En medio de una controversia que trascendi\u00f3 de las redes sociales a los escenarios judiciales, alcanzamos un resultado determinante: la justicia nos dio la raz\u00f3n frente a los se\u00f1alamientos del influencer conocido como \u201cMenteley\u201d, confirmando que nuestras publicaciones est\u00e1n respaldadas por evidencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica verificable.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Penal Municipal con funci\u00f3n de conocimiento de Pasto marc\u00f3 un punto de quiebre en este caso. En su an\u00e1lisis de la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra nuestro medio \u2014en la que se alegaba una supuesta vulneraci\u00f3n al buen nombre\u2014, el despacho concluy\u00f3 que nuestro ejercicio informativo se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros constitucionales del periodismo, sustentado en fuentes reales, documentos oficiales y un manejo responsable de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
La evidencia: denuncias reales, no versiones<\/strong><\/span><\/p>\n Uno de los ejes del debate fue la afirmaci\u00f3n reiterada por el influencer de que \u201cno exist\u00edan denuncias formales\u201d. No obstante, el proceso dej\u00f3 claro que s\u00ed existen actuaciones radicadas ante entidades oficiales, incluyendo:<\/p>\n Estos documentos fueron utilizados por P\u00e1gina 10 como base de nuestra publicaci\u00f3n, lo que refuerza el car\u00e1cter verificable de la informaci\u00f3n difundida.<\/p>\n Lo que dijo el juez: improcedencia de la tutela y validez del ejercicio period\u00edstico<\/strong><\/span><\/p>\n El fallo del Juzgado Segundo Penal Municipal con funci\u00f3n de conocimiento de Pasto fue claro en sus fundamentos. La acci\u00f3n de tutela fue declarada improcedente<\/strong>, no por un tecnicismo menor, sino por la ausencia de los elementos esenciales que justifican este mecanismo constitucional.<\/p>\n En primer lugar, el despacho concluy\u00f3 que no exist\u00eda un estado de indefensi\u00f3n<\/strong> por parte del accionante frente a P\u00e1gina 10. Por el contrario, se acredit\u00f3 que cuenta con una amplia capacidad de difusi\u00f3n en redes sociales, lo que le permite ejercer su derecho a r\u00e9plica de manera directa y efectiva, eliminando as\u00ed cualquier asimetr\u00eda que justificara la intervenci\u00f3n del juez constitucional.<\/p>\n En segundo lugar, el juez determin\u00f3 que no se evidenci\u00f3 vulneraci\u00f3n al buen nombre, honra o presunci\u00f3n de inocencia<\/strong>, ya que las publicaciones no conten\u00edan insultos, expresiones vejatorias ni afirmaciones de responsabilidad penal. El an\u00e1lisis fue contundente: no se prob\u00f3 un da\u00f1o moral tangible ni un ataque desproporcionado que ameritara protecci\u00f3n inmediata.<\/p>\n Otro punto clave del fallo fue la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad<\/strong>. El accionante no solicit\u00f3 rectificaci\u00f3n previa al medio, paso obligatorio antes de acudir a la tutela en casos relacionados con informaci\u00f3n period\u00edstica. Para el despacho, este hecho por s\u00ed solo debilita la acci\u00f3n y reafirma el car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo.<\/p>\n Finalmente, el juzgado record\u00f3 que existen otros mecanismos judiciales id\u00f3neos<\/strong>, como las acciones penales por injuria o calumnia o los mecanismos de conciliaci\u00f3n, lo que refuerza la improcedencia de la tutela como v\u00eda principal.<\/p>\n En s\u00edntesis, el fallo no solo desestima la acci\u00f3n, sino que deja un mensaje claro: Denuncia penal: de la controversia digital a la responsabilidad judicial<\/strong><\/span><\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del fallo de tutela, el caso escal\u00f3 a un escenario a\u00fan m\u00e1s delicado: el penal. Interpusimos una denuncia formal ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por los delitos de injuria y calumnia agravadas<\/strong>, argumentando que las afirmaciones del influencer no se limitaron a la cr\u00edtica, sino que constituyeron imputaciones falsas y deshonrosas.<\/p>\n El eje central de la denuncia es claro: la afirmaci\u00f3n de que \u201cno existen, ni existieron denuncias formales\u201d.\u00a0 Esta declaraci\u00f3n no es una opini\u00f3n, sino un hecho verificable que resulta falso, pues existen radicados oficiales ante la Fiscal\u00eda, la Contralor\u00eda y el Colegio Colombiano de Psic\u00f3logos. En ese sentido, se configura un posible caso de calumnia al atribuirle al medio la fabricaci\u00f3n de informaci\u00f3n inexistente.<\/p>\n A esto se suman expresiones como \u201cnarrativa fabricada\u201d, \u201cservil al poder pol\u00edtico\u201d o \u201cherramienta de presi\u00f3n\u201d, que afectan directamente la honra y el buen nombre del medio y nuestro director, encuadrando en el delito de injuria.<\/p>\n El componente agravante radica en la forma en que se difundieron estas afirmaciones. No se trat\u00f3 de una conversaci\u00f3n privada, sino de publicaciones en redes sociales con miles de seguidores, lo que amplific\u00f3 el impacto y el da\u00f1o reputacional en la audiencia regional.<\/p>\n La denuncia tambi\u00e9n plantea un elemento clave: la intencionalidad. Las publicaciones no fueron espont\u00e1neas, sino elaboradas y difundidas estrat\u00e9gicamente, lo que evidenciar\u00eda un actuar consciente orientado a desacreditar el ejercicio period\u00edstico de P\u00e1gina 10.<\/p>\n En este escenario, el debate deja de ser \u00fanicamente medi\u00e1tico y entra en el terreno de la justicia. La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 ahora la tarea de determinar si las afirmaciones difundidas en redes sociales cruzaron la l\u00ednea que separa la libertad de expresi\u00f3n de la responsabilidad penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En medio de una controversia que trascendi\u00f3 de las redes sociales a los escenarios judiciales, alcanzamos un resultado determinante: la justicia nos dio la raz\u00f3n frente a los se\u00f1alamientos del influencer conocido como \u201cMenteley\u201d, confirmando que nuestras publicaciones est\u00e1n respaldadas por evidencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica verificable. 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el periodismo sustentado en hechos verificables, sin afirmaciones de culpabilidad y dentro del marco constitucional, no puede ser censurado a trav\u00e9s de la tutela<\/strong>.<\/p>\n