Los cr\u00edticos de la pol\u00edtica del Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos mediante aspersi\u00f3n a\u00e9rea con el glifosato herbicida (Pecig) fueron sistem\u00e1ticamente estigmatizados, criminalizados y subalternizados, incluso los actores cient\u00edficos que defend\u00edan evidencias de los severos impactos socioambientales y sanitarios sobre las comunidades y los territorios fumigados.<\/p>\n
As\u00ed lo advierte el m\u00e9dico Javier David Rodr\u00edguez Ruiz en su tesis para el Doctorado en Salud P\u00fablica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en la cual analiza la formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n y suspensi\u00f3n del Pecig durante el periodo 1992-2015, desde un modelo de an\u00e1lisis hermen\u00e9utico que articula un enfoque de an\u00e1lisis sociopol\u00edtico con el an\u00e1lisis de controversias cient\u00edficas en torno a los impactos sanitarios de esta pol\u00edtica.<\/p>\n
\u201cEl trabajo muestra el car\u00e1cter vertical, represivo, excluyente y violento asumido por el Pecig \u2013durante todo el periodo estudiado\u2013 hacia los detractores de la pol\u00edtica, quienes terminaron por ser parcialmente reconocidos y legitimados en el marco de la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica y del cambio de la agenda antinarc\u00f3ticos global\u201d, contexto que explica la suspensi\u00f3n de este programa en Colombia.<\/p>\n
Para el investigador, \u201cel proceso de configuraci\u00f3n, reforma y suspensi\u00f3n del Pecig se puede caracterizar como altamente conflictivo, autoritario y violento, dado que su implementaci\u00f3n implic\u00f3 pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de ejercicio de diversas formas de violencia por parte de los promotores de este programa, en particular desde el Gobierno nacional, encarnadas en el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una pol\u00edtica de guerra y en una multiplicidad de violencias simb\u00f3licas, pol\u00edticas y directas, ileg\u00edtimas, y en muchos casos ilegales, ejercidas de forma sistem\u00e1tica y transversal sobre los detractores de esta pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n
En la documentaci\u00f3n para este trabajo se estableci\u00f3 que frente a los detractores institucionales del Pecig \u2013como representantes pol\u00edticos nacionales o locales de las diversas ramas del poder p\u00fablico, o actores t\u00e9cnico-cient\u00edficos\u2013 la principal forma de violencia fue la estigmatizaci\u00f3n de sus posturas y la exclusi\u00f3n sistem\u00e1tica de las arenas principales de decisi\u00f3n de la pol\u00edtica.<\/p>\n
En ese aspecto, se advierte la estigmatizaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n sistem\u00e1tica en contra de la agenda pol\u00edtica que disput\u00f3 el movimiento cocalero y, en general, de las movilizaciones sociales que se presentaron durante el devenir del Pecig. \u201cLas repercusiones en forma de judicializaciones, violencias directas como lesiones, asesinatos y desplazamiento forzados fue extensa\u201d, anota el estudio.<\/p>\n
Por otra parte, se determin\u00f3 que la mayor intensidad y diversidad de formas de violencias simb\u00f3licas y directas recay\u00f3 sobre las comunidades cultivadoras. \u201cLa exclusi\u00f3n sistem\u00e1tica de los escenarios de decisi\u00f3n sobre sus modos de vida, territorios y condiciones de vida fue evidente durante toda la implementaci\u00f3n del Pecig\u201d, se\u00f1ala el investigador.<\/p>\n
Al respecto, encuentra que la caracterizaci\u00f3n de las comunidades como ignorantes, atrasadas, criminales y dem\u00e1s formas de representaci\u00f3n impuesta por los promotores del Pecig, justific\u00f3 la continuidad de la exclusi\u00f3n, y la tentativa de ocultamiento y desconocimiento de sus agendas y propuestas.<\/p>\n
De hecho, en su investigaci\u00f3n observ\u00f3 que los actores que m\u00e1s acudieron a los medios judiciales para la disputa por derechos, reconocimiento y restituci\u00f3n de da\u00f1os fueron las comunidades de territorios asperjados, quienes recurrieron a demandas, tutelas, proceso de reparaci\u00f3n directa y otras expresiones extendidas de la agenda de reivindicaciones.<\/p>\n
En ese sentido, menciona que, jur\u00eddicamente, el reconocimiento de los da\u00f1os presuntamente ocasionados por el Pecig, la obligaci\u00f3n de indemnizaciones y reparaciones, y el reconocimiento de buena parte de los argumentos planteados por los detractores, fueron elementos determinantes para diversas reformas y para la suspensi\u00f3n de la pol\u00edtica.<\/p>\n
Por medio del an\u00e1lisis documental y de contenido, el autor desarroll\u00f3 una extensa cr\u00edtica de fuentes de informaci\u00f3n primarias y secundarias, incluyendo aquellas in\u00e9ditas, como las actas de reuni\u00f3n del Consejo Nacional de Estupefacientes del periodo 1992-2004, entrevistas a decisores y actores t\u00e9cnico-cient\u00edficos que, junto a fuentes normativas, jur\u00eddicas, de prensa y acad\u00e9micas, permitieron construir un relato explicativo que da cuenta de la din\u00e1mica del campo pol\u00edtico y cient\u00edfico en relaci\u00f3n con el devenir del Pecig y, en particular, de los actores y conocimientos cient\u00edficos contrapuestos alrededor de los impactos sanitarios de las aspersiones a\u00e9reas con glifosato (AAG).<\/p>\n
En el campo cient\u00edfico, el proceso de configuraci\u00f3n del Pecig implic\u00f3 m\u00faltiples controversias, que se ubicaron como elementos prioritarios de la disputa entre promotores y detractores de la pol\u00edtica, y que el investigador identific\u00f3 como centrales las de nocividad-toxicidad\/inocuidad y la de eficacia\/ineficacia.<\/p>\n
Pol\u00edticamente se puede se\u00f1alar que el conflicto sobre la pol\u00edtica de erradicaci\u00f3n de cultivos a\u00e9reos mediante la aspersi\u00f3n con glifosato se defini\u00f3 como la disputa entre la defensa de la primac\u00eda de valores de orden y seguridad, que se pueden enmarcar en la perspectiva de la defensa del Estado de derecho, en el cual el Pecig se presentaba como herramienta principal del combate a la ilegalidad y a la amenaza social implicada en el narcotr\u00e1fico, y la defensa de derechos pol\u00edticos y sociales de cu\u00f1o individual o colectivo, como el derecho a la consulta previa, a gozar de una medi ambiente sano, a la salud y la vida, que se presentaban como afectados por este Programa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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