{"id":70879211081,"date":"2025-06-17T18:50:38","date_gmt":"2025-06-17T23:50:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pagina10.com\/web\/?p=70879211081"},"modified":"2025-06-17T18:51:30","modified_gmt":"2025-06-17T23:51:30","slug":"la-onu-alerta-sobre-la-reconfiguracion-del-conflicto-y-riesgos-para-pueblos-etnicos-en-narino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pagina10.com\/web\/la-onu-alerta-sobre-la-reconfiguracion-del-conflicto-y-riesgos-para-pueblos-etnicos-en-narino\/","title":{"rendered":"La ONU alerta sobre la reconfiguraci\u00f3n del conflicto y riesgos para pueblos \u00e9tnicos en Nari\u00f1o"},"content":{"rendered":"

Una advertencia urgente y un llamado a no mirar hacia otro lado.<\/strong> As\u00ed puede resumirse la intervenci\u00f3n de Scott Campbell, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante la Comisi\u00f3n de Paz del Senado. En el centro de su preocupaci\u00f3n: el departamento de Nari\u00f1o, donde, pese a los avances en los di\u00e1logos con grupos armados, se mantiene una preocupante realidad de control territorial, amenazas sistem\u00e1ticas contra l\u00edderes sociales y una violencia persistente que opera bajo una peligrosa apariencia de normalidad.<\/p>\n

    \n
  1. Situaci\u00f3n de seguridad y de derechos humanos<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Seg\u00fan el \u00cdndice del Impacto de la Violencia elaborado por ONU-Derechos Humanos en 2024, 18 de los 201 municipios del pa\u00eds considerados con riesgo cr\u00edtico, muy alto y alto son del Departamento de Nari\u00f1o[1]<\/a>. Los municipios en riesgo muy alto fueron, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Ipiales, Magui Pay\u00e1n, Mosquera y Policarpa.<\/p>\n

    De 2023 a 2024 la Oficina identific\u00f3 una disminuci\u00f3n en algunos de los indicadores con base a los cuales se construye este \u00edndice, como el n\u00famero de homicidios de personas defensoras, el n\u00famero de masacres, los desplazamientos masivos y los confinamientos. Sin embargo, la dimensi\u00f3n de las afectaciones a los derechos humanos en Nari\u00f1o sigue siendo muy grave.<\/p>\n

    En 2024, ONU-Derechos Humanos verific\u00f3 3 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En lo que va del 2025, ha recibido 5 alegaciones de homicidio de personas defensoras, de las cuales ha verificado 3 casos, considerados como no concluyente 1 caso, mientras que 1 casos a\u00fan est\u00e1n en verificaci\u00f3n. Resulta muy preocupante que los 3 casos verificados corresponden a personas defensoras y autoridades del Pueblo Aw\u00e1: James Tom\u00e1s Guanga Quelal, Consejero de la Juventud electo del Municipio de Ricaurte, Cristian Fernando Guanga, exgobernador del Resguardo Piguambi Palangala y Aurelio Araujo, quien era coordinador de la organizaci\u00f3n Cabildo Mayor Aw\u00e1 de Ricarute (CAMAWARI).<\/p>\n

    ONU-Derechos Humanos, ha registrado un aumento en los casos de amenazas en contra de personas defensoras del departamento, con especial \u00e9nfasis en los liderazgos afros e ind\u00edgenas. En ocasiones, las medidas de protecci\u00f3n de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n resultan insuficientes para mitigar el riesgo, dado el contexto de violencia. Sumado a ello, se percibe una tendencia a disminuir los niveles de protecci\u00f3n de tales medidas. En Nari\u00f1o, en el 2025, se han registrado tres casos en los que las personas asesinadas contaban con medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n

    En las \u00faltimas dos semanas la Oficina ha recibido alegaci\u00f3n de tres masacres ocurridas en Nari\u00f1o, hechos que denotan la persistencia de las causas estructurales de la violencia y el poder delictivo de los grupos armados ilegales.<\/p>\n

    En cuanto a los casos de reclutamiento de ni\u00f1os y ni\u00f1as, ONU-Derechos Humanos verific\u00f3 26 casos de reclutamiento, uso o utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os y ni\u00f1as en el conflicto armado por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. En 25 de los casos, la v\u00edctima era ind\u00edgena o afrodescendiente. En 2025, la Oficina ha verificado 8 casos de reclutamiento, uso o utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os y ni\u00f1as en el conflicto, y 2 casos de utilizaci\u00f3n de instituciones educativas por parte de grupos armados no estatales. Persiste un subregistro en el n\u00famero de casos identificados. La mayor\u00eda son conocidos cuando la v\u00edctima ha sido recuperada.<\/p>\n

    ONU Derechos Humanos resalta que del 2023 al 2024 algunas de las afectaciones generadas por los grupos armados no estatales en contra de las comunidades han disminuido, particularmente el desplazamiento masivo, el confinamiento, las masacres y el homicidio de personas defensoras.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n que los acuerdos alcanzados en el marco de la mesa de di\u00e1logo de paz territorial con el grupo Comuneros del Sur han significado un desescalamiento de la violencia, alivio humanitario, el inicio del proceso de destrucci\u00f3n de armamento, del desminado humanitario y la adopci\u00f3n de una estrategia para la b\u00fasqueda de personas dadas por desaparecidas.<\/p>\n

    En este sentido, ONU Derechos Humanos quiere subrayar su firme convicci\u00f3n de que el di\u00e1logo es el camino a la paz, as\u00ed como destacar los esfuerzos que el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental est\u00e1n haciendo en favor de la paz territorial en Nari\u00f1o.<\/p>\n

    Sin embargo, al mismo tiempo, la Oficina observa \u00a0una reconfiguraci\u00f3n de la violencia con un fuerte impacto en las personas y comunidades. Esta reconfiguraci\u00f3n incluye nuevas din\u00e1micas de expansi\u00f3n y control comunitario por parte de los\u00a0 grupos armados no estatales sigue afectando a la poblaci\u00f3n civil en Nari\u00f1o.<\/p>\n

    Parte de esta reconfiguraci\u00f3n se relaciona con la estrategia de algunos grupos armados de reducir el impacto medi\u00e1tico de sus afectaciones a los derechos humanos. La Oficina ha verificado que en m\u00faltiples casos los grupos armados proh\u00edben que se denuncie y que se activen las rutas de atenci\u00f3n humanitaria para que las afectaciones no sean de conocimiento p\u00fablico.<\/p>\n

    En tal sentido, en varios territorios del departamento se reporta una sensaci\u00f3n de \u201ctensa calma\u201d acompa\u00f1ada por un control comunitario asfixiante. Esta din\u00e1mica puede escapar a un primer an\u00e1lisis estad\u00edstico e impone la necesidad de profundizar en el monitoreo de las afectaciones.<\/p>\n

    Un an\u00e1lisis distinto merece la situaci\u00f3n de afectaciones a los derechos humanos que se est\u00e1 ocasionando en la subregi\u00f3n de Cordillera. En 2024 estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y por el asesinado del Personero de Cumbitara, Jimmy Rosero en 2024. En el 2025 este territorio est\u00e1 siendo nuevamente v\u00edctima de emergencias humanitarias, debido a los combates entre Fuerza P\u00fablica y un grupo armado no estatal en marco de la Operaci\u00f3n Cordillera. ONU-Derechos Humanos desea destacar tres puntos de preocupaci\u00f3n en el actual contexto de derechos humanos en relaci\u00f3n con los procesos de paz que se avanzan en el departamento.<\/p>\n

      \n
    1. Debilitamiento de las autoridades ind\u00edgenas y los procesos organizativos de los pueblos ind\u00edgenas<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      El conflicto armado y el control territorial de los grupos armados no estatales, incluyendo aquellos que se encuentran vinculados a los procesos de di\u00e1logos de paz, ha generado el debilitamiento de la autonom\u00eda y del gobierno propio de los pueblos Aw\u00e1 y Pastos y se han exacerbado los conflictos entre organizaciones y autoridades ind\u00edgenas propias, ya existente en el departamento.<\/p>\n

      Preocupa, por ejemplo, que uno de los di\u00e1logos que se est\u00e1 impulsando, se est\u00e9 desarrollando principalmente en el territorio del Resguardo del Pueblo Aw\u00e1 de Inda Sabaleta de Tumaco sin garant\u00edas del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Esto genera impactos en la gobernabilidad de las autoridades ind\u00edgenas, sobre el territorio y el buen vivir del Pueblo Aw\u00e1, declarado en riesgo de exterminio f\u00edsico y cultural por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009.<\/p>\n

      ONU-Derechos Humanos ha recibido informaci\u00f3n sobre la instrumentalizaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena \u00a0por parte de los grupos armados no estatales en di\u00e1logo, a trav\u00e9s de la inclusi\u00f3n forzada de personas externas en los censos poblacionales y presiones hacia autoridades \u00e9tnicas para que reciban en las \u201ccasas de armonizaci\u00f3n\u201d a integrantes del grupo que se encuentran judicializados, lo que ha generado el incremento de los riesgos y amenazas a las autoridades ind\u00edgenas, el debilitamiento del gobierno propio y la afectaci\u00f3n del buen vivir de las comunidades.<\/p>\n

      Esta intrusi\u00f3n en los censos, con el prop\u00f3sito de acceder a la aplicaci\u00f3n de la Justicia Especial Ind\u00edgena, abrir\u00eda tambi\u00e9n la posibilidad de que personas externas ocupen cargos de autoridad en los resguardos ind\u00edgenas, en detrimento de los derechos a la autonom\u00eda y el gobierno propio, lo que podr\u00eda contribuir al uso del territorio para actividades extractivista como la miner\u00eda ilegal y los cultivos il\u00edcitos. Esta situaci\u00f3n representa una fuerte amenaza para pueblos en riesgo de exterminio f\u00edsico y cultural.<\/p>\n

        \n
      1. Transformaci\u00f3n territorial , legalizaci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de la actividad minera<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        La posible legalizaci\u00f3n de las actividades mineras en el departamento, como apuesta de transformaci\u00f3n territorial derivada de los di\u00e1logos, est\u00e1 causando vulneraciones a las comunidades debido al intento de los grupos armados no estatales de sacar provecho de esta actividad, generando un escenario de mayor riesgo para los pueblos \u00e9tnicos.<\/p>\n

        Sobre la posible implementaci\u00f3n de distritos mineros en Nari\u00f1o, como uno de los resultados de los procesos de di\u00e1logo, preocupa la ausencia de participaci\u00f3n comunitaria y de garant\u00eda del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades negras. Esta estrategia estar\u00eda fomentando la pr\u00e1ctica de la miner\u00eda en territorios colectivos de los Pueblos \u00e9tnicos. Diversas comunidades han manifestado a la Oficina, que esta propuesta no tiene origen comunitario, que se trata de una pretensi\u00f3n de los grupos armados no estatales en di\u00e1logo y que se prioriz\u00f3 incluso por encima de las alternativas planteadas por las comunidades de acuerdo con sus planes de vida y de etnodesarrollo.<\/p>\n

        La apuesta por los distritos mineros estar\u00eda generando el incremento de la miner\u00eda ilegal, incluso con dragas en las quebradas y fuentes h\u00eddricas, venta forzada de tierras, as\u00ed como presiones a las autoridades \u00e9tnicas, lo que fomenta los desplazamientos forzados, el despojo y abandono forzado de tierras. Este contexto es preocupante en municipios que no tienen esquemas de ordenamiento territorial aprobados y\/o actualizados, como ocurre en los municipios de las subregiones de Abades, Guambuyaco, Piedemonte y Telemb\u00ed, focalizados para distritos mineros.<\/p>\n

          \n
        1. La participaci\u00f3n de sociedad civil en los di\u00e1logos<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          ONU-Derechos Humanos ha recibido informaci\u00f3n de diversas comunidad y organizaciones locales sobre presiones por parte de los grupos armados para asistir a eventos p\u00fablicos de \u201cco-construccion de paz territorial\u201d, priv\u00e1ndolos de su autonom\u00eda. En estos espacios, adicionalmente, no se les permitir\u00eda tener ninguna incidencia en las decisiones que les afectan.<\/p>\n

          El d\u00e9ficit de participaci\u00f3n comunitaria tambi\u00e9n se observa en la ausencia de socializaci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre la implementaci\u00f3n y financiaci\u00f3n de las iniciativas de la Maqueta Paz. Las autoridades locales y organizaciones comunitarias consideran que han tenido poca participaci\u00f3n en las diferentes etapas del proceso y en la definici\u00f3n de las prioridades de la Maqueta.<\/p>\n

          La Oficina reconoce los esfuerzos que las delegaciones del Gobierno han intentado hacer para asegurar espacios de participaci\u00f3n que sean considerados seguros por las comunidades. Sin embargo, algunas comunidades a\u00fan siguen manifestando temor por la capacidad de cooptaci\u00f3n que tiene el grupo armado en algunas organizaciones de sociedad civil.<\/p>\n

          La falta de garant\u00edas y espacios para la participaci\u00f3n e incidencia comunitaria genera graves riesgos de violaciones a los derechos humanos de autoridades \u00e9tnicas, funcionarios p\u00fablicos territoriales y personas defensoras de derechos humanos, y se constituye en una barrera para la denuncia y visibilizaci\u00f3n de las afectaciones ocurridas en los territorios, generando subregistro e imposibilitando la respuesta y atenci\u00f3n por parte del Estado.<\/p>\n

          Para concluir mi intervenci\u00f3n, me gustar\u00eda realizar 10 recomendaciones por parte de ONU-Derechos Humanos.<\/p>\n

            \n
          1. Desarrollar a la mayor brevedad, por parte de los distintos ministerios y entidades del Estado, las acciones asignadas en la pol\u00edtica de desmantelamiento y su Plan de Acci\u00f3n para avanzar en su implementaci\u00f3n en Nari\u00f1o;<\/li>\n
          2. Implementar de forma integral y efectiva la Pol\u00edtica de Seguridad a nivel territorial y armonizarla con el Plan Estrat\u00e9gico Sectorial;<\/li>\n
          3. Incluir como punto central en los di\u00e1logos y negociaciones con actores armados no estatales la prohibici\u00f3n del reclutamiento de personas menores de 18 a\u00f1os y la liberaci\u00f3n inmediata a trav\u00e9s de las rutas correspondientes de ni\u00f1os y ni\u00f1as que est\u00e9n en los grupos armados no estatales;<\/li>\n
          4. Garantizar los medios y condiciones para la territorializaci\u00f3n del Sistema Nacional de B\u00fasqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en las mesas territoriales de paz de Nari\u00f1o. Asimismo, es esencial que en el mecanismo de justicia transicional que se determine, se garantice el derecho de las victimas a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n integral.<\/li>\n
          5. Incorporar los enfoques diferenciales e intersectoriales (g\u00e9nero, \u00e9tnico y territorial) en la estrategia de transformaci\u00f3n territorial.<\/li>\n
          6. Reiterar la urgencia de tomar medidas para proteger a los Pueblos Ind\u00edgenas en riesgo, y en particular a los pueblos en riesgo de exterminio que sufren de manera desproporcionada el impacto del conflicto armado interno, en cumplimiento de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional;<\/li>\n
          7. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos ind\u00edgenas y comunidades negras en el escenario de mesas territoriales de paz, en relaci\u00f3n con los distritos mineros, la concentraci\u00f3n de excombatientes en territorios colectivos, la incorporaci\u00f3n de la JEI al mecanismo de justicia transicional, el uso de territorios colectivos para realizar sesiones y reuniones de las mesas de di\u00e1logo;<\/li>\n
          8. Garantizar el funcionamiento de las Mesas Territoriales de Garant\u00edas y el cumplimiento de los acuerdos que en ellas se alcance con las organizaciones de la sociedad civil;<\/li>\n
          9. Instar a la garant\u00eda y el respeto efectivo de los derechos humanos frente al desarrollo de actividades empresariales, en concordancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, principalmente en relaci\u00f3n con la implementaci\u00f3n de los distritos mineros, en el marco de las mesas territoriales de paz.<\/li>\n
          10. Fortalecer los lineamientos y adoptar las medidas necesarias para la actualizaci\u00f3n anual de los censos poblaciones ind\u00edgenas y su depuraci\u00f3n, as\u00ed como para garantizar el acompa\u00f1amiento de la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas del Ministerio del Interior, frente a los resguardos que presentan debilidades t\u00e9cnicas y riesgos asociados a la instrumentalizaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena;<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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