El Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano (GAIDEPAC) enviaron una misiva al gobierno de Colombia, al Presidente Juan Manuel Santos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a los equipos negociadores, y a la sociedad civil en general con respecto al proceso de paz en curso.
Página10.com considera fundamental reproducir el texto de la comunicación enviada con el fin contribuir en la construcción de paz y terminación del conflicto en el territorio colombiano:
Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber, y nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad. Les escribimos para comunicarles nuestra preocupación, y para hacer un llamado a que todas las partes en el proceso de negociación por la paz incorporen la visión del Pacífico, y de los territorios y personas afrodescendientes de manera explícita y constructiva.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para el Territorio Región del Pacífico y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos de especial trascendencia: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 con la expedición de la Ley 70 de 1993; y el surgimiento de una conciencia sobre el valor de la región Pacífica en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta. Se destacan también las políticas de conservación de la biodiversidad y de desarrollo sostenible, y la participación crucial de las organizaciones étnico-territoriales de la región en la formulación e implementación de estas políticas.
Tristemente, la situación ha sido muy distinta durante la última década, que ha visto un marcado incremento del ritmo de destrucción del bosque húmedo tropical y de la vulneración de los derechos de los afrodescendientes en todo el país. Entre los problemas más importantes asociados con estos procesos están:
• el aumento de concesiones mineras en territorios étnicos –sin consulta y consentimiento previos-, y de exploración, y explotación ilegal de minas ancestrales de comunidades negras e indígenas en muchos de los territorios;
• la fumigación de territorios enteros la cual, lejos de controlar la expansión de la coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local, destruye la biodiversidad, envenena los ríos, y constituye un grave riesgo para la salud colectiva e individual en la región;
• la militarización estatal de territorios como respuesta a la presencia de grupos armados, que con frecuencia conlleva la represión y estigmatización de las organizaciones locales;
• los macro-proyectos de desarrollo, tales como la promoción de la palma aceitera y caña de azúcar para agrocombustibles, la expansión de puertos, la construcción de poliductos e hidroeléctricas, la mayoría de ellos sin la requerida consulta previa con la población afectada;
• las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres, asesinatos, y victimización de las mujeres realizadas por todos los actores armados legales e ilegales;
• la frecuente complicidad de las agencias del Estado en los abusos y destrucción ambiental perpetrados por muchos de los grupos antes mencionados.
• La invisibilización en las políticas públicas de las problemáticas y temas que atañen a los afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, incluyendo lo territorial, la representación, y la interlocución con el Gobierno entre otros.
• la fumigación de territorios enteros la cual, lejos de controlar la expansión de la coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local, destruye la biodiversidad, envenena los ríos, y constituye un grave riesgo para la salud colectiva e individual en la región;
• la militarización estatal de territorios como respuesta a la presencia de grupos armados, que con frecuencia conlleva la represión y estigmatización de las organizaciones locales;
• los macro-proyectos de desarrollo, tales como la promoción de la palma aceitera y caña de azúcar para agrocombustibles, la expansión de puertos, la construcción de poliductos e hidroeléctricas, la mayoría de ellos sin la requerida consulta previa con la población afectada;
• las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres, asesinatos, y victimización de las mujeres realizadas por todos los actores armados legales e ilegales;
• la frecuente complicidad de las agencias del Estado en los abusos y destrucción ambiental perpetrados por muchos de los grupos antes mencionados.
• La invisibilización en las políticas públicas de las problemáticas y temas que atañen a los afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, incluyendo lo territorial, la representación, y la interlocución con el Gobierno entre otros.
Como es bien sabido, estos procesos han causado desplazamiento masivo de los territorios colectivos y ancestrales, el confinamiento y utilización de la población como escudos humanos, la destrucción del sustento de la población, la pérdida de sus territorios, la desarticulación de las organizaciones locales, y la violación de tratados internacionales sobre los derechos humanos y culturales de activistas y comunidades. El efecto acumulado de estas consecuencias es de tal envergadura que, además del racismo y la discriminación racial que les acompaña, pueden ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad, ecocidio y etnocidio. Todo esto se ve agravado por la falta de atención por parte del gobierno a estos problemas y por la impunidad en la mayoría de estos hechos.
Lo anterior significa que los importantes avances logrados por muchas de las comunidades a partir de la Ley 70 están siendo desmantelados, muchas veces mediante el uso de la fuerza y medidas administrativas arbitrarias e inconsultas, en contradicción con la Constitución, la Ley 70, el Auto 005 del 2009 de la Corte Constitucional, y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en muchas aéreas del Pacífico, Caribe y el Norte del Cauca, donde se encuentran algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas.
Por estas razones, un grupo de más de quince Consejos Comunitarios y organizaciones étnico-territoriales del Pacífico Sur y Norte del Cauca emitieron el 11 de Abril del 2010 la “Declaración de Buenaventura”, cuyo comienzo reza así:
Los pueblos afrocolombianos e indígenas del territorio-región del Pacífico y sus organizaciones de base, declaramos la emergencia social de nuestras comunidades debido al ecocidio que se viene perpetrando contra nuestras selvas, ríos y manglares, empobreciendo la diversidad de la vida, contribuyendo a la extinción de muchas especies animales y vegetales, desarraigándonos de nuestros territorios ancestrales y poniendo a nuestras comunidades al borde del etnocidio.
En este contexto, la red de organizaciones conocida como Proceso de Comunidades Negras (PCN), en su documento reciente “La Paz desde la perspectiva del Proceso de Comunidades Negras” (16 de Septiembre del 2012), empieza por enfatizar la importancia de que, en el proceso de paz, se reconozca a las personas afrodescendientes “como víctimas por antonomasia de la guerra que se vive en Colombia y que tiene, en su más reciente expresión, más de media centuria. La violencia que se ha descargado sobre nuestros territorios, sobre nuestros pueblos y, desde ya, sobre nuestros descendientes, ha traído las peores consecuencias sobre nosotros las comunidades negras: nuestros territorios han sido vaciados de sus gentes y nuestros jóvenes, hombres y mujeres, han sido sacrificados como peones de la guerra; afrocolombianos desplazados deambulan miserables por las grandes ciudades y por todas las geografías de Latinoamérica y del mundo; las riquezas de nuestras tierras siguen pasando a las manos de los poderosos sin que ningún plan de resarcimiento reverse a fondo esos hechos. Tememos que el proceso de paz sin nuestra presencia y sin el reconocimiento expreso de nuestra situación de víctimas, exacerbe el saqueo sobre nuestros territorios, no detenga la diáspora, legitime el despojo y no enfrente el racismo. … La paz que se pretende en este país no puede ser una paz sin nosotros los negros, sin nosotros los afrodescendientes, los raizales, los palenqueros, los de abajo, sin nosotros que somos como la savia de la tierra”.
Por todas estas consideraciones, como académicos e intelectuales con conocimiento de estas situaciones, queremos enfatizar dos aspectos cruciales para los diálogos de paz; primero, que el proceso de paz debe incluir un enfoque étnico diferencial, es decir, debe reconocer que el efecto del conflicto armado no es igual para todas las personas, y que los grupos étnicos han sido afectados de manera particular y desproporcionada; es por tanto crucial que se diseñen metodologías que permitan incorporar todas las propuestas y demandas de las organizaciones afrocolombianas y de otros grupos étnicos. Segundo, y por consiguiente, que el proceso debe abrirse de manera genuina a cuestionar el actual modelo de desarrollo modernizante y de capitalismo destructivo, que se cierne de forma particularmente ominosa sobre las comunidades étnicas y campesinas.
Recomendamos de manera enfática que tanto los diálogos como todas las medidas y acuerdos legales y de política social que se tomen en el proceso consideren de manera explícita y seria los siguientes objetivos:
• Proteger los derechos y los territorios de comunidades afrodescendientes de todo el país en su autonomía.
• Asegurar mediante un ordenamiento territorial respetuoso de la diversidad cultural y ambiental la gobernabilidad, gobernanza y autonomía de los territorios concertando con las organizaciones Negras, Palenqueras, y Raizales y fortaleciendo las propias iniciativas de estas.
• Contribuir a la creación de una economía para la paz en los territorios afro, cambiando la visión desarrollista que se tiene de estos. La propuesta de paz no puede limitarse a las actuales visiones modernizantes del desarrollo rural, sino que deben propender por el Buen Vivir de las poblaciones y el respeto al medio ambiente.
• Hacer efectiva la restitución de tierras, con garantías de retorno, y la reparación integral de la población afro, con frecuencia la más afectada por la guerra, la violencia, y el narcotráfico. El enfrentamiento armado ha acrecentado el desbalance de poder heredado al final de la esclavización por la población afro. La reparación será integral si incorpora en una sola las reparaciones históricas, por la guerra y las afectaciones ambientales y si empodera a los afrocolombianos como principio básico para la no repetición. Además del principio de la integralidad debe responder también a los principios de proporcionalidad y de responsabilidad del Estado.
• Enfrentar de manera frontal la discriminación étnica y el racismo acendrado e histórico que viene asociado con el proyecto moderno de ‘desarrollo’ y el ‘progreso’, dentro del cual ‘los negros’ siempre serán vistos como atrasados. Es imperante que los diálogos de paz no invisibilicen el racismo, la discriminación étnica, y la exclusión histórica de estas comunidades de los beneficios sociales y económicos de la nación.
• Respetar las formas de ver el mundo y las prácticas de muchas de las comunidades afrodescendientes (e indígenas y campesinas), las cuales encarnan no solo alternativas de vida valederas para estas comunidades sino ingredientes importantes para la reconstrucción de la sociedad y los ecosistemas del país en general para una genuina etapa post-conflicto.
• Respetar y propiciar el derecho al desarrollo en el marco de las propias aspiraciones culturales, tal y como está contemplado en el Convenio 169 de la OIT y en los principios del desarrollo formulados en 1994 por las propias comunidades e impulsando, entre otros iniciativas, el Plan de Desarrollo Integral y de Largo Plazo, también formulado por las comunidades.
• Enmarcar el proceso de paz dentro de una verdadera concepción de nación intercultural y pluriétnica que se diferencie de la visión única de una nación ‘moderna’ capitalista.
• Incorporar en todas las etapas del diálogo y en todas las medidas acordadas resultantes de él, el principio de la consulta previa y el consentimiento previo, libre, e informado de los grupos étnicos para que estos no contravengan los derechos y autonomía de estas comunidades. En el contexto actual, este principio es de particular importancia en los casos de la política minera, de agrocombustibles, de tierras, del agua, y de megaproyectos en general.
• Asegurar mediante un ordenamiento territorial respetuoso de la diversidad cultural y ambiental la gobernabilidad, gobernanza y autonomía de los territorios concertando con las organizaciones Negras, Palenqueras, y Raizales y fortaleciendo las propias iniciativas de estas.
• Contribuir a la creación de una economía para la paz en los territorios afro, cambiando la visión desarrollista que se tiene de estos. La propuesta de paz no puede limitarse a las actuales visiones modernizantes del desarrollo rural, sino que deben propender por el Buen Vivir de las poblaciones y el respeto al medio ambiente.
• Hacer efectiva la restitución de tierras, con garantías de retorno, y la reparación integral de la población afro, con frecuencia la más afectada por la guerra, la violencia, y el narcotráfico. El enfrentamiento armado ha acrecentado el desbalance de poder heredado al final de la esclavización por la población afro. La reparación será integral si incorpora en una sola las reparaciones históricas, por la guerra y las afectaciones ambientales y si empodera a los afrocolombianos como principio básico para la no repetición. Además del principio de la integralidad debe responder también a los principios de proporcionalidad y de responsabilidad del Estado.
• Enfrentar de manera frontal la discriminación étnica y el racismo acendrado e histórico que viene asociado con el proyecto moderno de ‘desarrollo’ y el ‘progreso’, dentro del cual ‘los negros’ siempre serán vistos como atrasados. Es imperante que los diálogos de paz no invisibilicen el racismo, la discriminación étnica, y la exclusión histórica de estas comunidades de los beneficios sociales y económicos de la nación.
• Respetar las formas de ver el mundo y las prácticas de muchas de las comunidades afrodescendientes (e indígenas y campesinas), las cuales encarnan no solo alternativas de vida valederas para estas comunidades sino ingredientes importantes para la reconstrucción de la sociedad y los ecosistemas del país en general para una genuina etapa post-conflicto.
• Respetar y propiciar el derecho al desarrollo en el marco de las propias aspiraciones culturales, tal y como está contemplado en el Convenio 169 de la OIT y en los principios del desarrollo formulados en 1994 por las propias comunidades e impulsando, entre otros iniciativas, el Plan de Desarrollo Integral y de Largo Plazo, también formulado por las comunidades.
• Enmarcar el proceso de paz dentro de una verdadera concepción de nación intercultural y pluriétnica que se diferencie de la visión única de una nación ‘moderna’ capitalista.
• Incorporar en todas las etapas del diálogo y en todas las medidas acordadas resultantes de él, el principio de la consulta previa y el consentimiento previo, libre, e informado de los grupos étnicos para que estos no contravengan los derechos y autonomía de estas comunidades. En el contexto actual, este principio es de particular importancia en los casos de la política minera, de agrocombustibles, de tierras, del agua, y de megaproyectos en general.
Finalmente, informamos a los equipos negociadores que desde hace dos años este mismo grupo de GAIDEPAC se encuentra desarrollando una Campaña Internacional en Defensa del Pacifico y Territorios Afrodescendientes, en concierto con organizaciones de la región, la cual pone de relieve acciones en múltiples frentes:
• en lo cultural, para garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad y las prácticas culturales de las comunidades negras e indígenas;
• en lo social, para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a sus territorios;
• a nivel político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la integridad de la vida de sus líderes, y el fortalecimiento de las formas de gobierno propias de las comunidades;
• en lo ecológico, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica del Territorio Región. Esto incluye el derecho de las comunidades a un desarrollo ecológico y culturalmente apropiado y sostenible;
• en lo judicial, para asegurar el acceso a la justicia y garantizar la no impunidad, el derecho a la verdad, la reparación a estas comunidades, y la no repetición de crímenes y violaciones.
• en lo social, para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a sus territorios;
• a nivel político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la integridad de la vida de sus líderes, y el fortalecimiento de las formas de gobierno propias de las comunidades;
• en lo ecológico, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica del Territorio Región. Esto incluye el derecho de las comunidades a un desarrollo ecológico y culturalmente apropiado y sostenible;
• en lo judicial, para asegurar el acceso a la justicia y garantizar la no impunidad, el derecho a la verdad, la reparación a estas comunidades, y la no repetición de crímenes y violaciones.
Hacemos un llamado para que el Proceso de Paz se sume a esta Campaña y para que considere la creación de una estrategia especial e integral por el Territorio Región del Pacifico y áreas críticas de población afrodescendiente, capaz de detener las tendencias actuales y destructivas de la diversidad biológica y cultural, y de devolver al Territorio Región –y al país– el sentido de que otro desarrollo es posible. Insistimos en que, al igual que en los noventa, esta estrategia se diseñe con la participación de las comunidades y sus organizaciones. Esta debe ser una participación real de las comunidades de base y organizaciones más representativas, no de grupos acomodados y manipulados que solo persiguen sus propios intereses, como desafortunadamente ha sido el caso durante los últimos años. Solo de esta manera puede garantizarse el éxito de tan importante proyecto social, cultural, político y ecológico.
Dicho sucintamente, sin cambiar sustancialmente el actual concepto y modelo de desarrollo no hay paz, y ciertamente no habrá justicia con las comunidades afrocolombianas. El proceso de paz debe pensarse como una oportunidad para iniciar la transición a un modelo diferente de nación y de vida. Es imperante superar los modelos de desarrollo caducos basados en el extractivismo y el crecimiento económico como única meta. A esta conclusión están llegando los pensadores y movimientos más visionarios del mundo, dada la crisis ecológica, climática, energética, y social que el planeta enfrenta. Más aun, comenzar la transición hacia otro modelo de economía, naturaleza, y sociedad es una tarea urgente, y Colombia tiene una oportunidad histórica, con el proceso de paz, para dar los primeros pasos en la ruta hacia la transición.
No falta mencionar de que como grupo de expertos y expertas estamos en disposición de colaborar con el proceso de paz en la forma en que se considere conveniente y en la medida de nuestras posibilidades.
Para respuestas y cualquier información adicional, favor escribir a las siguientes direcciones electrónicas: Gladys Jimeno (gladysjimeno@gmail.com) y Arturo Escobar (aescobar@email.unc.edu).
Les manifestamos nuestros mejores deseos para sus importantes negociaciones.
Muy atentamente,
Por el Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC)
Kiran Asher, Depto. de Estudios Internacionales, Clark University, Worcester, USA
Teo Ballvé, Depto. de Geografía, University of California, Berkeley, USA
Michael Birenbaum Quintero, Depto. de Música, Bowdoin College, Brunswick, USA
Mario Blaser, Depto. de Estudios Aborígenes, Memorial University of Newfoundland, Canada
Marisol de la Cadena, Depto. de Antropología, University of California, Davis, USA
José Jorge de Carvalho, Profesor de Antropología de la Universidad de Brasília
Arturo Escobar, Depto. de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México
Diana Marcela Gómez, Depto. de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA
Laura Gutiéerrez, Depto. de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA
Charles Hale, Depto. de Antropología, University of Texas, Austin, USA
Juli Hazlewood, Consultora UNESCO, Quito, Ecuador
Soren Hvalkoff, Investigardor Independiente, Copenhague, Dinamarca
Joseph Jordan, Profesor de Estudios Afroamericanos, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
Agustin Laó, Depto. de Sociología, University of Massachusetts, Amherst, USA
Enrique Leff, Professor of Ecología, UNAM, México
Marta Luz Machado, Investigadora Independiente, Amsterdam
Karl Offen, Depto. de Geografía, University of Oklahoma, USA
Ulrich Oslender, Depto. de Estudios Globales & Socioculturales, Florida International University, Miami
Alejandro Parellada, IWGIA, Copenhague, Dinamarca
Tianna Paschel, Depto. de Sociología, University of Chicago, USA
Jean Rahier, Estudios Africanos & Diaspóricos, Florida International University, Miami
Joanne Rappaport, Depto. de Antropología, Georgetown University, Washington, USA
Dianne Rocheleau, Depto. de Geografía, Clark University, Worcester, USA
Cristina Rojas, Depto. de Ciencia Política, Carleton University, Ottawa, Canada
Jhon Anton Sanchez, Investigador y Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito.
Gimena Sanchez-Garzoli, oficina sobre asuntos latino americanos en Washington (WOLA)
Irene Velez-Torres, Depto.de Geografía, University of Copenhagen, Denmark
Peter Wade, Depto. de Antropología, University of Manchester, UK
Catherine Walsh, Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
En Colombia:
Jaime Arocha, Miembro Comité Científico Internacional, Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio
Oscar Almario, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Juan Ricardo Aparicio, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Patricia Botero Gómez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales
Juana Camacho, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH
María Eugenia Chaves, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Gustavo de Roux, Investigador Independiente, Cali
Gladys Jimeno, Experta en Derechos Humanos, Bogotá, Colombia
Betty Ruth Lozano, Investigadora Independiente, Cali
César Monje, Ecólogo e Investigador Independiente, Bogotá, Colombia
Eduardo Restrepo, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Manuel Rodríguez Becerra, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá
Jeannette Rojas Silva, Investigadora Independiente, Cali
Axel Rojas, Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
Amanda Romero, Facultad de Derecho, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja
Mario Diego Romero, Depto. de Historia, Universidad del Valle, Cali
Hildebrando Vélez, Ciencias Ambientales, Universidad del Valle, Cali
Fuente: http://www.facebook.com/pages/Renacientes/177149132413167?ref=ts&fref=ts
