La representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Juliette De Rivero, visit\u00f3 el departamento de Nari\u00f1o para abordar la crisis de seguridad que enfrenta la regi\u00f3n, agravada por el asesinato de Jimmy Rosero, personero del municipio de Cumbitara. Este homicidio, perpetrado en un contexto de creciente violencia, refleja el riesgo de p\u00e9rdida de gobernabilidad y la grave amenaza que representan los grupos armados no estatales para la institucionalidad.<\/p>\n
En su visita, De Rivero sostuvo una reuni\u00f3n con el gobernador de Nari\u00f1o, Luis Alfonso Escobar, y altos mandos de la fuerza p\u00fablica. Tras el encuentro, expres\u00f3 su profunda preocupaci\u00f3n por la fragilidad del orden p\u00fablico y subray\u00f3 la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios m\u00e1s afectados. \u201cEs urgente apoyar a las autoridades locales y restablecer el orden en Nari\u00f1o, donde la amenaza de actores armados compromete seriamente la gobernabilidad y la protecci\u00f3n de los derechos humanos\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Como parte de una misi\u00f3n conjunta con la Direcci\u00f3n de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, liderada por Franklin Casta\u00f1eda, De Rivero visit\u00f3 el municipio de Samaniego. All\u00ed destac\u00f3 los avances en los di\u00e1logos de paz territorial y la importancia de consolidar estos esfuerzos como un pilar para superar la violencia estructural que afecta a la regi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEs imprescindible ampliar la participaci\u00f3n de la sociedad civil en estos procesos. La construcci\u00f3n de una paz duradera requiere el involucramiento de todos los sectores, especialmente de las comunidades directamente afectadas por el conflicto\u201d, indic\u00f3, reconociendo el trabajo realizado en esta localidad como un ejemplo de resiliencia y compromiso colectivo.<\/p>\n
En su agenda, De Rivero tambi\u00e9n abord\u00f3 los planes del Gobierno Nacional sobre los distritos mineros proyectados en Nari\u00f1o. Manifest\u00f3 que estas iniciativas deben ser evaluadas a fondo, considerando sus impactos en materia de derechos humanos y medio ambiente, y enfatiz\u00f3 la importancia de realizar consultas previas con los pueblos ind\u00edgenas y comunidades afrodescendientes.<\/p>\n
\u201cLa protecci\u00f3n de los territorios y los derechos de las comunidades debe ser una prioridad. Los proyectos mineros no pueden avanzar sin garantizar que se respeten los principios de sostenibilidad y justicia social\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Un llamado a la acci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La situaci\u00f3n de inseguridad extrema en Nari\u00f1o pone en evidencia la necesidad de una respuesta estatal integral que no solo fortalezca la seguridad, sino tambi\u00e9n el tejido social y la institucionalidad. Ante la amenaza de los grupos armados y las tensiones generadas por proyectos econ\u00f3micos, se requiere una acci\u00f3n concertada que priorice los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernabilidad en el departamento.<\/p>\n Mientras tanto, el lamentable asesinato del personero Jimmy Rosero sigue siendo un recordatorio de los desaf\u00edos urgentes que enfrenta Nari\u00f1o y de la importancia de garantizar la seguridad y justicia para sus habitantes.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n\n