{"id":70879215980,"date":"2026-08-02T18:37:35","date_gmt":"2026-08-02T23:37:35","guid":{"rendered":"https:\/\/pagina10.com\/web\/?p=70879215980"},"modified":"2026-08-02T18:41:35","modified_gmt":"2026-08-02T23:41:35","slug":"el-fin-de-los-procesos-de-paz-en-narino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pagina10.com\/web\/el-fin-de-los-procesos-de-paz-en-narino\/","title":{"rendered":"El fin de los procesos de paz en Nari\u00f1o"},"content":{"rendered":"

Durante d\u00e9cadas, Nari\u00f1o construy\u00f3 una cultura pol\u00edtica que hizo del di\u00e1logo uno de los principales mecanismos para enfrentar el conflicto armado. Mientras otras regiones privilegiaban exclusivamente la respuesta militar, en el departamento surgieron liderazgos, escenarios e iniciativas orientadas a comprender las causas de la violencia y explorar soluciones pol\u00edticas.<\/p>\n

Figuras como Parmenio Cu\u00e9llar, exgobernador de Nari\u00f1o, impulsaron una visi\u00f3n seg\u00fan la cual las decisiones de Estado deb\u00edan construirse desde los territorios. Especialmente frente la fumigaci\u00f3n de los cultivos il\u00edcitos, lo cual llev\u00f3 a la creaci\u00f3n del grupo de los gobernadores de Sur, en pro de una apuesta alternativa al Plan Colombia. \u00a0Posteriormente aparecieron agendas regionales de paz, laboratorios, espacios de concertaci\u00f3n y procesos de di\u00e1logo que convirtieron a Nari\u00f1o en un referente nacional de construcci\u00f3n territorial de paz.<\/p>\n

Sin embargo, ese paradigma parece haber llegado a su mayor punto de agotamiento.<\/p>\n

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 modific\u00f3 profundamente la naturaleza del conflicto. A\u00f1os despu\u00e9s, la denominada Paz Total, impulsada mediante la Ley 2272 de 2022, busc\u00f3 ampliar la posibilidad de negociar con diferentes organizaciones armadas. No obstante, la implementaci\u00f3n encontr\u00f3 enormes dificultades jur\u00eddicas, institucionales y operativas que terminaron debilitando la credibilidad del modelo.<\/p>\n

Antes de entrar al an\u00e1lisis, conviene recordar una reflexi\u00f3n que hice en 2024 en la columna “La paz de Nari\u00f1o no es la paz de Colombia”<\/strong><\/a>, en la que se\u00f1al\u00e9:<\/p>\n

\n

“Si todo sale bien, uno de los principales logros del presidente al terminar su gobierno ser\u00e1 probablemente la paz construida en el departamento de Nari\u00f1o. Sin embargo, el resto del pa\u00eds seguir\u00e1 siendo inestable ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los l\u00edderes nacionales del ELN y del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.”<\/p>\n<\/blockquote>\n

Lamentablemente, esa hip\u00f3tesis parece haberse confirmado. Se evidenci\u00f3 una clara dicotom\u00eda entre la realidad nacional y la territorial: mientras la pol\u00edtica de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro termin\u00f3 perdiendo legitimidad y capacidad de implementaci\u00f3n en el \u00e1mbito nacional, en Nari\u00f1o s\u00ed se registraron avances verificables en materia de reducci\u00f3n de la violencia y construcci\u00f3n de escenarios de di\u00e1logo, especialmente si se compara con departamentos vecinos como el Cauca, donde la fractura de la autoridad estatal alcanz\u00f3 niveles cr\u00edticos, al punto de impedir que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, realizara all\u00ed su acto de posesi\u00f3n.<\/p>\n

En ese contexto, es justo reconocer la posici\u00f3n firme y constante del gobernador Luis Alfonso Escobar en la promoci\u00f3n de una estrategia de paz territorial. No obstante, mi principal preocupaci\u00f3n radica en la delgada l\u00ednea que puede separar la paz territorial de la gobernanza criminal. Ambos escenarios pueden reflejar indicadores similares \u2014disminuci\u00f3n de homicidios, secuestros o atentados\u2014, pero responden a realidades profundamente distintas: en uno, la reducci\u00f3n de la violencia es consecuencia del ejercicio leg\u00edtimo de la autoridad por parte del Estado; en el otro, obedece al control impuesto por actores armados ilegales sobre la poblaci\u00f3n y el territorio. Aunque en Nari\u00f1o, al parecer, no se present\u00f3 el fen\u00f3meno de los llamados “congelados”<\/strong>, s\u00ed es evidente que en amplias zonas el Estado contin\u00faa sin ejercer una presencia efectiva. Esa realidad pone en riesgo cualquier proceso de di\u00e1logo que carezca de control operacional, de una arquitectura jur\u00eddica s\u00f3lida y del respaldo pol\u00edtico e institucional del Gobierno nacional.<\/p>\n

La experiencia reciente deja importantes lecciones sobre la pol\u00edtica de Paz Total. En sus obras El fracaso de la Paz Total<\/em> y Colombia despu\u00e9s de Petro<\/em>, Eduardo Pizarro y Hernando G\u00f3mez, respectivamente, identifican varias de las principales debilidades de esta estrategia: la ausencia de criterios objetivos para seleccionar a los interlocutores v\u00e1lidos; los vac\u00edos jur\u00eddicos frente a los mecanismos de sometimiento a la justicia; las deficiencias en los sistemas de verificaci\u00f3n y monitoreo; la improvisaci\u00f3n en la implementaci\u00f3n de los ceses al fuego; la d\u00e9bil coordinaci\u00f3n entre las entidades responsables; y la escasa participaci\u00f3n de las v\u00edctimas y de la sociedad civil en las etapas iniciales del proceso. Estos factores, entre otros, terminaron afectando la credibilidad, la coherencia y la efectividad de una pol\u00edtica que aspiraba a convertirse en el principal legado del gobierno de Gustavo Petro.<\/p>\n

A ello se suma la ausencia de una arquitectura jur\u00eddica suficientemente robusta que brindara seguridad tanto al Estado como a quienes eventualmente decidieran abandonar las armas. M\u00e1s all\u00e1 de las responsabilidades pol\u00edticas, el balance obliga a reconocer que la implementaci\u00f3n no produjo los resultados esperados. Ello no significa renunciar al objetivo de proteger la vida. Por el contrario. La protecci\u00f3n de la vida debe convertirse en el punto de encuentro de cualquier proyecto pol\u00edtico, independientemente de su orientaci\u00f3n ideol\u00f3gica. No se trata de escoger entre paz o seguridad como si fueran conceptos incompatibles, sino de construir una seguridad basada en los derechos humanos, con presencia efectiva del Estado, instituciones s\u00f3lidas y control leg\u00edtimo del territorio.<\/p>\n

A ello se suma el cambio pol\u00edtico que vive el pa\u00eds. La llegada del presidente Abelardo representa una visi\u00f3n radicalmente distinta sobre la seguridad y el tratamiento de los grupos armados ilegales. Si durante los \u00faltimos a\u00f1os la prioridad fue la negociaci\u00f3n, el nuevo escenario apunta hacia el fortalecimiento de la autoridad estatal, el monopolio de las armas y el sometimiento a la justicia.<\/p>\n

En consecuencia, resulta leg\u00edtimo preguntarse si a\u00fan existe sustento pol\u00edtico, jur\u00eddico e incluso conceptual para continuar promoviendo nuevos procesos de paz con organizaciones cuya motivaci\u00f3n principal parece estar cada vez m\u00e1s asociada a econom\u00edas ilegales que a proyectos ideol\u00f3gicos.<\/p>\n

El conflicto colombiano tambi\u00e9n cambi\u00f3. La confrontaci\u00f3n que durante d\u00e9cadas estuvo explicada por discursos revolucionarios hoy se encuentra estrechamente vinculada al control de rentas provenientes del narcotr\u00e1fico, la miner\u00eda ilegal, la extorsi\u00f3n, el contrabando y, en muchos casos, la captura de recursos p\u00fablicos mediante corrupci\u00f3n e infiltraci\u00f3n institucional.<\/p>\n

La guerra dej\u00f3 de ser predominantemente pol\u00edtica-ideol\u00f3gica para convertirse, en buena medida, en una disputa econ\u00f3mica por el control del territorio. Este cambio obliga a revisar muchas de las categor\u00edas tradicionales con las cuales se interpret\u00f3 el conflicto armado colombiano.<\/p>\n

Durante a\u00f1os se sostuvo que la pobreza y la exclusi\u00f3n constitu\u00edan las principales causas objetivas de la violencia. Sin desconocer que las condiciones sociales pueden facilitar el reclutamiento o aumentar la vulnerabilidad de algunas comunidades, reducir el origen del conflicto \u00fanicamente a la pobreza resulta insuficiente. Si la pobreza explicara por s\u00ed sola la existencia de guerrillas, numerosos pa\u00edses con niveles similares o incluso superiores de pobreza tendr\u00edan organizaciones armadas de naturaleza semejante. La realidad internacional demuestra que ello no ocurre necesariamente.<\/p>\n

Adem\u00e1s, ning\u00fan destino de una persona pobre debe ser la violencia. Las sociedades tambi\u00e9n cambiaron. Hoy existen mayores posibilidades de movilidad territorial, acceso a informaci\u00f3n, migraci\u00f3n hacia centros urbanos y alternativas econ\u00f3micas que hace cincuenta a\u00f1os simplemente no exist\u00edan. La pobreza puede ser un factor de vulnerabilidad, pero no constituye una justificaci\u00f3n para la violencia pol\u00edtica.<\/p>\n

En Nari\u00f1o, adem\u00e1s, el desaf\u00edo institucional adquiere caracter\u00edsticas particulares. La mayor\u00eda de municipios pertenece a la sexta categor\u00eda, cuentan con reducida capacidad administrativa y, en numerosos casos, enfrentan graves problemas de captura institucional por parte de organizaciones ilegales.<\/p>\n

Ello plantea una discusi\u00f3n que el pa\u00eds a\u00fan no ha querido dar: si el municipio, concebido constitucionalmente como n\u00facleo fundamental de la organizaci\u00f3n territorial, contin\u00faa siendo suficiente para garantizar la presencia efectiva del Estado en regiones donde los grupos armados ejercen control social, econ\u00f3mico e incluso pol\u00edtico. M\u00e1s que una simple ausencia estatal, algunos territorios experimentan una disputa permanente por la legitimidad y el ejercicio de la autoridad.<\/p>\n

El monopolio del uso leg\u00edtimo de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. Ninguna organizaci\u00f3n ilegal puede compartir esa funci\u00f3n sin poner en riesgo el propio Estado de derecho.<\/p>\n

En consecuencia, Nari\u00f1o necesita abrir una nueva discusi\u00f3n. No sobre c\u00f3mo justificar nuevamente la violencia, sino sobre c\u00f3mo recuperar la institucionalidad en territorios donde confluyen tres variables que hist\u00f3ricamente han limitado el desarrollo: corrupci\u00f3n, debilidad institucional y violencia. Precisamente esas tres variables fueron identificadas en mi investigaci\u00f3n de maestr\u00eda sobre Tumaco<\/a> como los principales factores que explican las dificultades estructurales para consolidar procesos sostenibles de desarrollo territorial.<\/p>\n

Mientras estas condiciones permanezcan intactas, cualquier estrategia de desarrollo tendr\u00e1 resultados limitados. Quiz\u00e1 el mayor desaf\u00edo para los pr\u00f3ximos a\u00f1os consista en superar la falsa dicotom\u00eda entre paz y seguridad.<\/p>\n

La paz sin autoridad estatal termina siendo fr\u00e1gil. La seguridad sin legitimidad democr\u00e1tica resulta insostenible. Nari\u00f1o necesita construir un modelo propio de seguridad territorial con enfoque de derechos humanos, presencia institucional efectiva, fortalecimiento administrativo de los gobiernos locales, lucha frontal contra las econom\u00edas ilegales y una pol\u00edtica p\u00fablica que recupere la confianza ciudadana sin caer en la justificaci\u00f3n pol\u00edtica de la violencia.<\/p>\n

El ciclo hist\u00f3rico de los procesos de paz, tal como fueron concebidos durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, parece estar llegando a su fin. El reto consiste ahora en construir un nuevo paradigma que permita garantizar la seguridad, fortalecer el Estado y proteger la vida como el valor superior de la democracia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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