La guerra volvi\u00f3 a meterse en el juego de los ni\u00f1os. En zona rural de Olaya Herrera, Nari\u00f1o, cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la activaci\u00f3n de un \u00e1rea minada mientras jugaban, seg\u00fan denunci\u00f3 la Tercera Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional. La emergencia oblig\u00f3 a una operaci\u00f3n humanitaria contrarreloj para evacuarlos y trasladarlos a centros asistenciales, primero en la regi\u00f3n y luego a Cali, donde reciben atenci\u00f3n especializada.<\/p>\n
El hecho no solo sacude por su brutalidad. Tambi\u00e9n reabre una pregunta que en Nari\u00f1o se escucha cada vez con m\u00e1s fuerza: \u00bfen d\u00f3nde qued\u00f3 el control estatal? \u00bfEn d\u00f3nde qued\u00f3 la paz en los territorios? Porque cuando los ni\u00f1os no pueden jugar sin encontrarse con explosivos sembrados en la tierra, lo que fracasa no es solo la seguridad. Tambi\u00e9n se resquebraja la confianza en la capacidad del Estado para proteger a la poblaci\u00f3n civil y en la efectividad de los procesos de di\u00e1logo, seguimiento y verificaci\u00f3n frente a los actores armados.<\/p>\n
De acuerdo con Caracol Radio, tres de los menores fueron trasladados desde Tumaco hasta Cali y atendidos en el Hospital Universitario del Valle. El centro asistencial report\u00f3 politraumatismos severos, lesiones complejas en extremidades y, en uno de los casos, una lesi\u00f3n abdominal. El mismo reporte indic\u00f3 que los ni\u00f1os se encontraban jugando cuando ocurri\u00f3 la explosi\u00f3n en la vereda Laguna, zona rural de Olaya Herrera.<\/p>\n
La imagen es devastadora: menores heridos, una comunidad aterrada y una regi\u00f3n que vuelve a confirmar que la violencia no se ha ido, sino que sigue instalada en la vida cotidiana. El Ej\u00e9rcito calific\u00f3 el hecho como una infracci\u00f3n al Derecho Internacional Humanitario y rechaz\u00f3 el uso de medios il\u00edcitos de guerra que ponen en riesgo deliberado a la poblaci\u00f3n civil. Pero m\u00e1s all\u00e1 de la condena institucional, el caso deja una sensaci\u00f3n amarga: en varias zonas de Nari\u00f1o la guerra sigue operando con capacidad de sembrar miedo, controlar territorios y desafiar la presencia estatal.<\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo ya hab\u00eda advertido que las minas antipersonal siguen siendo una amenaza directa para la vida y para la consolidaci\u00f3n de la paz. En un pronunciamiento de abril de 2025 record\u00f3 que, desde 1990, m\u00e1s de 12.000 personas han resultado afectadas por estos artefactos en Colombia y que Nari\u00f1o figura entre los departamentos m\u00e1s golpeados, con 1.156 v\u00edctimas acumuladas. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la presencia de minas restringe la movilidad, afecta el acceso a tierras, caminos y fuentes de agua, e impide el desarrollo de comunidades enteras.<\/p>\n
Ese diagn\u00f3stico encaja de forma dolorosa con lo ocurrido en Olaya Herrera. No se trata solo de un hecho aislado ni de una tragedia m\u00e1s en la larga estad\u00edstica del conflicto. Se trata de una se\u00f1al de que en territorios como Nari\u00f1o la llamada paz todav\u00eda no logra traducirse en control institucional efectivo, prevenci\u00f3n real ni garant\u00edas suficientes para la poblaci\u00f3n civil. Cuando un campo minado termina alcanzando a ni\u00f1os, el mensaje que recibe la comunidad es brutal: el Estado sigue llegando tarde y la guerra todav\u00eda manda en demasiados rincones.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n no es menor. Reuters report\u00f3 en febrero de 2025, con base en el informe anual de la ONU sobre Colombia, que los grupos armados ilegales han mantenido control territorial y social en distintas regiones del pa\u00eds, afectando la gobernabilidad y golpeando a la poblaci\u00f3n civil. El informe advirti\u00f3 que esos grupos imponen normas, ejercen control social y aprovechan vac\u00edos de presencia estatal.<\/p>\n
Por eso, la discusi\u00f3n de fondo va m\u00e1s all\u00e1 de la reacci\u00f3n militar o humanitaria posterior a la tragedia. La pregunta de Nari\u00f1o hoy no es \u00fanicamente qui\u00e9n sembr\u00f3 el \u00e1rea minada, sino por qu\u00e9 sigue siendo posible que estos artefactos permanezcan en zonas donde viven y juegan ni\u00f1os. Tampoco basta con hablar de voluntad de paz en abstracto. La paz territorial exige verificaci\u00f3n, control, desminado, presencia institucional sostenida y protecci\u00f3n concreta para las comunidades. Sin eso, el discurso de paz corre el riesgo de quedarse en Bogot\u00e1, mientras en los territorios la poblaci\u00f3n sigue caminando \u2014y ahora incluso jugando\u2014 sobre la guerra.<\/p>\n
En Olaya Herrera, la explosi\u00f3n no solo dej\u00f3 menores heridos. Tambi\u00e9n volvi\u00f3 a dejar herida una idea de pa\u00eds: la de que la paz ya estaba avanzando con suficiente fuerza en las regiones m\u00e1s golpeadas. En Nari\u00f1o, esa promesa todav\u00eda parece enterrada bajo tierra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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