencia la necesidad de un tratamiento de sus derechos basado en la igualdad, sabiendo que la condici\u00f3n de privar de la libertad a una persona, merece la efectiva y duradera aplicaci\u00f3n de los derechos humanos y fundamentales.<\/p>\n A pesar de la positivizaci\u00f3n de los derechos humanos, las normas y las recomendaciones que realizan los organismos internacionales en la crisis sanitaria, es insuficiente a la hora de su efectiva tutela y aplicaci\u00f3n cotidiana en las prisiones, pues, no pueden negarse las muertes que se originan tras las rejas, las torturas y los malos tratos, el hacinamiento, la violencia, el dolor y la insalubridad.<\/p>\n \n [1]<\/a> EL ESPECTADOR. Redacci\u00f3n Judicial. COVID-19 en las c\u00e1rceles: hay 1.399 casos, 18 recuperados y cuatro muertes. Colombia. 8 de junio de 2020. Tomado de https:\/\/www.elespectador.com\/coronavirus\/covid-19-en-las-carceles-hay-1065-casos-16-recuperados-y-cuatro-muertes-articulo-915830\/<\/p>\n [2]<\/a> Ibidem<\/p>\n [3]<\/a> EL TIEMPO. Justicia. En un mes, casos de covid-19 en c\u00e1rceles ya alcanzan los 962. Colombia. 12 de mayo de 2020. Tomado de https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/servicios\/expansion-del-coronavirus-en-carceles-de-colombia-494572<\/p>\n [4]<\/a> Comisi\u00f3n Interamericana De Derechos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Am\u00e9ricas. 2011. Recuperado de http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/ppl\/docs\/pdf\/PPL2011esp.pdf<\/p>\n [5]<\/a> NYTIMES. C\u00f3mo evitar que las c\u00e1rceles de Am\u00e9rica Latina se conviertan en una incubadora del coronavirus. 21 de mayo de 2020. Tomado de https:\/\/www.nytimes.com\/es\/2020\/05\/21\/espanol\/opinion\/prisiones-covid.html<\/p>\n [6]<\/a> CONECTAS. C\u00e1rceles latinoamericanas, incubadoras para propagar el coronavirus. 2020. Tomado de https:\/\/www.connectas.org\/analisis\/carceles-latinoamericanas-incubadoras-para-propagar-coronavirus\/<\/p>\n [7]<\/a> CNN. Colombia en alerta por casos de covid-19 en c\u00e1rceles, cl\u00ednicas y comercios de alimentos. 24 de abril de 2020. Tomado de https:\/\/cnnespanol.cnn.com\/2020\/04\/24\/alerta-colombia-alerta-por-casos-de-covid-19-en-carceles-clinicas-y-comercios-de-alimentos\/<\/p>\n [8]<\/a> CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San Jos\u00e9). San Jos\u00e9, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.<\/p>\n [9]<\/a> Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-355\/11. Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.<\/p>\n