En relaci\u00f3n con el foro adelantado por la ESAP, territorial Nari\u00f1o – Alto Putumayo denominado \u201cautonom\u00eda y descentralizaci\u00f3n para el desarrollo, la democracia y la paz\u201d, considero de relevancia recordar los valores p\u00fablicos defendidos por la sociedad para bien de la democracia participativa y la construcci\u00f3n del tejido social.<\/p>\n
Hablamos entonces de 7 valores p\u00fablicos desde su car\u00e1cter social o el deber ser: rendici\u00f3n publica de cuentas, transparencia, solidaridad, tolerancia o respeto por la diferencia, responsabilidad, justicia distributiva y honestidad pol\u00edtica. teniendo en cuenta el tema que hoy se va a debatir en este foro considero importante detenerme en lo que significa la justicia distributiva. Si recordamos a John Rawls en su libro sobre la teor\u00eda de la justicia, comprendemos entonces que la libertad y la igualdad ciudadana radica en el ejercicio correcto y adecuado del gasto p\u00fablico para realmente reducir la pobreza, con fines de equidad social, toda vez que una de las virtudes fundamentales de toda entidad p\u00fablica debe ser la b\u00fasqueda y la aplicaci\u00f3n constante de una distribuci\u00f3n justa para el logro del bienestar social para todos los ciudadanos sin distingo alguno.<\/p>\n
Es decir que esta justicia distributiva debe entenderse como un sin\u00f3nimo de inclusi\u00f3n y no de exclusi\u00f3n, y esto solo ser\u00e1 posible a trav\u00e9s del cubrimiento de las necesidades m\u00e1s sentidas, lo cual necesariamente, requiere de un efectivo gasto p\u00fablico para cubrir la asignaci\u00f3n de bienes y servicios. Y es obvio que para que esta justicia distributiva\u00a0 se convierta en una realidad, debe evitarse el despilfarro y el soborno directamente ligados a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica; si las diferentes entidades u organizaciones, sean\u00a0 estas p\u00fablicas, comunales, sociales o pol\u00edticas, por razones de\u00a0 una adecuada fuerza cultural,\u00a0 buscan el beneficio com\u00fan antes que el personal, entonces se lograr\u00e1 que los intereses de la comunidad primen y se impongan sobre las preferencias individualistas,\u00a0 sectarias y hasta en ocasiones delictivas.<\/p>\n
Por otra parte, cabe destacar como un elemento central de la nueva constituci\u00f3n pol\u00edtica de 1991, el enunciado que realiz\u00f3 sobre los postulados del principio de la autonom\u00eda territorial e igualmente es significativo que en la misma, se estableciera la necesidad de una ley org\u00e1nica de ordenamiento territorial, lo cual finalmente se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la ley 1454 de 2011, con el objetivo de establecer la distribuci\u00f3n de competencias entre el nivel nacional y las entidades territoriales, bajo los principios de coordinaci\u00f3n, concurrencia y subsidiaridad; pero lamentablemente la citada ley no se centr\u00f3 b\u00e1sicamente en la distribuci\u00f3n de competencias, sino que m\u00e1s bien desarrollo los esquemas asociativos territoriales al tiempo que tampoco distribuy\u00f3 recursos entre la naci\u00f3n y las entidades territoriales.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se precisa realmente contar con las herramientas necesarias de planificaci\u00f3n y competencia, que reflejen una verdadera coherencia\u00a0 entre la responsabilidad de los entes territoriales y los recursos\u00a0 que necesariamente\u00a0 deben ser asignados para que puedan cumplir con dicha finalidad, en la b\u00fasqueda de una verdadera descentralizaci\u00f3n que permita el cierre de las brechas territoriales, bajo un claro compromiso\u00a0 de los funcionarios responsables\u00a0 de administrar los recursos y un control social e institucional, real y efectivo.<\/p>\n