Lo que parec\u00eda un sendero de esperanza hacia la paz territorial en Nari\u00f1o ha sido abruptamente interrumpido por una serie de hechos violentos que han encendido las alarmas del alto mando militar, la institucionalidad colombiana y la comunidad internacional. El secuestro de ocho uniformados en la laguna de Chimbuza, el ataque con explosivos en Las Cochas, y la reciente neutralizaci\u00f3n de una emboscada en la v\u00eda Sandon\u00e1-Pasto, son se\u00f1ales inequ\u00edvocas de que Nari\u00f1o se encuentra, nuevamente, en una encrucijada.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s, el departamento revive la tensi\u00f3n entre los anhelos de reconciliaci\u00f3n y la cruda persistencia de la guerra. Aunque el Gobierno Nacional ha apostado por la \u201cPaz Total\u201d<\/strong> como pol\u00edtica insignia, la realidad en el suroccidente colombiano demuestra que el terreno a\u00fan es fr\u00e1gil, y que las estructuras armadas ilegales no han cesado en su empe\u00f1o de controlar territorios y econom\u00edas il\u00edcitas.<\/p>\n Secuestros y atentados: la violencia no se detiene<\/strong><\/p>\n El pasado 30 de abril, ocho uniformados \u2014cuatro infantes de marina y cuatro soldados del Ej\u00e9rcito\u2014 fueron secuestrados en zona rural de Nari\u00f1o por miembros de la comunidad local. Aunque el hecho no tuvo un desenlace tr\u00e1gico gracias a la mediaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n, la Iglesia y organismos internacionales, dej\u00f3 al descubierto una peligrosa mezcla de desconfianza comunitaria, presi\u00f3n armada y debilidad institucional.<\/p>\n Solo una semana antes, un atentado con explosivos improvisados cobr\u00f3 la vida de un civil y dej\u00f3 al menos cinco militares heridos en la v\u00eda El Pe\u00f1\u00f3n\u2013Los Andes Sotomayor. El Ej\u00e9rcito responsabiliz\u00f3 a la estructura Franco Benavides, disidencia del Bloque Occidental Jacobo Arenas, grupo que tambi\u00e9n estar\u00eda detr\u00e1s de la colocaci\u00f3n de cilindros bomba y minas antipersonales hallados en la v\u00eda Sandon\u00e1\u2013Pasto. All\u00ed, una operaci\u00f3n de inteligencia logr\u00f3 evitar una masacre.<\/p>\n Estos actos terroristas no son hechos aislados. Son parte de un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de agresi\u00f3n que busca debilitar el control del Estado en zonas estrat\u00e9gicas, muchas de ellas utilizadas para el tr\u00e1nsito de droga o como corredores de movilidad para estructuras armadas ilegales.<\/p>\n La promesa de la Paz Total, a prueba<\/strong><\/p>\n En este contexto adverso, el Gobierno celebr\u00f3 a inicios de abril un avance significativo: la entrega de 585 artefactos explosivos por parte del grupo armado Comuneros del Sur, una disidencia del ELN. El acuerdo, firmado en Nari\u00f1o, incluye programas de sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos en diez municipios priorizados.<\/p>\n Sin embargo, este paso adelante convive con una serie de retrocesos y amenazas que cuestionan la sostenibilidad del proceso. Analistas como Luis Fernando Trejos han advertido que, sin un blindaje institucional efectivo, los acuerdos locales pueden desmoronarse f\u00e1cilmente ante la presi\u00f3n de actores armados no acogidos al di\u00e1logo.<\/p>\n Adem\u00e1s, la falta de articulaci\u00f3n entre los niveles nacional, departamental y local sigue siendo una piedra angular en el camino de la paz. Como lo se\u00f1al\u00f3 el director de P\u00e1gina 10<\/em>, Mario Cepeda Bravo, en su columna \u201cNari\u00f1o: avances y desaf\u00edos en una paz fragmentada\u201d, aunque se han registrado avances significativos, estos logros chocan constantemente con un Estado que no articula ni responde de forma coherente a las necesidades territoriales.<\/span> La falta de coordinaci\u00f3n institucional y el incumplimiento de compromisos clave, como el Pacto Territorial por la Paz y la Vida, dejan a Nari\u00f1o sin las herramientas b\u00e1sicas para construir un camino s\u00f3lido hacia la reconciliaci\u00f3n y el desarrollo sostenible.<\/span><\/p>\n El llamado urgente a la acci\u00f3n estatal<\/strong><\/p>\n La paz no puede ser una quimera ni un eslogan de campa\u00f1a. Requiere decisiones firmes y coherencia institucional. La comunidad internacional tambi\u00e9n tiene un papel fundamental: debe mantenerse vigilante y respaldar los esfuerzos leg\u00edtimos por garantizar la seguridad, la justicia social y la transformaci\u00f3n territorial de Nari\u00f1o.<\/p>\n Frente a la oleada de violencia, las autoridades tiene la obligaci\u00f3n de no minimizar los hechos<\/strong>. Se necesita presencia real, sostenida y estrat\u00e9gica, no solo de fuerza p\u00fablica, sino tambi\u00e9n de inversi\u00f3n social, salud, educaci\u00f3n, v\u00edas terciarias y oportunidades econ\u00f3micas para las comunidades hist\u00f3ricamente abandonadas.<\/p>\n Nari\u00f1o est\u00e1 en un punto de inflexi\u00f3n. Las decisiones que se tomen ahora marcar\u00e1n el rumbo de toda una generaci\u00f3n que ha crecido entre promesas incumplidas y balas perdidas. La paz es posible, pero exige m\u00e1s que voluntad pol\u00edtica: demanda presencia, compromiso y resultados.<\/p>\n Porque solo cuando la paz se traduzca en carreteras transitables, en escuelas abiertas, en campesinos sin miedo y en j\u00f3venes con futuro, podremos decir que la promesa dej\u00f3 de ser una ilusi\u00f3n\u2026 y se volvi\u00f3 realidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lo que parec\u00eda un sendero de esperanza hacia la paz territorial en Nari\u00f1o ha sido abruptamente interrumpido por una serie de hechos violentos que han encendido las alarmas del alto mando militar, la institucionalidad colombiana y la comunidad internacional. 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