La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe para la duodécima Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, un documento en el que advierte que, tras las elecciones al Congreso del 8 de marzo, el país enfrenta retos serios en materia de confianza institucional, control de la desinformación, neutralidad estatal, transparencia en la financiación política y garantías para una participación democrática en condiciones de equidad.
Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de los resultados del preconteo y su comparación con el escrutinio. Según la MOE, en las elecciones al Senado de 2026 la diferencia entre ambos procesos fue de 37.516 votos, equivalente a una variación de apenas 0,20 %, muy por debajo del 5,49 % registrado en 2022. Para la organización, este margen reducido muestra un alto nivel de consistencia entre el preconteo y los datos oficiales, lo que contribuye a desmontar narrativas que intentan presentar las diferencias normales del proceso como prueba automática de fraude.
La MOE también concluye que el comportamiento de las mesas con cero votos por organización política en 2026 no muestra patrones atípicos. Por el contrario, señala que existe una relación consistente entre el volumen de votación y el porcentaje de mesas sin registros: a mayor votación, menor número de mesas en cero; a menor votación, mayor concentración territorial del apoyo. El informe subraya que esta lógica sí contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando se detectaron comportamientos anómalos que luego fueron corregidos en escrutinio.
Pero el documento va más allá de los números. La MOE lanza una advertencia fuerte sobre la persistencia de narrativas desinformativas y discursos de odio en el actual proceso electoral. Señala que no solo circulan desde cuentas anónimas o redes de propaganda, sino también desde actores con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de que dudas técnicas o controversias jurídicas sean presentadas como hechos consumados. Esa práctica, sostiene la organización, deteriora la confianza ciudadana, amplifica la polarización y debilita la capacidad institucional para explicar con claridad qué es preconteo, qué es escrutinio y cómo se tramitan las reclamaciones.
En esa misma línea, el informe llama la atención sobre la indebida intervención en política por parte de funcionarios públicos. La MOE advierte que, en medio de la transición entre la elección legislativa y el inicio de la campaña presidencial, las declaraciones de altos funcionarios sobre candidaturas, partidos, resultados o supuestos riesgos de fraude pueden afectar la percepción de integridad del proceso. Aunque aclara que no toda declaración configura una falta, insiste en que quienes ocupan cargos públicos deben observar un estándar reforzado de prudencia, verificabilidad y responsabilidad institucional.
Otro de los hallazgos sensibles está en la financiación política. A corte del 13 de marzo, el 84,64 % de las candidaturas que resultarían electas al Congreso ya había iniciado el registro de ingresos o gastos en Cuentas Claras, pero aún había 41 candidaturas, es decir el 15,36 %, sin ningún reporte. En Senado, el cumplimiento alcanza el 96 %, mientras que en Cámara baja al 78,88 %. La situación más preocupante se presenta en algunas circunscripciones especiales, donde incluso hay casos de 0 % de reporte. La MOE advierte además fallas técnicas en el módulo de consulta pública del aplicativo, así como discrepancias entre las bases de candidaturas de la Registraduría y Cuentas Claras.
En cuanto a propaganda digital para la campaña presidencial, la organización identificó más de 2.716 millones de pesos en anuncios pautados en Facebook e Instagram por 14 precandidatos entre enero de 2025 y marzo de 2026. También reportó cerca de 1.090 anuncios en el ecosistema de Google. Sin embargo, aclara que ese monitoreo no incluye otras plataformas como X o TikTok, por lo que el universo real de inversión digital puede ser mayor.
El informe incluye además un balance preocupante sobre la representación de las mujeres en el nuevo Congreso. De acuerdo con los datos del preconteo, fueron elegidas 50 mujeres a la Cámara y 32 al Senado, para una representación total de 28,98 %, lo que implica una disminución frente a 2022. Mientras el Senado muestra un leve aumento, la Cámara registra un retroceso, lo que para la MOE evidencia un estancamiento en el avance hacia una representación política paritaria.
En el capítulo dedicado a la jornada electoral, la MOE recoge reportes de su observación en terreno y de la plataforma Pilas con el Voto. Allí señala que se recibieron 564 reportes ciudadanos desde 151 municipios de 22 departamentos y Bogotá, además de 10 desde el exterior. Nariño aparece entre los departamentos con mayor número de reportes, con 31 casos, detrás de Bogotá, Tolima, Bolívar y Antioquia. La mayor parte de estos reportes estuvo relacionada con irregularidades en los procedimientos de jurados, problemas de publicidad y medios de comunicación, y posibles afectaciones a la libertad del voto.
El documento también revela hallazgos sobre accesibilidad y enfoque diferencial. Entre ellos, dificultades en procesos de verificación biométrica para personas trans, barreras físicas para personas con discapacidad y falta de espacios visibles para presentar quejas por discriminación en varios puestos observados. A esto se suman problemas con el ingreso de testigos electorales acreditados digitalmente y episodios de orden público que afectaron temporalmente aperturas, escrutinios y movilidad en algunos territorios.
En el cierre del informe, la MOE insiste en que las observaciones técnicas, las dudas jurídicas y las denuncias deben tramitarse por los canales institucionales y no convertirse en combustible para una narrativa de fraude sin sustento. El mensaje de fondo es claro: la transparencia electoral no depende solo de las autoridades, sino también de la responsabilidad de quienes intervienen en el debate público.
