En una acci\u00f3n que subraya la importancia del derecho a la informaci\u00f3n y la transparencia gubernamental, el peri\u00f3dico regional P\u00e1gina 10 ha interpuesto una acci\u00f3n de tutela contra la Embajada de Colombia en Ecuador. La decisi\u00f3n fue tomada luego de que la Embajadora Mar\u00eda Antonia Velasco Guerrero ignorara un derecho de petici\u00f3n presentado el pasado 6 de diciembre de 2024, en el que se solicitaba informaci\u00f3n sobre las gestiones realizadas para la apertura del puente sobre el r\u00edo Mataje.<\/p>\n
La solicitud de informaci\u00f3n, firmada por el director de P\u00e1gina 10, Mario Cepeda Bravo, buscaba esclarecer los avances y obst\u00e1culos en la apertura de esta infraestructura vital para la integraci\u00f3n binacional y el desarrollo econ\u00f3mico de la regi\u00f3n fronteriza. Sin embargo, tras m\u00e1s de dos meses de espera y sin obtener respuesta alguna, el medio de comunicaci\u00f3n decidi\u00f3 acudir a la justicia para hacer valer su derecho fundamental de petici\u00f3n y el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Pasto admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario Cepeda Bravo contra la Embajada de Colombia en Ecuador, en la que se solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. En el auto emitido el 17 de febrero de 2025, el juzgado orden\u00f3 notificar a la entidad demandada y le concedi\u00f3 un plazo m\u00e1ximo de 48 horas para dar respuesta de fondo a la solicitud de informaci\u00f3n presentada el 6 de diciembre de 2024 sobre las gestiones relacionadas con la apertura del puente sobre el r\u00edo Mataje. Esta decisi\u00f3n resalta la obligaci\u00f3n de las instituciones p\u00fablicas de garantizar la transparencia y el acceso a la informaci\u00f3n, reafirmando el papel del periodismo en la vigilancia de la gesti\u00f3n estatal y el cumplimiento de los derechos ciudadanos.<\/p>\n
“El acceso a la informaci\u00f3n es un pilar de la democracia y no puede estar sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios p\u00fablicos”, afirm\u00f3 Cepeda Bravo. “No solo se nos niega una respuesta a una pregunta leg\u00edtima, sino que se impide el derecho ciudadano a conocer sobre un tema de inter\u00e9s p\u00fablico.”<\/p>\n
A pesar de la relevancia de la informaci\u00f3n solicitada, la Embajada ha guardado completo silencio, incumpliendo los t\u00e9rminos de la Ley 1755 de 2015, que establece un plazo m\u00e1ximo de 10 d\u00edas h\u00e1biles para responder los derechos de petici\u00f3n. Este hecho ha generado preocupaci\u00f3n entre periodistas, activistas y la comunidad en general, quienes ven en esta actitud una peligrosa restricci\u00f3n al acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
La tutela interpuesta por P\u00e1gina 10 representa un llamado de atenci\u00f3n a las instituciones gubernamentales para que cumplan con su deber de responder a los ciudadanos y medios de comunicaci\u00f3n. Se espera que la justicia act\u00fae con celeridad y se ordene a la Embajada proporcionar la informaci\u00f3n solicitada, garantizando as\u00ed la transparencia y el derecho a la informaci\u00f3n en un asunto de alto impacto para la regi\u00f3n.<\/p>\n
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