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Con ponencia del magistrado Franco Solarte Portilla, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto \u2013 Sala de Decisi\u00f3n Penal \u201cSe ocupa la Sala de resolver las impugnaciones propuestas por la PROCURADUR\u00cdA REGIONAL DE NARI\u00d1O y por el se\u00f1or GERM\u00c1N CHAMORRO DE LA ROSA en contra del fallo de tutela dictado el 28 de enero de 2022 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto mediante el cual ampar\u00f3 el derecho fundamental de participaci\u00f3n pol\u00edtica de la parte accionante\u201d.<\/p>\n
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Su lectura nos lleva a conclusiones que nos permiten aseverar que el Comit\u00e9 de Revocatoria en contra del actual mandatario de los pastusos actu\u00f3 con temeridad, mala fe y desconocimiento de elementales preceptos jur\u00eddicos. Elementos estos que pueden llevar a la ciudadan\u00eda a cometer equivocaciones en su actuar.\u00a0 Mala fe y temeridad que la ley consagra como elementos constitutivos de sanci\u00f3n.<\/p>\n
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Antes de entrar a discernir sobre lo considerado por el magistrado Franco Solarte Portilla, perm\u00edtanme los lectores que discierna sobre el correcto proceder que debe presentarse en los representantes de un comit\u00e9 de revocatoria por cuanto implica que cada uno de ellos es un ciudadano que busca el bien com\u00fan y favorable para todos. Pero cuando se lee el documento de la Sala de decisi\u00f3n Penal queda uno con la sensaci\u00f3n de encontrarse con personas que no re\u00fanen las condiciones que los califiquen como representantes de una \u00e9tica o de una moral correctas.\u00a0 Los argumentos son varios, analicemos algunos de los expuestos y sustentados en el documento en menci\u00f3n.<\/p>\n
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En alegato presentado por el mandatario de nuestro municipio se expresa que \u201cel impugnante invoc\u00f3 que la parte accionante ha actuado con temeridad. Expuso que otros miembros del comit\u00e9 demandante promovieron id\u00e9nticas acciones de tutela a la ahora revisada, en sus pretensiones, hechos y entidades accionadas. Se trata de las demandas impetradas por Sebasti\u00e1n Alejandro Garc\u00eda Caicedo en el proceso 52001 31 10 006 2022 00004 00 en el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Pasto y Nahomy Gabriela Salazar Gavilanes en el proceso 2022 \u2013 00012 en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto. As\u00ed, concluy\u00f3 que los representantes del comit\u00e9 han actuado de mala fe, lo que obliga a que se rechace la acci\u00f3n de tutela y se impongan las sanciones correlativas\u201d.<\/p>\n
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Como consecuencia de lo anterior \u201clas 3 acciones interpuestas han conllevado lo existencia de decisiones judiciales de distintos sentidos a contrapelo del principio de seguridad jur\u00eddica y debido proceso. Rememor\u00f3 en este punto que a tutela promovida por Nahomy Gabriela Salazar Gavilanes fue declarada improcedente, mientras que la de Sebasti\u00e1n Alejandro Garc\u00eda Caicedo fue fallada parcialmente favorable, en el sentido de ordenar al MINISTERIO DEL INTERIOR nombrar alcalde ad hoc y a la REGISTRADUR\u00cdA ESPECIAL DE PASTO entregue los formularios para recolecci\u00f3n de firmas. Recalc\u00f3 entonces que hay \u00f3rdenes totalmente disimiles que generan incertidumbre en las autoridades accionadas sobre qu\u00e9 es lo que deben cumplir y en qu\u00e9 t\u00e9rmino, lo que repercute en los derechos del mandatorio local, ya que inciden directamente en el tr\u00e1mite de la revocatoria que actualmente se encuentra en decisi\u00f3n sobre el impedimento formulado\u201d.<\/p>\n
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Para el alto tribunal \u201cConforme a lo anterior, est\u00e1 acreditado que de manera separada los se\u00f1ores Nahomy Gabriela Salazar Gavilanez, Sebasti\u00e1n Alejandro Garc\u00eda Caicedo y Diana Marcela Guerrero presentaron en el mes de enero de 2022 tres acciones de tutela que fueron repartidas al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto (2022-12), Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Pasto (2022-004) y Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto (2022-030), respectivamente. A la postre, el primer Despacho en menci\u00f3n declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n el 24 de enero, el segundo ampar\u00f3 parcialmente los derechos invocados el 28 de enero, mientras que el tercero concedi\u00f3 totalmente la solicitud tutelar tambi\u00e9n el 28 de enero\u201d.<\/p>\n
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Una verdadera temeridad y un craso actuar de mala fe.\u00a0 Es como pretender poner un movimiento un auto en tres velocidades a la vez. Las consecuencias no pueden ser otras que nefastas generando un da\u00f1o irreparable en la maquinaria. Ante la justicia ocurre algo similar y eso lo saben quienes impetran o invocan acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n
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En referencia a este mecanismo judicial la Sala expone que \u201cLa procedencia formal de toda acci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela est\u00e1 supeditada a la comprobaci\u00f3n de varios presupuestos: la legitimaci\u00f3n en la causa, la inmediatez, la subsidiariedad y tambi\u00e9n que no pueda predicarse la temeridad y, la cosa juzgada. Interesa hablar para esta actuaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa y la temeridad\u201d. En consecuencia, aclara que \u201cpara todos los efectos legales, el vocero del comit\u00e9 promotor ser\u00e1 el responsable de las actividades administrativas, financieras, de campa\u00f1a de la iniciativa popular legislativa o normativa, as\u00ed como la vocer\u00eda durante el tr\u00e1mite del referendo, la consulta popular de origen ciudadano o de la revocatoria del mandato.\u201d. Es decir, bastaba con que este vocero en representaci\u00f3n del Comit\u00e9 presente una sola tutela. Es ah\u00ed donde se presume un actuar temerario y de mala fe.<\/p>\n
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Esta misma sala es clara y contundente en sus manifestaciones \u201cTemeridad. En nuestro ordenamiento est\u00e1 proscrita la posibilidad de presentar de manera simult\u00e1nea plurales acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales o de la radicaci\u00f3n m\u00faltiple y sucesiva, pues as\u00ed lo dispone el principio general del derecho que proh\u00edbe el abuso del derecho y lo normado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. Cuando ello sucede, procesalmente la acci\u00f3n de tutela es improcedente\u201d. Y se aclara taxativamente que \u201csi el juez encuentra que la situaci\u00f3n bajo estudio es id\u00e9ntica en contenido m\u00ednimo a un asunto que ya ha sido dirimido o cuyo fallo est\u00e9 pendiente deber\u00e1 declarar improcedente la acci\u00f3n. Si adem\u00e1s se encuentra acreditada la mala fe, el dolo o el \u00e1nimo de fraude a la administraci\u00f3n de justicia del accionante habr\u00e1 que sancionar al responsable\u201d.<\/p>\n
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Nos parece delicado y grave que los integrantes de un Comit\u00e9 de revocatoria act\u00faen de esa forma. Reitero que bastaba una sola tutela para iniciar un proceso en este fin.\u00a0 Y para la Sala \u201cEsto lleva a la Corporaci\u00f3n a sopesar que cuando los 3 aludidos ciudadanos interpusieron las 3 acciones de tutela por separado, es materialmente ese comit\u00e9 el que como parte accionante y titular de las prerrogativas conculcadas el que acciona. Por ende, de all\u00ed puede desligarse que hay identidad en el extremo activo de la Litis, lo que aunado a la identidad en los dem\u00e1s componentes mencionados (hechos, pretensiones y entidades demandadas), da lugar a considerar la estructuraci\u00f3n de la temeridad. Justamente, ello se da porque al plantearse dicha triple identidad se avizora una radicaci\u00f3n m\u00faltiple de una misma acci\u00f3n de tutela, que no es otra cosa que uno de los supuestos en c\u00f3mo puede presentarse la temeridad\u201d.<\/p>\n
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En consecuencia, de lo expuesto se determina que \u201cRevocar la providencia impugnada. En su lugar, declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela formulada por Diana Marcela Guerrero Guerrero\u201d.<\/p>\n
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Le corresponde ahora al mandatario de los pastusos demostrar y sustentar esa temeridad.\u00a0 Al respecto la Corte Constitucional se\u00f1ala que \u201cexiste temeridad cuando se presenten varias acciones de tutela ante varios jueces cuando estas tienen identidad en las partes\u2026\u201d y adem\u00e1s que \u201ces una utilizaci\u00f3n impropia de la acci\u00f3n de tutela, pues vulnera el principio de la buena fe, a costa de la satisfacci\u00f3n de un inter\u00e9s particular\u201d. \u00a0La consecuencia principal de la actuaci\u00f3n temeraria, seg\u00fan el art.38 del decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, es que las acciones \u201cse rechazar\u00e1n y se decidir\u00e1 de manera desfavorable todas las solicitudes\u201d.<\/p>\n
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Temerarias actuaciones con visos de mala fe. As\u00ed no se puede confiar en un Comit\u00e9 que propugna por la correcta actuaci\u00f3n p\u00fablica, pero que act\u00faa en contra de principios de legalidad y credibilidad.\u00a0 \u00bfSe hace necesario revocar a los revocadores?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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