Por Tirso Benavides Benavides<\/p>\n
El Estado no tiene por qu\u00e9 meterse en la cama de nadie. El problema comienza cuando alguien pone la chequera del Estado sobre la mesa de noche.<\/p>\n
Esa es la diferencia que algunos defensores de Gustavo Petro pretenden borrar entre risas, memes y alardes de una supuesta super potencia sexual del expresidente. El asunto no consiste en saber con qui\u00e9n se acost\u00f3, cu\u00e1ntas veces lo hizo o cu\u00e1les eran sus preferencias. Petro puede relacionarse con cualquier persona adulta que libremente consienta: mujer, hombre, persona trans o marciano con c\u00e9dula colombiana. Eso pertenece a su intimidad y deber\u00eda permanecer all\u00ed. Pero si una relaci\u00f3n sexual estuvo acompa\u00f1ada por contratos estatales, recomendaciones presidenciales, presiones sobre funcionarios o favores pagados con recursos p\u00fablicos, dejamos de hablar de s\u00e1banas y comenzamos a hablar de poder.<\/p>\n
Deicy Jim\u00e9nez sostiene que mantuvo una relaci\u00f3n con Petro y que obtuvo contratos estatales como contraprestaci\u00f3n. Los registros p\u00fablicos muestran que s\u00ed celebr\u00f3 varios contratos con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. Tambi\u00e9n apareci\u00f3 un video que corroborar\u00eda la existencia de la relaci\u00f3n y se conoci\u00f3 un chat en el que, presuntamente, Petro habr\u00eda enviado su hoja de vida y pedido que la mantuvieran contratada. La Procuradur\u00eda abri\u00f3 una indagaci\u00f3n y la Fiscal\u00eda adelanta actuaciones para establecer qu\u00e9 ocurri\u00f3.<\/p>\n
Hay, entonces, elementos que merecen una investigaci\u00f3n seria. Pero cada uno prueba algo diferente. El video, si es aut\u00e9ntico, puede acreditar una relaci\u00f3n \u00edntima. Los contratos demuestran una vinculaci\u00f3n con el Estado. El chat, una vez verificadas su autenticidad y su contexto, podr\u00eda evidenciar una intervenci\u00f3n del expresidente. Lo que todav\u00eda debe establecerse es si entre la cama y el contrato existi\u00f3 el intercambio denunciado.<\/p>\n
Un indicio no es una sentencia, aunque tampoco es un invento por el simple hecho de incomodar al petrismo. El exmandatario ha negado haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales y su defensa insiste, con raz\u00f3n jur\u00eddica, en que un video \u00edntimo no demuestra corrupci\u00f3n. Ese contraargumento debe reconocerse: quien acusa tiene la obligaci\u00f3n de probar el abuso de poder, no solamente la existencia de un romance.<\/p>\n
Otra cosa son las acusaciones sobre el consumo de sustancias alucin\u00f3genas. Jim\u00e9nez asegura que el expresidente consum\u00eda drogas, que le encargaba conseguirlas y que en ocasiones intervino p\u00fablicamente bajo sus efectos. Son afirmaciones graves, pero siguen siendo afirmaciones pendientes de corroboraci\u00f3n.<\/p>\n
La incoherencia, el tono de voz, las actitudes y los disparates de Petro en sus intervenciones fueron evidentes, sin embargo un discurso confuso no es un examen toxicol\u00f3gico. Atribuirle a la coca\u00edna cada divagaci\u00f3n de Petro podr\u00eda resultar hasta generoso: lo eximir\u00eda de asumir la responsabilidad por sus propias ideas. Si consumi\u00f3 sustancias en su vida privada, estaremos ante un asunto personal. Si lo hizo mientras ejerc\u00eda la Presidencia, afectando su capacidad para gobernar, o si utiliz\u00f3 a otras personas y recursos p\u00fablicos para obtenerlas, el asunto adquiere evidente relevancia institucional. La frontera vuelve a ser la misma, no interesa el vicio privado, sino el posible abuso del poder.<\/p>\n
La Corte Constitucional ha sostenido que los personajes p\u00fablicos deben soportar un mayor escrutinio, pero eso no significa que pierdan completamente su derecho a la intimidad. La vida sexual contin\u00faa protegida, salvo cuando alg\u00fan aspecto de ella guarde relaci\u00f3n directa con las funciones p\u00fablicas, el cumplimiento de deberes legales o el manejo de recursos estatales.<\/p>\n
Por eso tambi\u00e9n resulta preocupante la publicaci\u00f3n de material \u00edntimo. Investigar un posible hecho de corrupci\u00f3n no exige convertir la sexualidad de nadie en espect\u00e1culo. Se puede seguir la ruta de los contratos, revisar las \u00f3rdenes impartidas, escuchar a los funcionarios y practicar peritajes sin organizar una funci\u00f3n de cine para satisfacer el morbo nacional.<\/p>\n
Parte del petrismo, sin embargo, respondi\u00f3 como suelen responder los fan\u00e1ticos cuando tocan a su caudillo: cambi\u00f3 de tema. El debate sobre una posible utilizaci\u00f3n del poder para conseguir favores sexuales termin\u00f3 convertido en bromas sobre la virilidad del expresidente y en etiquetas como #LaDerechaNoCulea. Es una defensa bastante pobre, el pretender que todo se reduce a la envidia sexual de los opositores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n qued\u00f3 al descubierto un feminismo intermitente, de esos que funcionan perfectamente mientras el se\u00f1alado pertenece al partido contrario. Cuando la denuncia apunta hacia el l\u00edder propio, algunas voces descubren de repente la presunci\u00f3n de inocencia, la intimidad y hasta el sentido del humor. Ser\u00eda injusto, no obstante, meter a todas en el mismo costal. Mujeres del Pacto Hist\u00f3rico, dirigentes progresistas e incluso las hijas de Petro han pedido que las denuncias sean investigadas con seriedad, sin misoginia y sin convertirlas en instrumento electoral. La cr\u00edtica debe dirigirse contra el sectarismo, no contra quienes han sido coherentes. Un feminismo que cambia de principios seg\u00fan el carn\u00e9 pol\u00edtico del acusado deja de ser feminismo y se convierte en accesorio de campa\u00f1a.<\/p>\n
En medio del esc\u00e1ndalo apareci\u00f3 la posibilidad de adelantar contra Petro un proceso por indignidad por mala conducta. La figura existe. La C\u00e1mara de Representantes puede acusar a un presidente o expresidente ante el Senado por hechos cometidos durante el ejercicio del cargo. Si prospera la acusaci\u00f3n, el Senado puede imponer la destituci\u00f3n \u2014si todav\u00eda ocupa el puesto\u2014 o la privaci\u00f3n temporal o absoluta de los derechos pol\u00edticos. Si los hechos constituyen delitos, el juzgamiento penal corresponde a la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
En otras palabras, la llamada muerte pol\u00edtica es una consecuencia posible, no autom\u00e1tica. No basta una rueda de prensa, un video, un contrato ni la indignaci\u00f3n de las redes. Se necesita una investigaci\u00f3n, una acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara, un juicio ante el Senado, derecho de defensa y una decisi\u00f3n motivada.<\/p>\n
En Colombia ya existe un antecedente. En 1959 el Senado declar\u00f3 al general Gustavo Rojas Pinilla indigno por mala conducta y le impuso la p\u00e9rdida permanente de sus derechos pol\u00edticos. Pero la historia no termin\u00f3 all\u00ed. A\u00f1os despu\u00e9s, decisiones judiciales le restituyeron esos derechos y la Corte Suprema confirm\u00f3 su rehabilitaci\u00f3n. Rojas pudo regresar a la pol\u00edtica, encabezar la Anapo y disputar las controvertidas elecciones presidenciales de 1970.<\/p>\n
El caso demuestra que los juicios pol\u00edticos pueden servir para exigir responsabilidad, pero tambi\u00e9n pueden contaminarse con las necesidades del poder. La sanci\u00f3n contra Rojas fue promovida en los primeros a\u00f1os del Frente Nacional, precisamente cuando liberales y conservadores se hab\u00edan repartido el Estado y necesitaban neutralizar a quien pod\u00eda alterar el matrimonio burocr\u00e1tico.<\/p>\n
Abdal\u00e1 Bucaram constituye otro ejemplo frecuentemente citado, aunque no fue declarado indigno. En 1997 el Congreso ecuatoriano lo separ\u00f3 de la Presidencia por una supuesta incapacidad mental para gobernar, sin que mediara un dictamen m\u00e9dico concluyente. Fue una salida pol\u00edtica vestida con bata de psiquiatra. En Per\u00fa, Mart\u00edn Vizcarra fue destituido en 2020 por incapacidad moral permanente, una f\u00f3rmula tan amplia que puede abarcar desde graves actos de corrupci\u00f3n hasta el pecado de no contar con suficientes amigos en el Congreso. En Brasil, Dilma Rousseff fue sometida a un juicio pol\u00edtico y removida de la Presidencia en 2016, aunque el Senado decidi\u00f3 en una votaci\u00f3n separada conservarle sus derechos pol\u00edticos. Fernando Lugo, en Paraguay, tambi\u00e9n fue apartado mediante un proceso de una rapidez que apenas le permiti\u00f3 entender de qu\u00e9 lo estaban acusando.<\/p>\n
No son precedentes jur\u00eddicos aplicables autom\u00e1ticamente a Colombia, pero s\u00ed advertencias hist\u00f3ricas. Estos mecanismos pueden funcionar como v\u00e1lvulas constitucionales frente a un gobernante que traiciona sus deberes o como garrotes parlamentarios utilizados para resolver por atajo lo que no se pudo ganar en las urnas.<\/p>\n
Por eso el proceso contra Petro, si avanza, debe ser tan serio como las acusaciones. Ni absoluci\u00f3n anticipada por gratitud ideol\u00f3gica ni condena sumaria por antipat\u00eda pol\u00edtica.<\/p>\n
La izquierda colombiana deber\u00eda entender, y eso es algo urgente y necesario, que no est\u00e1 obligada a hundirse abrazada a Petro. Ning\u00fan proyecto pol\u00edtico puede depender de la inocencia perpetua de un solo hombre. Defender programas sociales, derechos humanos o reformas progresistas no exige justificar contratos dudosos, silencios convenientes ni eventuales abusos de poder. Un movimiento pol\u00edtico que no sabe separarse de su caudillo deja de ser un movimiento y termina convertido en club de admiradores.<\/p>\n
Abelardo de la Espriella, mientras tanto, deber\u00eda enviarle una ancheta a Petro cada diciembre. Su victoria presidencial, por apenas 251.854 votos, fue impulsada en buena medida por el rechazo acumulado contra el gobierno anterior. Sin el desgaste, los errores y los esc\u00e1ndalos del petrismo, el personaje del chaleco, el tigre y la escenograf\u00eda de cart\u00f3n quiz\u00e1 habr\u00eda seguido siendo un fen\u00f3meno de redes y no el presidente de Colombia.<\/p>\n
S\u00e9 que por escribir esto llegar\u00e1n los insultos. Nunca faltan cuando se toca a un \u00eddolo de papel. Unos dir\u00e1n que se trata de una conspiraci\u00f3n de la derecha; otros pedir\u00e1n c\u00e1rcel antes de que termine la investigaci\u00f3n. Ambos extremos comparten la misma pereza y debilidad mental: reemplazan las pruebas por la fe.<\/p>\n
Petro tiene derecho a la intimidad, a la defensa y a la presunci\u00f3n de inocencia. Pero los colombianos tenemos derecho a saber si el poder presidencial fue utilizado para favorecer a una pareja, conseguir silencios o repartir contratos. Esos derechos no se excluyen.<\/p>\n
El Estado no debe mirar debajo de las s\u00e1banas, pero s\u00ed revisar cada firma puesta al pie de un contrato. Porque la indignidad no est\u00e1 en la cama. Estar\u00eda, si se prueba, en haber metido al Estado en ella.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Tirso Benavides Benavides El Estado no tiene por qu\u00e9 meterse en la cama de nadie. El problema comienza cuando alguien pone la chequera del Estado sobre la mesa de noche. Esa es la diferencia que algunos defensores de Gustavo Petro pretenden borrar entre risas, memes y alardes de una supuesta super potencia sexual del […]<\/p>\n","protected":false},"author":82,"featured_media":70879214462,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-70879217197","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"yoast_head":"\n