A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persisti\u00f3. La poblaci\u00f3n civil segu\u00eda siendo v\u00edctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufr\u00edan desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados. Defender los derechos humanos continuaba siendo una labor sumamente arriesgada. La situaci\u00f3n de las personas venezolanas segu\u00eda siendo alarmante, especialmente en relaci\u00f3n con el acceso al asilo y refugio o las alternativas de regularizaci\u00f3n migratoria. El acceso al aborto segu\u00eda presentando barreras, pese a llevar a\u00f1os despenalizado.<\/p>\n
Informaci\u00f3n general<\/strong><\/p>\n La mayor\u00eda de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado. La negociaci\u00f3n con el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) fue suspendida por el gobierno en enero; las que se manten\u00edan con el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia no se reanudaron, mientras que s\u00ed prosiguieron las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ej\u00e9rcito Bolivariano y los Comuneros del Sur.<\/p>\n El gobierno continu\u00f3 tambi\u00e9n con los \u201cdi\u00e1logos sociojur\u00eddicos\u201d con grupos que actuaban en las ciudades de Quibd\u00f3, Medell\u00edn y Buenaventura e inici\u00f3 uno con el Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (EGC) en Qatar.<\/p>\n A pesar de lo avanzado de algunos de los procesos y de la presentaci\u00f3n de un proyecto de ley por parte del gobierno en julio, las garant\u00edas de verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n para las v\u00edctimas segu\u00edan sin estar claras.<\/p>\n En junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunci\u00f3 la reducci\u00f3n de su presencia en el pa\u00eds debido a una disminuci\u00f3n de los recursos provenientes de la cooperaci\u00f3n internacional destinados a garantizar el mantenimiento de la misi\u00f3n.<\/p>\n Violaciones del derecho internacional humanitario<\/strong><\/p>\n A pesar de las negociaciones de paz y los \u201cdi\u00e1logos sociojur\u00eddicos\u201d, la violencia armada continu\u00f3 en el pa\u00eds. Las confrontaciones entre los grupos armados y entre \u00e9stos y las fuerzas armadas y de seguridad se tradujeron con frecuencia en violaciones del derecho internacional humanitario. En mayo, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirti\u00f3 que, de continuar la tendencia de aumento de la violencia y su impacto en las comunidades, los indicadores humanitarios de 2025 ser\u00edan los peores de los \u00faltimos 10 a\u00f1os.<\/p>\n Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nari\u00f1o, Cauca, Valle del Cauca, Choc\u00f3, Bol\u00edvar y La Guajira, as\u00ed como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioque\u00f1o y Sur de Bol\u00edvar. Se intensificaron las disputas por el control territorial, social y econ\u00f3mico y la fragmentaci\u00f3n de los grupos armados. La Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz identific\u00f3 14 zonas en disputa entre estos \u2014el doble que al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro\u2014 y document\u00f3 un aumento de los combates entre grupos armados y las fuerzas militares y de seguridad.<\/p>\n De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinaci\u00f3n de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el pa\u00eds \u2014de los cuales 1.390 eran ataques contra la poblaci\u00f3n civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)\u2014 que afectaron a m\u00e1s de 1,6 millones de personas.<\/p>\n Seg\u00fan la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), durante el a\u00f1o se documentaron 139 casos de desplazamiento forzado de car\u00e1cter m\u00faltiple y masivo que afectaron al menos a 90.282 personas. La misma organizaci\u00f3n tambi\u00e9n registr\u00f3 80 confinamientos y restricciones a la movilidad humana que afectaron por lo menos a 235.345 personas. La escalada de violencia en la regi\u00f3n del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y el EMBF oblig\u00f3 a desplazarse a m\u00e1s de 82.000 personas entre enero y septiembre.<\/p>\n La Coalici\u00f3n contra la Vinculaci\u00f3n de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y J\u00f3venes al Conflicto Armado en Colombia registr\u00f3, entre enero y noviembre, 196 hechos relacionados con el conflicto armado que afectaron directamente a al menos 364.382 ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de los cuales 172 fueron v\u00edctimas de reclutamiento.<\/p>\n Seg\u00fan la OCHA, durante 2025, al menos 7.728 personas se vieron afectadas o fueron v\u00edctimas por diferentes artefactos explosivos. Asimismo, diversos grupos armados aumentaron el uso de drones para realizar ataques con explosivos.<\/p>\n El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registr\u00f3 el asesinato de 39 excombatientes que hab\u00edan firmado el Acuerdo de Paz de 2016. En septiembre, la Corte Constitucional determin\u00f3 que la situaci\u00f3n de seguridad de las personas firmantes de ese acuerdo segu\u00eda siendo cr\u00edtica.<\/p>\n Discriminaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Los desplazamientos m\u00faltiples y masivos afectaron principalmente al campesinado y a las poblaciones rurales, que, seg\u00fan CODHES, concentraban cerca del 90% de las v\u00edctimas, y a los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes, que representaban el 10%. Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las v\u00edctimas.<\/p>\n En junio, el Centro de Investigaci\u00f3n y Educaci\u00f3n Popular denunci\u00f3 la persistencia de un aparato de control territorial por parte del EGC en la cuenca del r\u00edo Atrato, en el departamento del Choc\u00f3. Seg\u00fan esta organizaci\u00f3n, el ejercicio del poder acumulado debilitaba los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes y los pueblos ind\u00edgenas que habitaban la regi\u00f3n hist\u00f3ricamente.<\/p>\n Defensores y defensoras de los derechos humanos<\/strong><\/p>\n El Programa Somos Defensores document\u00f3 509 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos cometidas entre enero y septiembre. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, entre julio y septiembre, se hab\u00eda registrado un promedio de 1,67 agresiones diarias y que, aunque esta cifra supon\u00eda una reducci\u00f3n del 25% frente al mismo periodo de 2024, se preve\u00eda que 2025 superara a los dos a\u00f1os anteriores en n\u00famero total de ataques.<\/p>\n En febrero, un grupo de personas defensoras de derechos humanos que hab\u00edan huido de Venezuela para asentarse en Colombia denunci\u00f3 la existencia de un ambiente hostil para continuar con su labor en el pa\u00eds. En octubre, los defensores de derechos humanos Luis Peche y Yendri Vel\u00e1squez \u2014este \u00faltimo tambi\u00e9n solicitante de la condici\u00f3n de refugiado e integrante de Amnist\u00eda Internacional\u2014 sufrieron un atentado grave en Bogot\u00e1.1<\/a><\/sup><\/p>\n Creci\u00f3 la estigmatizaci\u00f3n contra las personas defensoras de derechos humanos. En marzo, el presidente Petro declar\u00f3 que las organizaciones de la sociedad civil de la regi\u00f3n del Catatumbo estaban \u201csubordinadas\u201d a los grupos armados que operaban en la zona2<\/a><\/sup>\u00a0y su gobierno se neg\u00f3 a rectificar cuando se le pidi\u00f3 que se retractase. Meses despu\u00e9s, diversas organizaciones denunciaron la persistencia de una campa\u00f1a de estigmatizaci\u00f3n en su contra en las redes sociales. En septiembre, el grupo armado Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estigmatiz\u00f3 directa y p\u00fablicamente al Comit\u00e9 de Integraci\u00f3n Social del Catatumbo (CISCA), afirmando que estaba involucrado en las acciones de otros grupos armados.3<\/a><\/sup>\u00a0La continuidad y escalada del ataque contra CISCA y otras organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos generaba preocupaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n de riesgo y las barreras que enfrentaban en el ejercicio de sus actividades.<\/p>\n La Mesa Nacional de Garant\u00edas, espacio de concertaci\u00f3n entre el Estado y la sociedad civil para las personas defensoras, se reuni\u00f3 tres veces durante el a\u00f1o. Desde enero, las plataformas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que participaban en la Mesa alertaron sobre la falta de avances en la concertaci\u00f3n de medidas de seguridad y participaci\u00f3n para la defensa de los derechos humanos, as\u00ed como sobre la fragmentaci\u00f3n de la respuesta institucional. Al finalizar el a\u00f1o segu\u00eda pendiente la expedici\u00f3n y puesta en marcha de la Pol\u00edtica P\u00fablica Integral de Garant\u00edas para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.<\/p>\n Desapariciones forzadas<\/strong><\/p>\n Entre enero y mayo, el CICR document\u00f3 136 casos nuevos de personas desaparecidas en relaci\u00f3n con los conflictos armados, entre ellas 26 ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes.<\/p>\n En junio, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) acredit\u00f3 como v\u00edctima a Yanette Bautista y, en una decisi\u00f3n sin precedentes, reconoci\u00f3 su labor como mujer buscadora de v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada. Yanette falleci\u00f3 en septiembre, dejando un legado de defensa de los derechos de las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada y de las mujeres que las buscaban.<\/p>\n