Colombia cuenta con 104.191 personas privadas de la libertad cuando solo hay disponibles 82.052 cupos, es decir que hay una sobreocupaci\u00f3n de 22.139 personas, lo que se traduce en un hacinamiento de m\u00e1s del 20\u00a0% en los 125 establecimientos carcelarios del pa\u00eds.<\/p>\n
Las personas est\u00e1n condenadas por diferentes delitos, siendo el homicidio y el hurto los m\u00e1s cometidos, seguidos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas, concierto para delinquir y actos sexuales indebidos con menor de 14 a\u00f1os.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigadora Yesenia Donoso Herrera, estudiante de la Maestr\u00eda en Gobierno Urbano, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogot\u00e1, \u201cel pa\u00eds tiene c\u00e1rceles en los municipios que est\u00e1n pr\u00e1cticamente vac\u00edas y que se pueden aprovechar para reducir el hacinamiento\u201d.<\/p>\n
Esto implicar\u00eda eliminar la responsabilidad de los municipios, que a menudo carecen de los recursos necesarios y de influencia en las decisiones del sistema. As\u00ed el Estado ser\u00eda el \u00fanico encargado de la infraestructura, el financiamiento y la log\u00edstica de las prisiones, aliviando a los municipios de una carga que no pueden sostener.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigadora, la unificaci\u00f3n del sistema permitir\u00eda una distribuci\u00f3n m\u00e1s equitativa de los recursos, facilitando el desarrollo de pol\u00edticas m\u00e1s coherentes y adecuadas.<\/p>\n
\u201cAunque la Constituci\u00f3n de 1991 represent\u00f3 un avance en t\u00e9rminos de derechos y garant\u00edas para los ciudadanos, el problema carcelario persiste. La propuesta de recentralizaci\u00f3n podr\u00eda mejorar las condiciones de los reclusos, permitiendo una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de rehabilitaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n social\u201d, menciona.<\/p>\n
Problema de vieja data<\/strong><\/p>\n En la investigaci\u00f3n se realiza un an\u00e1lisis documental que incluy\u00f3 textos hist\u00f3ricos, doctrina, jurisprudencia, contratos, publicaciones de prensa, documentos digitales e informes institucionales. En ella identificaron varios factores que influir\u00edan en esta situaci\u00f3n.<\/p>\n Con respecto a la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica de la prisi\u00f3n en Colombia, la investigadora encontr\u00f3 quela privaci\u00f3n de libertad como pena surgi\u00f3 en 1836, inspirada en el modelo europeo. Antes de ese a\u00f1o las penas aplicadas eran diversas y no inclu\u00edan la reclusi\u00f3n como castigo formal; en su lugar, se aplicaban sanciones como el destierro o, en casos graves, la pena de muerte.<\/p>\n La introducci\u00f3n de la prisi\u00f3n como sanci\u00f3n plante\u00f3 numerosos problemas log\u00edsticos y financieros. \u201cMantener las c\u00e1rceles representa un costo significativo para el Estado, un gasto que hoy sigue pesando en el presupuesto p\u00fablico y que afecta la sostenibilidad del sistema carcelario\u201d, afirma la estudiante.<\/p>\n En relaci\u00f3n con la descentralizaci\u00f3n y la relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n especial, ella identific\u00f3 que con la Constituci\u00f3n de 1991 se dio paso a un modelo en el que los municipios y departamentos tambi\u00e9n son responsables del financiamiento y mantenimiento de los reclusos. No obstante, los costos asociados con el sistema carcelario representan una carga financiera considerable para estas entidades locales, lo cual contribuye al deterioro de las condiciones de vida en las c\u00e1rceles.<\/p>\n En este contexto, la Corte Constitucional ha destacado el concepto de \u201crelaci\u00f3n de especial sujeci\u00f3n\u201d, un t\u00e9rmino que indica que las personas privadas de libertad est\u00e1n bajo la total tutela del Estado, dado que dependen completamente de \u00e9l.<\/p>\n Distinci\u00f3n entre c\u00e1rceles y penitenciar\u00edas<\/strong><\/p>\n Para entender mejor el funcionamiento del sistema penitenciario, la estudiante estableci\u00f3 una distinci\u00f3n fundamental: las c\u00e1rceles son instalaciones en las que se encuentran personas en proceso judicial, a\u00fan sin condena, mientras que las penitenciar\u00edas est\u00e1n destinadas a individuos que ya han sido sentenciados.<\/p>\n Destaca que \u201cesta diferenciaci\u00f3n resalta la dificultad del sistema para manejar el hacinamiento y las necesidades de estas poblaciones, especialmente en las c\u00e1rceles, donde los internos pueden pasar a\u00f1os en espera de juicio\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan la investigadora, \u201ca pesar de los cambios pol\u00edticos y sociales, la creaci\u00f3n de un sistema adaptado a las necesidades modernas no ha sido prioritario en Colombia, donde se mantiene un modelo de gesti\u00f3n carcelaria r\u00edgido y desactualizado\u201d.<\/p>\n Desaf\u00edos de los municipios y del Estado<\/strong><\/p>\n La descentralizaci\u00f3n ha asignado la responsabilidad del cuidado de las personas sindicadas (aquellas que a\u00fan no han sido condenadas) a los municipios, mientras que el Estado se encarga de los condenados y de las penitenciar\u00edas.<\/p>\n Este modelo ha llevado a conflictos entre las distintas instancias gubernamentales sobre qui\u00e9n debe cubrir los gastos de los internos y c\u00f3mo se deben gestionar las instalaciones. Dicho problema es especialmente visible en ciudades como Bogot\u00e1, que enfrenta una sobrecarga de reclusos debido a que muchos internos de otras regiones solicitan traslado a la capital en busca de mejores condiciones.<\/p>\n As\u00ed mismo, el sistema enfrenta desaf\u00edos derivados de la fragmentaci\u00f3n en la toma de decisiones. Los jueces tienen la autoridad para determinar qui\u00e9n va a prisi\u00f3n, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia son los encargados de gestionar las instalaciones penitenciarias. Adem\u00e1s, aunque los municipios financian el cuidado de los sindicados, no participan en los Consejos de Pol\u00edtica Criminal, lo cual limita su capacidad para influir en la toma de decisiones sobre la administraci\u00f3n carcelaria en sus territorios.<\/p>\n En el caso de Bogot\u00e1, la capital recibe un flujo constante de internos provenientes de otras regiones, lo cual agrava los problemas de hacinamiento y aumenta la presi\u00f3n sobre los recursos municipales. A esta situaci\u00f3n se a\u00f1ade la falta de claridad sobre la jurisdicci\u00f3n en ciertos delitos nacionales, como el narcotr\u00e1fico, lo que obliga a la administraci\u00f3n distrital a asumir los costos de reclusos capturados en su territorio, aunque el delito tenga origen en otras \u00e1reas.<\/p>\n Fuente: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Colombia cuenta con 104.191 personas privadas de la libertad cuando solo hay disponibles 82.052 cupos, es decir que hay una sobreocupaci\u00f3n de 22.139 personas, lo que se traduce en un hacinamiento de m\u00e1s del 20\u00a0% en los 125 establecimientos carcelarios del pa\u00eds. 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